Las Opas piden la quema de rastrojos y el uso de veneno frente a la plaga de topillos

Topillos y sequía. Estas fueron las dos patas de la mesa en torno a la que ayer se sentaron el partido socialista autonómico, las organizaciones profesionales agrarias (Opas) y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl). Su mirada no solo estaba puesta en el campo, protagonista indiscutible del encuentro; sino que también apuntaba hacia la Junta, el Ministerio y las distintas diputaciones en busca de una «coordinación eficaz» para atajar las dos problemáticas.

La advertencia sobre la primera parpadeaba desde principios de año, pero el caso ha sido omiso. Lo sigue siendo aun cuando ya se habla de plaga que, además, trae consigo un problema de salud pública. Y eso para las Opas, tal y como verbalizó el presidente de Asaja tras la reunión, solo significa una cosa: «no aprendimos nada en 2007». Para intentar remendar este segundo tropiezo con la misma piedra, los profesionales del sector defienden la quema de rastrojos y el uso de rodenticidas, todo con control, para frenar la extensión.

«Volvemos a ser el hazmerreír de España y una comunidad tercermundista por la inacción de las administraciones», lamentó el responsable regional de Asaja antes de recordarles que origen de la plaga está «en sus terrenos» caracterizados por «falta de cuidados y de limpieza». Donaciano Dujo hizo un llamamiento al Ejecutivo autonómico, al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y a los ecologistas, a quienes consideró «responsables» de la superpoblación de topillos por hacer que «las medidas de 2007 no estén operativas».

El coordinador de la alianza UPA-COAG lamentó que el Gobierno regional haya «escurrido el bulto» ante la nueva aparición de roedores y confió en la actuación de oficio de la Fiscalía. «Estamos hartos de que se movilice todo el mundo por la muerte de un pato y que nadie haga nada con 13 casos confirmados de tularemia», aseveró Aurelio González antes de subrayar que hay «otros 100 sospechosos».

Recordó que las medidas de «prevención» deben acometerse «durante el invierno» como, puntualizó, la alianza solicitó en su momento. González criticó que «lo único que tiene la Junta es un decreto que solo sirve para contar topillos».

La postura de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), que no respaldó la vía del Ministerio Fiscal, fue clara: «la lucha química contra esta plaga debe ser legal». Su responsable, Jesús Manuel González Palacín, insistió en la urgencia de tratar y limpiar las zonas de titularidad pública, que son «el mayor reservorio de topillos».

El representante de Urcacyl, Leopoldo Quevedo, reclamó «medidas inmediatas frente a parches para un día» convencido, según reflejan las agencias, de que la «dejadez» de las administraciones ha sumido a la región en este punto.

Escuchados estos argumentos y sin saber si reclamar responsabilidades «a salientes o a entrantes», el secretario regional del PSOE exigió una respuesta. «No se ha hecho nada hasta hoy. Cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser hacerle frente a la plaga», denunció Luis Tudanca para pedir «medidas apropiadas antes de que sea demasiado tarde o de que adquiera unas proporciones que hagan mas daño».

Sequía

La situación también dramática que para el campo perfila la falta de lluvias requiere, igualmente, una intervención inmediata. «Debemos empezar a pensar que no es una situación coyuntural sino estructural», planteó el socialista como introducción a su propuesta de crear un fondo de 50 millones que debería «ser estable para atajar inclemencias climatológicas» como esta. Una iniciativa que las Opas agradecieron pero consideraron «insuficiente» ante la magnitud del problema.

Dujo recordó que Castilla y León es «la región más afectada por la sequía con más de 600 millones de pérdidas». Con este panorama, urgió la conformación del Gobierno como primer paso al que deberían seguir una «vuelta» a los seguros para sean «más atractivos y útiles», anticipos de la PAC o ayudas directas para la ganadería.

Precisamente en el sector ganadero hizo hincapié González, para solicitar una «actuación urgente al sur de la Comunidad» con medidas que ayuden al «abastecimiento de agua». Asimismo, remarcó la importancia de blindar la «liquidez del sector» de cara a la próxima campaña con «nuevos préstamos y la moratoria de que los que se solicitaron en 2017».

A juicio de González Palacín, el tema de los seguros debe pasar «de ser un negocio a una garantía para los agricultores y ganaderos». Propuesta a la que sumó otras como la exención de cuotas de la Seguridad Social, una tarifa especial de riegos que «también sufren la sequía» y una línea de préstamos generalizada como la puesta en marcha hace cuatro años.