La Dependencia de la Comunidad, la mejor según la Federación empresarial Acalerte

El consejero de Empleo y Familia, Carlos Fernández Carriedo, explicó ayer que el número de personas con prestación concedida por dependencia ha crecido un 60% en los últimos cuatro años y alcanza, por primera vez, las 100.000 personas.

Lo comentó en la presentación del informe ‘Soluciones al caos de la dependencia’, dentro de una jornada organizada por la Federación empresarial castellano y leonesa de atención a la dependencia Acalerte. El objetivo de dicho informe es ofrecer una visión sobre la situación de la situación de la atención en España, y entre otras cuestiones, visibilizar las disparidades que existen en los diferentes territorios del país, a la hora de gestionar y aplicar la Ley de Dependencia.

El presidente de Acalerte, Diego Juez, aseveró que Castilla y León es «una comunidad pionera en servicios sociales». «En la actualidad hay casi 46.000 personas que están en residencias de mayores y estamos aquí para darles voz y mejorar los servicios sociales, porque si ahora estamos a la cabeza en España, con una mayor financiación, podríamos estar a la cabeza de Europa», comentó.

El informe refleja que la única subida del concierto público en los últimos 10 años se ha producido este año, con un aumento del 1,2 correspondiente a la valoración del IPC.

Juez sostuvo ayer que si «tanto el Estado como las comunidades dedicasen el 2% del PIB a la dependencia, las personas realmente tendrían cubiertos sus derechos adquiridos en el denominado cuarto pilar del estado del bienestar».

El presidente de la Federación también habló de los precios en las residencias de mayores. Las diferencias a lo largo del territorio llegan hasta el 40%. El precio medio de una plaza en España se sitúa sobre los 1.777 euros, mientras que la media en Castilla y León está entre los 1.350 y 1.450 euros.

El informe refleja que una persona mayor de 80 años en la Comunidad tiene prácticamente el triple de oportunidades de ingresar en una plaza residencial al amparo de la Ley de Dependencia, ya que el 80% de las personas en residencias se benefician de la financiación pública.

De las 280.440 plazas públicas que hay en todo el país, 40.582 son de Castilla y León. Es la tercera comunidad con mayor número de plazas, después de Cataluña (47.340) y Madrid (41.991).

Respecto al número de personas dependientes, en España hay 1.304.312, y de ahí, 94.845 son de Castilla y León. A la cabeza está Andalucía, con 287.340. De la cifra total de castellanos y leoneses, 93.374 tienen una prestación.

En España hay 5.375 centros públicos para personas mayores, de los cuales 690 son de Castilla y León. Casi un 20% de las plazas de todos esos centros están ocupadas en la comunidad por personas mayores de 80 años.

Sobre los centros de día el informe expone que, en total, en el país hay 94.802, y en Castilla y León 8.505. El porcentaje de personas mayores de 80 años es muy bajo en este caso, en la comunidad, un 3.73%.

Otro de los puntos que destaca el informe es que el 43% del dinero invertido en Servicios Sociales revierte directamente en el Estado. «El sector de la Dependencia no sólo se preocupa por las personas usuarias, sino por toda la población en general, sobre todo en el medio rural», explicó Diego Juez.

A eso añadió que cuando «se habla de la España Vaciada hay que destacar la lucha contra la misma del sector de los Servicios Sociales ya que el 80% de los servicios para personas mayores se encuentran en el ámbito provincial y en muchos casos, los centros residenciales, son la única empresa de los municipios, generando empleo directo, profesionalizado, especializado y principalmente femenino, lo que logra crear arraigo en la tierra y eso es otro valor social añadido». «Por cada dos usuarios creamos un puesto de trabajo, para jóvenes, personas mayores de 55 años, sobre todo en el entorno rural», añadió.

«Nos enfrentamos en Castilla y León a problemas como el reto del envejecimiento», afirmó ayer Juez. Argumentó esa afirmación explicando que la Comunidad tiene una de las poblaciones más envejecidas del país. «A través de los servicios sociales y la dependencia podemos dar soluciones a este tipo de problemas», dijo.

A los partidos políticos Juez les pidió «que sean visibles». «En Castilla y León afortunadamente tenemos una Consejería específica en materia de dependencia y mayores, pero a nivel nacional no conocemos ningún Ministerio relacionado con la materia», reclamó.

También habló sobre las prestaciones vinculadas al servicio: «Estamos muy orgullosos de ello, pero consideramos que las cantidades son insuficientes. De acuerdo a las pensiones de la Comunidad necesitamos una mayor ayuda».

El consejero detalló que los últimos datos disponibles indican que, frente a los 62.117 dependientes con prestación de mediados de 2015, en la actualidad son ya 100.000 en Castilla y León.

«El informe destaca a la Comunidad como una referencia a seguir, pero eso no significa que estemos en la perfección, sino que nuestra posición actual es un estímulo para seguir mejorando», opinó Carriedo. «Hay un camino a recorrer en el futuro, reduciendo los plazos para concesión del derecho a la dependencia y para atender a más dependientes. También esos datos representan una responsabilidad, porque si otros lugares nos miran como referencia, tenemos que seguir trabajando con calidad y equidad en esta materia y agradecer a todos aquellos que colaboran», aseveró.

Castilla y León es la única comunidad que tiene un sobresaliente en materia de dependencia, y sobre ello, el consejero quiso resaltar que el 98,5% «de las personas que han solicitado una atención de dependencia en la Comunidad están atendidas. Es el mayor nivel de toda España. 18 puntos por encima de la media nacional».

JUEZ CONDENA LOS HECHOS DE LA RESIDENCIA DE ZAMORA

El presidente de la Federación Empresarial Castellana y Leonesa de Atención a la Dependencia (Acalerte), Diego Juez, señaló ayer que desde este colectivo se condena los presuntos malos tratos a ancianos a mayores en la residencia zamorana de Montamarta. «No puede ser de otra forma ante este tipo de sucesos, pero en España hay 360.000 plazas, 46.000 de ellas en la Comunidad, con unos 180.000 trabajadores y no se suelen dar este tipo de hechos», precisó.

«Se trata de uno o de dos casos muy puntuales y esporádicos y todo lo que sea fomentar e incrementar las inspecciones es bueno para la calidad del servicio», explicó. Al respecto añadió que todo aquello que signifique mejorar el sector es bueno para las residencias. «Salen en los medios de comunicación por este tipo de noticias, cuando realmente habría que ir a ellas para ver cómo está su día a día y la cantidad de actividades que se hacen. Muchas forman parte ya de la familia y ola sociedad donde se ubican», consideró Juez.

Así lo puso de manifiesto después de que recientemente Comisiones Obreras pidiera a la Gerencia de Servicios Sociales a que «haga una inspección general» de las residencias de mayores y a que «ponga en marcha los protocolos que tiene publicados» sobre ese ámbito para controlar situaciones como la denuncia por los supuestos maltratos a ancianos, informa Ical.

Los hechos tratan sobre la presunta existencia de maltrato a ancianos que viven en una residencia en Montamarta (Zamora), después de que el concejal socialista en el Ayuntamiento de la localidad Rogelio Conde presentara una denuncia, tras recoger el testimonio de trabajadoras del centro.