El contestado ‘baile’ de las plantillas educativas

Están abocados al desencuentro. Las posturas de la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales parecen irreconciliables cuando sobre la mesa se pone la negociación de las plantillas jurídicas de los centros educativos, es decir del número de plazas de maestros o profesores que tiene asignado un determinado colegio o instituto.

El ‘baile’ de plantillas del próximo curso no ha sido una excepción. La Consejería asegura que el balance es «muy positivo», ya que se crearán en conjunto entre Primaria y Secundaria nueve plazas más de las que se destruyen.

Sin embargo, los sindicatos las califican al unísono de «insuficientes» y de «decepcionantes», ya que este escueto crecimiento no sirve «ni mínimamente para paliar todos esos puestos de trabajo destruidos con la crisis». Para estos, se ha desaprovechado una oportunidad para «ganar en estabilidad del profesorado, reducir el índice de interinidad y avanzar en calidad del sistema».

¿Dónde radica entonces la raíz de ese desencuentro? En los «criterios» utilizados por la Junta para determinar cuando un puesto de trabajo real en un centro se consolida dentro de la plantilla jurídica, y por tanto saldrá a concurso de traslados para ser ocupado por un docente con destino definitivo, y cuando se elimina por falta de alumnado continuado.

Para los sindicatos, estos criterios «no han sido negociados» y «siguen siendo restrictivos y basados más en criterios económicos que educativos», denuncia la presidenta de Educación de CSIF, Isabel Madruga, quien añade que eso ha dado lugar a que «se perpetúe en el sistema la supresión de puestos».

El director general de Recursos Humanos de la Consejería, Jesús Manuel Hurtado, replica que la creación o supresión de plazas jurídicas responde únicamente a que «haya alumnado o no lo haya».

«Si un centro ha perdido alumnado y se prevé que no los va a recuperar, se espera un par de años o tres antes de certificar la defunción de esa plaza», explica Hurtado, quien afirma que se trata solo de «actualizar las plantillas a la realidad demográfica cada uno de los centros».

Hurtado pone como ejemplo el caso contrario, el de Brañuelas (León). «Se ha vuelto a abrir la escuela. La plaza la ocupó en septiembre un profesor y el próximo año sacaremos esa plaza a concurso».

No lo ven así los sindicatos, quienes denuncian que existe «un desajuste entre las plantillas jurídicas (las que saldrán a concurso de traslados para ser ocupadas por un docente definitivo) y las plantillas funcionales o de cupo (las que realmente están cada día al frente de un aula aunque no sean estables).

PLAZAS «FOSILIZADAS»

La portavoz de STECyl, Christina Fulconis, asegura que «existen plazas en la práctica que llevan muchos cursos funcionando de forma provisional, ahí fosilizadas, que están ocupadas por docentes en comisiones de servicio, en expectativa de destino o por interinos», sin que la Consejería decida sacarlas a concurso de traslados y, por tanto, sean ocupadas por maestros o profesores con destino definitivo.

«Siempre encuentra una excusa para no convertir esa plaza real en plantilla jurídica», apostilla la secretaria de Educación de CCOO, Elena Calderón, quien asegura que «hay algunas que llevan ocupadas por profesores de forma provisional durante 13 años».

El problema es que, según denuncia, la negociación con la Consejería se realiza sin que ésta facilite a los sindicatos información sobre las plantillas reales (cupo) que están en los centros. «Así no se puede negociar». «Sigue sin proporcionarnos información suficiente para que las organizaciones sindicales realicemos nuestros análisis y contraofertas», lamenta Fulconis.

En la misma línea, Jesús González, responsable de Educación Pública de UGT, Jesús González, precisa que este desajuste se produce sobre todo en el medio urbano. «En el mundo rural la caída de plantillas es consecuencia de la despoblación». «La Junta habla mucho de la necesidad de tomar medidas para paliar la despoblación, pero debería hacer un mayor esfuerzo por mantener plazas docentes en los pueblos», añade González. Calderón apunta que es especialmente «grave» en el caso de Salamanca, como ya lo fue en «Zamora y Soria».

El director general de Recursos Humanos de la Consejería reconoce que en la zona rural «se nota más» esa caída en el número de plantillas jurídicas porque «desgraciadamente los pueblos pierden niños». «No tiene sentido tener profesores enseñando al vacío», manifiesta, mientras añade: «ojalá nos salieran los niños por la ventana».

Los sindicatos sí ven posible incrementar las plantillas jurídicas en Castilla y León. Se conseguiría si, como reclaman, la Consejería rebajara la ratio de alumnos por aula y, sobre todo, si el departamento que lidera Fernando Rey se prestara a negociar una reducción del horario lectivo de los docentes, pasando a 23 horas en Primaria y a 17 horas en Secundaria y otros cuerpos.

«Cuando se reduzcan las ratios y se acorte el horario lectivo, se necesitarán más docentes», manifiesta el responsable de UGT. En este punto, el responsable de Recursos Humanos responde que «esto hay que financiarlo». «El Ministerio de Educación ha decidido quitar la norma» y que los docentes recorten sus horas lectivas, pero «no lo ha acompañado de financiación para que las comunidades lo apliquen».

Aún así los sindicatos aseguran que continuarán con su pelea de que las plantillas jurídicas se aproximen a las plantillas reales en todos los centros. Sólo así se conseguirá, según afirman, dar estabilidad al empleo docente y rebajar esos «elevadísimos» niveles de interinidad que impuso la crisis económica. Según STECyL, el índice de interinidad se sitúa en Castilla y León en el 16,72% en el cuerpo de maestros y en el 26,88% en el caso de Secundaria.

Y no se olvidan de recordar a la Consejería que «para desarrollar las actuaciones incluidas en el Plan de Atención a la Diversidad se necesita más personal». Todo lo referente al personal de los colegios e institutos debería estar recogido, en opinión de Madru ga,en un acuerdo Marco de Plantillas. No obstante, Hurtado ya asegura que, por las características de Castilla y León, esa negociación «se debe hacer centro a centro» y «año a año».

De esa negociación anual se ha extraído que el cuerpo de maestros perderá el próximo curso 17 puestos. A esto se suma la supresión de 43 maestros que pasaron de los colegios a los institutos cuando la Logse marcó que 7º y 8º de EGB pasara a ser 1º y 2º de la ESO. «A medida que estos maestros se van jubilando, estas plazas pasan a ser por ley ocupadas por profesores de Secundaria, tal y como explica Hurtado. Así, se crean 42 plazas en Secundaria, 30 en Formación Profesional y se eliminan tres en las enseñanzas de régimen especial, según los datos oficiales de Educación.

«La ratio mejora en todos los niveles educativos»

Es un realidad que Castilla y León está perdiendo población y los datos de Educación son simplemente un reflejo de esta dramática situación. «Cae el número de alumnos y con ello el número de profesores, pero éste no lo ha hecho al mismo ritmo».

De hecho, según los datos facilitados por la Consejería de Educación, mientras la población desde Infantil hasta los Ciclos Formativos ha disminuido un 4,8% desde 2014 hasta este curso (11.151 estudiantes menos), el volumen de grupos sólo se ha recortado un 1,7% (210). Todo ello ha motivado que, según el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Jesús Manuel Hurtado, la ratio de alumno/grupo haya mejorado en todos los niveles educativos en los últimos cinco cursos.