Las defensas de los acusados de Caja Segovia afirman que son «víctimas ajusticiadas por la presión social»
Visto para sentencia el juicio de las prejubilaciones millonarias y ya se anuncian recursos ante el Supremo
Tras diez días de juicio, quedó visto para sentencia el proceso que condujo al banquillo a Atilano Soto, Manuel Escribano, Antonio Tapia, Enrique Quintanilla, Manuel Agudiez y Elena García Gil, acusados de los delitos de apropiación indebida y administración desleal.
La intervención de los últimos cuatro letrados defensores que no habían dado lectura a sus conclusiones en la penúltima sesión, cerró el juicio sin que ninguno de los acusados utilizara su turno de última palabra. «Nada que añadir, señorías», repitieron desde los dos banquillos que han compartido a lo largo de diez días. Los letrados coincidieron –salvo matices– en la misma línea argumental: «El consejo de administración de la desaparecida entidad estaba capacitado para validar las propuestas y sus miembros tenían información. Caja Segovia era solvente y no recibió ayudas públicas y el plan de Prejubilaciones era legal».
En cuanto a las dudas generadas por el ministerio fiscal (que no acusa en el proceso) por la cuantía millonaria de las prejubilaciones, el letrado de Elena García Gil, Jesús Tovar, reprochó a la fiscal que hubiese introducido en su discurso de la penúltima sesión del juicio oral el término de amoralidad. «Además de haber servido a la prensa un titular que daña su fama en el entorno social, la moralidad es un concepto relativo», dijo.
«No vale el importe económico para medir la moralidad de las cosas. Es el mercado el que informa la moralidad, la inmoralidad y la amoralidad, porque si no aceptamos esto, estamos condenando ante la opinión pública a los que hoy se sientan aquí, sea cual sea la sentencia porque el juicio popular ya ha recaído sobre ellos», señaló.
Jesús Tovar arremetió contra el testigo y ex alcalde Pedro Arahuetes, que dimitió como consejero de caja Segovia, sobre el que dijo que «de tener certezas o índicos de delito debería haberse quedado en el consejo de administración y no marcharse». «Dimitió porque el consejo era opaco y no dijo nada de ello, salvo confesar que no miraba las cuentas. (…) Su obligación no era darse por satisfecho sino criticar; no dimitir sino denunciar dicha opacidad porque estaba para representar a la ciudad». Las defensas fueron añadiendo adjetivos al proceso con el denominador de considerar a los acusados «victimas ajusticiadas por la presión social», «condenadas por vientos populistas» y «torturados por la pena de banquillo».
Si el letrado de Atilano Soto y Manuel Agudiez definió las acusaciones como «perversa y diversa», el letrado de Escribano y Antonio Tapias, habló de «difamación total», lo que según dijo, «ha provocado la muerte civil porque se les considera unos ladrones».
Las defensas pidieron la libre absolución de los acusados y la condena en costas para las dos acusaciones que han sostenido el proceso: la Fundación Caja Segovia (particular) e IU (popular). Visto para sentencia el juicio, los letrados de las acusaciones resumieron su sentir; en ambos casos esperan sentencias condenatorias y rechazan la «mala fe» y «la temeridad» esgrimidas por las defensas para pedir las costas procesales contra ellos.
Para letrado de IU, López Villa «se debe tener en cuenta la realidad social más allá de los números que realizaban unilateralmente los mismos que se atribuían los premios y castigar una gestión que ha obligado a intervenir al Estado, con ayudas públicas». «Hacer recaer en los contribuyentes el enriquecimiento de unos cuantos es absolutamente punible por el Código Penal y un delito de administración desleal y apropiación indebida», señaló. Para la acusación particular ejercida por Rafael Yturriaga, «no se sostienen la mala fe y la temeridad» y recordó el auto dictado por la Audiencia de Segovia para reabrir el caso.