La Junta verificará si los apartamentos turísticos están legalmente registrados

La Junta de Castilla y León publicó ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), el Plan de Inspección Turística para 2019-2022.

Los objetivos que persigue la Junta con este plan son cuatro: Mantener unos estándares adecuados de calidad turística, tanto en las instalaciones como en la prestación de servicios; eliminar la actividad clandestina, persiguiendo el intrusismo y la competencia desleal; garantizar los derechos de los turistas; alcanzar una aplicación homogénea de la legislación turística estableciendo pautas comunes en el ejercicio de la función inspectora.

Uno de los objetivos más desarrollados por actuaciones es el segundo, que quiere erradicar la actividad clandestina del sector.

En el Bocyl la Junta especifica que se comprobará «la información que se publicita en cualquier medio, sobre los establecimientos turísticos que prestan alojamiento en la modalidad de ‘apartamento turístico’».

El documento dice que se cotejará «la información obtenida a través de las páginas web, u otros medios de publicidad, en los que se anuncien establecimientos turísticos que presten alojamiento en la modalidad de ‘apartamento turístico’ para verificar si el titular ha presentado la correspondiente declaración responsable y, en su caso, informar sobre la normativa aplicable y las obligaciones de los titulares». Además especifican que los alojamientos turísticos deberán estar inscritos en el Registro de Turismo de Castilla y León.

Esta medida es aplicable, según publica la Junta en el Bocyl, a viviendas de uso turístico, albergues en régimen turístico de los Caminos de Santiago, alojamientos de turismo rural y también para personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades de turismo activo.

Además, añaden también que realizarán visitas a empresas y establecimientos responsables de actividades turísticas. El objetivo es informarles de la normativa que les obliga a comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los datos del registro documental de viajeros, en cumplimiento con la normativa de seguridad ciudadana.

El pasado 10 de enero hubo una reunión entre el director general de turismo, Javier Ramírez, y los concejales de turismo de Segovia, Soria, Zamora, Valladolid y León. Su objetivo era controlar la legalidad de la actividad turística, y la proliferación de viviendas de uso turístico.

Dentro del primer objetivo, de mantener unos estándares adecuados en los servicios, hay una actuación referente a la comunicación de cese de actividad de establecimientos y actividades.

Dice el documento que se comprobará los inscritos en el Registro de Turismo de la Comunidad, «que se encuentren cerrados al público, sin haber sido comunicado previamente a la Administración, y a través de las visitas realizadas de oficio por la inspección propondrán, en su caso, la baja en el registro».

El Plan de Inspección Turística también hace referencia a los guías del sector. El Bocyl afirma que se realizarán comprobaciones a las personas que ejerzan la actividad en la Comunidad, para ver si están en posesión de la perceptiva habilitación, o tienen reconocida la posibilidad de prestar esos servicios. Todo ello de acuerdo con la normativa reguladora del ejercicio de la actividad de guía de turismo en la región.

Además hace hincapié en que visitarán zonas con presencia habitual de grupos turísticos y, en particular, centros de recepción de visitantes.

Dentro del objetivo de garantizar los derechos de los turistas hay varias actuaciones. La primera quiere verificar las denuncias y reclamaciones interpuestas por los turistas, o detectadas mediante informes de organismos públicos relacionados con deficiencias o irregularidades en la prestación de los servicios turísticos. En los casos pertinentes, se realizarán visitar a los establecimientos, con la meta de verificar los hechos que consten en las denuncias.

La segunda afecta a las agencias de viajes. La Junta comprobará el cumplimiento de los requisitos contenidos en la normativa turística, requiriendo por escrito a las agencias la documentación relativa a las garantías y seguros obligatorios.

La tercera actuación es referente a las empresas de turismo activo, a las que exigirán la póliza y los recibos vigentes de los contratos de seguro, y también la relación del personal técnico, a efectos de verificar la adecuación de su formación a la actividad que realice la empresa.

PISOS TURÍSTICOS

Hay que diferenciar entre apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico. Esta última se refiere a un inmueble de una persona particular que lo alquila de manera intermitente y no profesional, generalmente por días en páginas como Booking o Airbnb. Por otro lado los apartamentos o pisos turísticos son edificios generalmente gestionados por empresas dedicados exclusivamente al alquiler y que tienen que cumplir varios requisitos, tipo tener una placa indicando AT en la entrada, una clasificación en función de diversos parámetros indicando de una a cuatro llaves... etc.

Este periódico se ha puesto en contacto con algunos dueños de viviendas de uso turístico, y han manifestado su claro apoyo a este plan, ya que consideran necesario que se hagan inspecciones.

Además aseguran que darse de alta en el registro no es «algo costoso», ni económica ni burocráticamente hablando.

También resaltan que la situación en la Comunidad no es comparable a Madrid, Barcelona o Valencia, donde hay más intrusismo, y además el tipo de visitante es diferente.