En peligro 21 aulas rurales

La llave de cierre planea sobre 21 unidades educativas de Castilla y León. Son las que previsiblemente dejen de funcionar a partir de septiembre por falta de alumnos, según los datos facilitados por la Consejería de Educación. Rocío Lucas, la nueva titular del departamento, está dispuesta a mantener los criterios aplicados hasta ahora por su antecesor, Fernando Rey, garantizando la actividad en aulas donde los matriculados se cuentan con una mano y sobran dedos. Pero con los datos actuales, esa veintena de unidades no alcanzan los requisitos mínimos al quedarse con cero, uno, dos o tres niños y sin la perspectiva de futuras incorporaciones.

También podría sumarse a ese listado algunas de las 41 unidades que, a día de hoy, tienen la previsión de continuar con cuatro matriculados o con tres y la expectativa de aumentar en años posteriores. En concreto, la Junta calcula que seguirán activas once aulas con tres alumnos el próximo curso. De ellas, cuatro están en la provincia de León, dos en Ávila, Palencia y Segovia y una en Zamora. Con cuatro alumnos, si no hay cambios, se mantendrán otras 30 unidades: trece en León, seis en Zamora, cuatro en Segovia, tres en Salamanca, dos en Palencia, una en Ávila y otra en Valladolid.

Tratándose de grupos tan pequeños, ganar o perder una plaza en el último momento puede resultar decisivo para la permanencia. Por eso, el medio centenar de pueblos donde se ubican estas unidades están pendientes de los posibles movimientos que se produzcan en agosto y los primeros días de septiembre, tiempo de descuento para salvar o condenar sus escuelas. «En principio todos están en riesgo», sostiene Jesús González Carcedo, responsable autonómico de educación pública en UGT, al recordar que un cambio de domicilio de una familia puede poner en jaque el futuro de uno de estos ‘minicentros’ escolares.

La Junta no quiere dar por cerrados los datos. Hasta septiembre hay esperanza. A expensas de los últimos cambios, se limita a cifrar entre 35 y 40 las unidades que previsiblemente continuarán el próximo curso con tres o cuatro alumnos. En todo caso, las clases que no alcancen los mínimos establecidos dejarán de funcionar de forma provisional. «Si volvieran a tener alumnos se volverían a poner en funcionamiento», matizó esta semana el director general de Política Educativa, Miguel Vega. «Cuando una unidad lleva más de dos cursos sin funcionamiento se vuelve comprobar padrón y si no hay expectativas se procede al cierre o baja en registro de centros», apostilló.

El posible baile de cifras mantiene en vilo a la Confederación de Madres y Padres de Centros Rurales de Castilla y León, Confarcale. Ya han solicitado una reunión con la nueva consejera para abordar el futuro de los centros educativos. «Hay que seguir haciendo esfuerzos para el mantenimiento de la educación en el medio rural y seguir oyendo la voz de los padres y madres», apunta su presidente, Antonio González. Exige «sensibilidad» ante las situaciones concretas de los pequeños municipios en esta autonomía «extensa», de despoblación galopante y «orografía complicada».

Además de la docencia en primaria, en especial le preocupa el mantenimiento de los once centros rurales que imparten el primer ciclo de Secundaria. Confía en mantener el acuerdo alcanzado con el anterior consejero para que estos once centros continúen activos. En ellos, la cifra definitiva de matriculados aún no se conoce, a la espera de los exámenes de septiembre en la ESO.

En concreto, se trata de los ‘institutos rurales’ de El Barraco y Madrigal de las Altas Torres (Ávila), Vega de Espinareda, Toral de los Vados y Riaño (León), Cantimpalos (Segovia), Carpio y Mayorga (Valladolid) y Santibáñez de Vidriales y Tábara (Zamora).