El Procurador reclama a la Junta un control cíclico de minas abandonadas

El Procurador del Común reclama a la Consejería de Economía que practique un «control preventivo y cíclico de las instalaciones mineras abandonadas», con el objetivo de eliminar la peligrosidad que supone para la seguridad de las personas la existencia de chimeneas o el acceso a minas de interior sin los cierres necesarios o en deficiente estado de conservación.

Así figura en la resolución emitida por la institución que preside Tomás Quintana, y que inició de oficio a raíz de los hechos que conmocionaron a toda la ciudadanía a mediados del mes de enero en Totalán (Málaga) cuando el pequeño Julen falleció al caer a un pozo ilegal.

A este dramático hecho se suma que en los últimos años hayan cerrado muchas explotaciones mineras, especialmente en León y Palencia, lo que le hace pensar al Procurador del Común que pudieran quedar al descubierto agujeros peligrosos sin el control pertinente en la Comunidad.

Con el objetivo de que no quede ningún hueco al descubierto, en su escrito pide a la Consejería que «identifique las instalaciones relacionadas con la explotación minera que presenten deficiencias que impliquen riesgos para las personas y las cosas.

Del mismo modo, le solicita que señale a los responsables de esas deficiencias para que las eliminen o les exija responsabilidades.

Y, por último, reivindica a la Junta que establezca y publicite «canales de denuncia» de elementos de riesgo para las personas y bienes relacionados con instalaciones mineras sin actividad que sean «accesibles a todos los ciudadanos», además de a los agentes medioambientales y a aquellos que, por el ejercicio de su cargo, puedan verificar cualquier tipo de irregularidad.

El Procurador del Común eleva todas estas recomendaciones después de corroborar que la Administración autonómica, según le informó la DirecciónGeneral de Energía y Minas, no cuenta con «planes de inspección periódicos sobre los abandonos de derechos mineros caducados».

La Consejería reconoce que en los últimos cuatro años se ha registrado «alguna denuncia» por fenómenos de subsistencia del terreno, vertido de aguas de labores subterráneas o la caída de animales por huecos o chimeneas de explotaciones abandonadas, «sin que se hayan observado importantes riesgos», según expone en la respuesta al Procurador del Común.

La propia Consejería incide en la existencia de dos líneas de acción: una en colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España, para analizar y evaluar los riesgos geológicos de las explotaciones mineras y otra, «de menor escala» para que los agentes medioambientales de la Junta localicen huecos con potencial riesgo.

Aunque Quintana «no pone en duda la ejecución de medidas» por parte de la Consejería, sí le recuerda que, en base a la Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración, la Junta tiene competencias de supervisión y control de las instalaciones de las que se puedan derivar riesgos para las personas y las cosas. Sin perjuicio, eso sí, de que sean los concesionarios y explotadores de las minas los responsables.

A esa responsabilidad alude precisamente la Consejería. La normativa actual señala como responsable a los «concesionarios y a los explotadores de las minas de tomar las precauciones y «dejar los trabajos de los derechos mineros caducados en buenas condiciones de seguridad para las personas y las cosas».

No obstante, el defensor del pueblo castellano y leonés le recuerda que con «carácter subsidiario» le compete a la autoridad adoptar «las medidas de seguridad precisas (...), sin perjuicio de las sanciones administrativas y responsabilidades» que pudieran conllevar.

Esta resolución se une a la que esta misma institución publicó a principios de mes sobre el control de pozos de aprovechamientos de recursos mineros y, por la cual, reclamaba a la Junta que inspeccionara y vigilara «los pozos y huecos ligados a la autorización o concesión de aprovechamientos de aguas minerales y termales».

En su conjunto, las dos resoluciones vienen a reclamar que «no existan huecos en la superficie sin autorización o en condiciones que generen riesgo para las personas.

No es la primera vez que la institución del Procurador del Común emite una resolución para cubrir estos huecos. El que fuera primer Procurador del Común, Manuel García Álvarez, instó en 2002 a todos los ayuntamientos a regular, de acuerdo a la Ley de Urbanismo de Castilla y León, la obligación de equipar con sistemas de protección –como brocales, tapas, rejillas, vallados– los pozos, depósitos o conducciones abiertas.