La justicia tumba otra vez el concurso de traslados permanente de la Junta

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valladolid ha tumbado el concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de puestos de trabajo adscritos a funcionarios de carrera en la Administración autonómica, después de estimar el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Letrados de Castilla y León, según recoge el fallo al que ha tenido acceso Ical.

De esta manera, el juez da la razón a este colectivo, que fue uno de los que presentaron recurso a la resolución de 11 de octubre de 2018 por la que se convocaba concurso abierto y permanente para la provisión de puestos de trabajo adscritos a funcionarios de carrera de la Junta y de sus organismos autónomos, y de la resolución de octubre del año pasado por la que se aprobaba el listado de puestos adscritos en exclusiva a los cuerpos y escalas de administración especial, excepto los sanitarios. El Ejecutivo autonómico podrá presentar un recurso de apelación en el plazo de 15 días desde el día siguiente de su notificación.

La Asociación de Letrados de Castilla y León pidió la anulación del concurso al entender que estaba «viciado de nulidad de pleno derecho», así como que «perpetúa la vulneración del principio constitucional de igualdad entre los letrados». De la misma manera, se estimó que los letrados del nivel 26 no podrán «promocionar ni consolidar» un nivel superior desde los puestos de trabajo actuales, algo que supone «una lesión de su derecho» a la carrera profesional manifestada en la posibilidad de progresión en su grado personal por el procedimiento normal de provisión de los puestos de trabajo.

El colectivo alegó también que las bases del concurso «resultan discriminatorias» para el colectivo de letrados del nivel 26, que solo podrían promocionar «abandonando el cuerpo de letrados», así como que el concurso no cumple con su carácter de «abierto y permanente» ya que depende de una convocatoria anual, además de que el funcionario debe participar en cada convocatoria si desea concursal, a diferencia del persoanl laboral de la Administración de Castilla y León. Por otro lado, se denunció que los puestos ofertados en el concurso no contemplan el caso de valoración de méritos específicos.

Según recoge la sentencia son varias las sentencias en relación al catálogo de puestos. Ante la ausencia de catálogo «no hay Relación de Puestos de Trabajo (RPTs) válidas ni modificaciones» y, por consiguiente «puestos a ofrecer al concursante». De ahí que proceda la estimación del recurso y la anulación de las resoluciones impugnadas ante la «evidente y declarada vinculación causal».

En relación a la denuncia de falta de igualdad entre los letrados de los niveles 26 y 27 que hace la Asociación de Letrados de Castilla y León y que afectaría, según el fallo, a la resolución de 17 de octubre de 2018 que aprobaba el listado d puestos adscritos a los Cuerpos y Escalas de Administración Especial, excepto las sanitarias.

La Junta de Castilla y León convocará un nuevo concurso abierto y permanente para funcionarios con todas las vacantes que permita la normativa y se hará «con carácter inmediato y lo antes posible», ya que no presentará un recurso de apelación al fallo judicial conocido hoy para no retrasar el proceso porque entiende que los empleados públicos lo que quieren es concursar.

La viceconsejera de Función Pública de la Junta, Marta López de la Cuesta, aseguró que da tiempo a su convocatoria antes de que termine este mandato después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valladolid haya estimado el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Letrados de Castilla y León y anulado con ello el concurso de traslados abierto y permanente al que optaron 6.000 funcionarios.

«Hay que convocar un nuevo concurso lo quieren la mayor parte de los funcionarios», precisó en declaraciones a Ical en las que lamentó los «intereses de algunos colectivos» y aseguró que la sentencia de hoy «podía pasar» una vez que se declaró nulo el acuerdo de Junta de agosto de 2017 del que «cuelga» el catálogo de puestos tipo.