La Fundación Caja Segovia rebaja a 2 exvicepresidentes la petición de cárcel
Su letrado pide dos años para Agudíez y García Gil porque no se beneficiaron de las prejubilaciones
La séptima jornada del juicio por las prejubilaciones millonarias de la ex cúpula de Caja Segovia terminó ayer tarde con el cambio en las peticiones de condena de las acusaciones.
El letrado de IU, Alberto López Villa, excluirá de la calificación de partícipes a título lucrativo a cuatro de los cinco responsables civiles, manteniendo al director general que sustituyó a Manuel Escribano, Miguel Ángel Sánchez Plaza, que cobró en concepto de prejubilación 3.912.584 euros y al que piden la devolución.
Sin embargo retiran las peticiones para los que inicialmente consideró responsables civiles: Malaquías del Pozo (363.211€), Juan Magaña (1.019.217€), Juan Antonio Folgado (1.214.142€) y Oscar Varas (2.486.695€).
IU pedirá que la suma de estas cantidades sea imputada a los acusados de los delitos de apropiación indebida y administración desleal, para los que mantiene las peticiones de cárcel de entre 3 y 8 años.
La acusación particular ejercida por la Fundación Caja Segovia, que en caso de condena recibiría las cantidades, también anunció modificaciones.
Su letrado, Rafael Yturriaga anunció que rebajan la petición de cárcel a dos años para Manuel Agudíez y Elena García Gil, vicepresidentes 1º y 2ª del consejo de administración, por ser cooperadores pero no haberse beneficiado de las prejubilaciones, al no trabajar en Caja Segovia.
Para el ex secretario de la Caja, Antonio Tapias, rebajan la petición a 3 años de cárcel por administración desleal y mantienen para el resto de acusados —Atilano Soto, Manuel Escribano y Enrique Quintanilla— las condenas iniciales con penas de prisión de entre 3 y 6 años, por apropiación indebida y administración desleal.
Reclaman a la aseguradora CASER, como responsable civil, la devolución de las cantidades brutas cobradas y el reintegro de las tres pólizas suscritas por los miembros del Comité de dirección, que suman un total de 17,5 millones de euros.
Las diez defensas de los 6 acusados por delitos societarios y los a título lucrativo pedirán la condena en costas de las dos acusaciones del proceso, «por la temeridad manifiesta y la mala fe mantenida a lo largo del proceso judicial», esgrimieron.
En la sesión de la mañana las versiones de los peritos de las defensas no ofrecieron controversia. Tanto los auditores de la Caja, Juan Francisco Santos y María Eugenia Fernández , como los auditores externos que declararon, repasaron el escenario económico de los años que se juzgan, entre la aprobación inicial del Plan de Prejubilaciones, en 2006, y las modificaciones realizadas en 2008 y 2010.
Recordaron los balances económicos positivos para Caja Segovia y negaron que la desaparecida entidad haya recibido «ayudas directas» del FROB, como sostiene la acusación particular.
Sí recordaron los 4.465 millones de euros del FROB que recibieron las siete entidades que conformaron el SIP de Bankia, al que Caja Segovia se adhirió el 1 de enero de 2011.
Por la tarde se vivió el momento de mayor confrontación al escuchar al perito de la acusación y catedrático de Derecho Laboral, Jaime Cabeza, afirmar que los miembros del Comité de dirección que están siendo juzgados, podían haberse adherido al ERE de Bankia y no necesariamente al Plan de Prejubilaciones, como han mantenido.
«La tesis de la jaula de oro no es sustentable», dijo, llegando a firmar que con el Plan de Prejubilaciones al que se acogieron «se ha escamoteado de forma ilegal la consulta a los representantes de los trabajadores», que no lo conocieron más que consumado.
«Pudieron elegir y escogieron la opción más ventajosa para la que ellos mismos establecieron cambios estratégicos», dijo.
Según su relato, en 2008 introdujeron que ante cualquier escenario de fusión los altos directivos podían desligarse de la entidad, lo que hasta esa fecha no era posible. Y en 2010, acordaron la externalización de las pólizas «en el último momento antes de integrarse en Bankia».
«Los fondos internos solo generan expectativas pero al externalizar las pólizas se convirtieron en derechos reales y ¡qué curioso que se hiciera en 2010; no antes», señaló el perito, para quien «la externalización tiene apariencia de fraude de ley».
La próxima semana con la lectura de los informes definitivos (días 19 y 21) el juicio quedará visto para sentencia.