El CES pide a Europa que no computen como déficit las inversiones en zonas despobladas

«Resulta evidente que las políticas y medidas para asentar población hasta ahora aplicadas no han funcionado». Lo dice el CES es su informe anual, aprobado la semana pasada, donde reconoce que la evolución demográfica de Castilla y León presenta datos «desalentadores» por su caída en población, su envejecimiento y por la pérdida de población activa y ocupada.

Para el Consejo Económico y Social, «la solución exige un trabajo coordinado en el que la ordenación del territorio juega un papel clave». Advierte de que aunque se acometiera con prontitud «sus resultados tardarían varias generaciones en materializarse». A pesar de este diagnóstico, el informe anual reclama intervenciones multilaterales a corto plazo, políticas fiscales y financieras «que vayan más allá de declaraciones institucionales» y que hagan suyo un plan estratégico y planificado.

«Es fundamental la coordinación de la ordenación del territorio con las estrategias que aborden la actividad económica, la brecha digital, la organización logística, movilidad y servicios públicos y todas las estrategias que se han diseñado hasta ahora de forma dispersa», señala el informe anual, que propone primar la conciliación de la vida familiar y laboral y favorecer la llegada y el arraigo de población inmigrante.

El marco europeo es fundamental ante la acentuada crisis demográfica de Castilla y León. El Consejo considera necesario que la Unión Europea excluya en el cómputo del déficit y de la deuda las inversiones en zonas despobladas como Castilla y León «en tanto no se revierta su situación». Una aspiración de colectivos de la España vaciada, para la que el CES, apuesta por una estrategia operativa pluriregional financiada por los fondos estructurales en la que las administraciones «emprendan las acciones que más se adapten a sus territorios».

El Consejo urge al Gobierno de Sánchez a que presente «a la mayor brevedad posible» la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, al tiempo que considera prioritaria «que la conectividad digital sea declarada servicio público y básico para todo el desarrollo nacional».

Pretende el Consejo Económico y Social que las nuevas leyes regionales que aprueben las Cortes incluyan un informe preceptivo sobre el impacto demográfico.

Por si hiciera falta avalar con datos la sangría demográfica, el organismo que preside Germán Barrios advierte de que en el último año se ha mantenido la tendencia creciente a la concentración de la población en zonas urbanas (66,1%), al tiempo que subraya la pérdida de 10.000 personas en los 1.970 municipios menores de 2.000 habitantes.

SANIDAD . Como viene siendo habitual, el informe anual del Consejo reclama más fondos para la sanidad regional, para llegar «a los niveles de los países europeos» y afrontar el mayor envejecimiento, la generación de expectativas de crecimiento de la población, la introducción de medicamentos más eficientes y las tecnologías más avanzadas. El informe reclama «las medidas oportunas» para que «no se produzcan esperas en la obtención de consulta en atención primaria superior a las 48 horas», algo que no se cumple en múltiples centros de salud. También urge «la implantación definitiva de medidas que acorten los plazos de espera», especialmente en pruebas diagnósticas, ya que se trata de una de «las quejas más repetidas».

Considera el CES que la Junta «debe prestar especial atención a las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria relacionadas con la situación de vulnerabilidades, género y territorio, entre otros». En este sentido, reclama que continúe la extensión de las unidades satélites de radioterapia que dan cobertura a toda la Comunidad.

EDUCACIÓN. El informe anual reclama que la Junta recupere los niveles del presupuesto de 2010, que superaban los 2.101 millones, con el fin de que el gasto en educación alcance al menos el nivel nacional del 4,25% del PIB, 0,45% más que en la Comunidad.

El Consejo reclama un giro en la educación infantil. Constata que la tasa de escolarización de los menores de dos años es quince puntos inferior a la media nacional (21,2% frente a 36,4%) y la diferencia es mayor cada año. Por eso, propone convertir la etapa de 0 a 3 años en una prioridad educativa que pasaría porque la Consejería de Educación asuma esta competencia y salga de Familia. «Además, sería necesario aumentar progresivamente la oferta de plazas educativas sostenidas con fondos públicos».

Además de urgir un cambio de enfoque del aprendizaje de idiomas en las primeras etapas educativas, el CES reclama un aumento progresivo de la inversión en becas, avances hacia una igualdad real y una mayor apuesta en el uso de las TIC.

La Formación Profesional vuelve a formar parte de una de las inquietudes del CES. El informe demanda «el establecimiento de unas bases comunes para el desarrollo de la FP dual en todo el territorio nacional» con el fin de acabar con «la disparidad de criterios que existen en las diferentes comunidades autónomas», como la compensación o no de trabajo realizado por el alumno para la empresa y la existencia de o no ayudas.

Respecto a las tasas universitarias, el informe advierte de que para mantener en el tiempo la igualación de las tasas universitarias de la Comunidad a la media, «es necesario un incremento de la financiación a las universidades públicas» con el fin de que este recorte «no repercuta negativamente en sus presupuestos. En este ámbito, el CES reclama mejoras en la tasa de la actividad investigadora de los campus de Castilla y León.

APLAZAN LA PUBLICACIÓN DEL INFORME HASTA QUE HAYA GOBIERNO

El pleno del Consejo Económico y Social (CES) decidió el pasado lunes aplazar la publicación y entrega al Gobierno regional del informe anual sobre la situación de Castilla y León hasta que se celebre la investidura y la toma de posesión del nuevo Gobierno. Fue una decisión controvertida y polémica, aunque finalmente se adoptó por unanimidad. Es costumbre del CES remitir el informe a las Cortes y al Ejecutivo antes de hacerlo público. Por esa razón, y excepcionalmente, en esta ocasión ni se celebró la habitual rueda de prensa y el órgano consultivo se limitó a difundirlo a través de una nota de prensa.

Por lo tanto, será previsiblemente la próxima semana cuando se envié al Parlamento, de donde depende ahora el CES, y al Ejecutivo que salga de la investidura de mañana.

El amplio documento, que en esta ocasión fusiona conclusiones y recomendaciones se aprobó por unanimidad. La representación de la patronal Cecale intentó sin éxito llevar al pleno 33 de las 50 votos particulares, lo que provocó la protesta de los sindicatos; finalmente lo descartó tras asumir el resto de los grupos «pequeñas modificaciones» a sus propuestas iniciales. El CES, donde están presentes sindicatos, patronal y Junta, aborda anualmente un informe de recomendaciones dirigido a la Junta de Castilla y León. Salvo alguna excepción, siempre se aprobó por unanimidad