El AIReF evaluará las políticas de la Junta «de antes y después»

Con motivo de revisar «la eficacia del gasto de la administración», la Junta de Castilla y León pedirá a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF), un organismo independiente de control fiscal creado en 2013, que evalúe las políticas activas de empleo, de becas y universidades, de promoción industrial y las transferencias de valor a medios de comunicación.

El análisis se centrará en «cosas pasadas», pero también en las políticas públicas que ponga en marcha en el Gobierno compartido de Partido Popular y de Ciudadanos. También contempla la formación de personal de la Comunidad como paso previo para la creación de la futura Agencia de Evaluación, que para Francisco Igea, «corre menos prisa».

La colaboración con la Airef, según aseguró el líder de Ciudadanos, «un organismo independiente y contrastado», se centrará ahora en la evaluación «de manera inmediata» y con carácter retroactivo de las políticas y del gasto en esas cuatro «áreas globales», como se ha realizado ya en otras comunidades autónomas, como Andalucía.

Por otro lado, la reducción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones es uno de los proyectos estrellas programados para esta legislatura por parte de la Junta de Castilla y León. Por eso, el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, no está dispuesto a que nadie menosprecie la iniciativa que ya está en marcha y que tendrá luz verde en las próximas semanas. En cuanto algo no le cuadra, Igea salta a escena para dar su punto de vista.

En esta ocasión, el PSOE regional desveló que la pérdida para las arcas regionales al suprimirse este impuesto sería de 180 millones, algo que negó por completo y que calificó de «notablemente falsa». Así, rebajó esa cifra a 38 millones de euros. «Demuestran desconocimiento o mala fe», aseguró el portavoz que cree que se ha informado de manera incorrecta a los medios de comunicación. Ahora bien, esos 38 millones aclaró que afectará principalmente a las donaciones entre familiares directos, de forma que podrán transmitir sus empresas, negocios o explotaciones a sus sucesores en un momento en el que por su edad, puedan apostar por la innovación. Y con unos cálculos de la Junta que se refieren a los efectos de la supresión del impuesto sobre datos obtenidos de 2018.

Desde el Gobierno se asegura que tienen la fórmula para poder recuperar ese dinero para las arcas regionales. La intención es que se verá compensada por una mayor recaudación por otras vías. Y puso de ejemplo, que esto frenará la fuga de empresas que se está produciendo en Castilla y León a otros territorios como la Comunidad de Madrid, a la que acusó de hacer «competencia desleal».

Igea ve en esta medida estrella del Gobierno de ‘naranjas’ y ‘populares’ una buena oportunidad para permitir que los empresarios de la comunidad dejen sus negocios a sus hijos «en una edad en la que todavía tienen ganas de innovar y de renovar» con unos 40 años sin esperar al fallecimiento del titular. También pronosticó que cuando se implemente la bonificación podrían aumentar incluso las donaciones de empresas al estar en «una situación mejor».

Hay que recordar que con esta medida se pretende favorecer la transmisión anticipada de bienes y derechos entre familiares directos, permitiendo adelantar en vida la ayuda económica a las familias como un acto de generosidad, en casos de necesidad o de financiación de actividad económica sin tener que esperar al fallecimiento.

Dinero autonómico

Todo hace indicar que la Comunidad Valenciana y Murcia recibirán a finales de octubre un adelanto de los fondos del Gobierno pendientes de transferir dada su situación de infrafinanciación. Eso es lo que parece según avanzó la ministra en funciones de Hacienda, María Jesús Montero. Algo que para el portavoz de la Junta es «una demostración más de arbitrariedad» por parte del Ejecutivo central ya que en este aspecto Castilla y León se siente agraviada, ya que reclama 440 millones de euros a la Administración General del Estado. Si se produce esta entrega, para Igea, se volverá a comprobar que «para no proceder a la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación son falsos». E insistió en que se comprueba que «el Gobierno de Pedro Sánchez ha estado tomando medidas de campaña electoral» durante los últimos meses.

También aprovechó para lamentar que la ministra de Hacienda no haya respondido a la carta enviada por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, algo que calificó de «indignante».

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que fue extensa, aprovechó también para adelantar que la Junta ya trabaja en la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2020, que debería presentar antes del 15 de octubre. Sin embargo, «son varios los escenarios», ya que todo está supeditado a la situación nacional, debido a que el Gobierno de España, que se encuentra en funciones, no ha aprobado un techo de gasto para el Estado, lo que señaló dificulta la elaboración de las cuentas en Castilla y León.

Por otro lado, la Junta ha acordado adherirse a la ‘Carta Internacional de Datos Abiertos’ para alinear los objetivos de la Comunidad con los del citado documento para tener datos abiertos por defecto «oportunos, exhaustivos, utilizables, comparables e interoperables» para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana.