El exsecretario de Caja Segovia dice que las prejubilaciones eran para todos los empleados

Cinco horas y media y siete testigos, uno por videoconferencia desde Alicante, completaron la quinta jornada del juicio por las prejubilaciones de Caja Segovia. Comparecieron como ex consejeros y testigos los ex trabajadores Fernando Aceves y Eduardo Aguado; la ex alcaldesa de Sepúlveda, Concepción Montes; Felicísimo del Pozo (por pantalla), el ex presidente de la Federación Empresarial Segoviana (ES), Pedro Palomo; el ex secretario del Consejo de Administración Miguel Angel de Vicente y el ex consejero Fidel García Hernández.

Sus testimonios corroboraron lo expuesto por los diez testigos comparecientes la semana anterior. Todos tenían o «plena confianza» o «fe ciega» en la labor del equipo directivo por lo que aprobaban las «cuentas agregadas, no pormenorizadas», por asentimiento. Unos subrayando la legalidad de las actuaciones y otros dándola por hecho, todos reconocen que no conocieron las cifras exactas ni de los sueldos de la cúpula ni sus prejubilaciones hasta finales de 2011, once meses después de que Caja Segovia se integrara en Bankia (el 1 de enero de 2010).

Los testigos se repitieron tanto que, tras el receso de media mañana, el magistrado presidente de la sala, José Miguel Garcia Moreno, propuso a las partes que estudien la posibilidad de renunciar a alguno de los testigos: «No están aportando mucha información adicional a lo que se escuchó la semana pasada». «Quizás se pueda prescindir de alguno menos relevante y continuar con algunos clave, como el señor Arahuetes».

Molestó especialmente a las defensas el testimonio de la ex alcaldesa de Sepúlveda, miembro del consejo de administración entre 2008 y 2012 cuando, tras reconocer que «de cantidades concretas nunca se habló», describió como habitual la celebración conjunta de consejos de administración y comisiones de control, llegando a decir que así «es obvio que la comisión de control no podía ejercer el control». Las defensas volvieron a reprochar por qué no lo denunció. «Nunca puse en duda la legalidad pero me reitero en mi duda sobre la moralidad», argumentó.

Llamativo resultó oírle reconocer al secretario del consejo de administración (vicepresidente actual de la Diputación), Miguel Angel de Vicente: «Yo aprobé las cuentas sin haber leído los informes». A preguntas de Jesús Tovar, reconoció que las cifras que causaron la alarma social las conoció «al final del todo, casi cuando nos fuimos, en 2012», dijo. También sostuvo que el plan de prejubilaciones no fue creado ad hoc para los integrantes del comité de dirección, sino para todos los empleados de la Caja, ya que de este sistema se beneficiaron más de más de un centenar de trabajadores.

Quien sí pareció haber leído «los didácticos y completos informes» fue el ex consejero de la caja y ex presidente de la FES, Pedro Palomo, a quien el letrado de la Fundación preguntó: ¿Se habló en el consejo de administración de 2010 de si el FROB iba a ayudar a BFA con algunas ayudas publicas y que a Caja Segovia le correspondiera alguna cuota?. «Se habló de la situación muy favorable de Caja Segovia (…) pero no recuerdo esas ayudas», respondió Palomo.

Yturriaga sostiene que el porcentaje de Caja Segovia en el Banco Financiero y de Ahorros BFA (precedente de Bankia) fue del 2%, cuota medida en función de los activos ponderados y de los 4.000 millones de euros que sumaron las ayudas públicas, 121 millones fueron para Caja Segovia. «Estos detalles no los recuerdo», señaló Palomo.

El relato de Felicísimo del Pozo, desde su retiro en Alicante como «pensionista ex funcionario de Agricultura, mucho más pobre que los de la caja», provocó entre el mal sonido y sus afirmaciones, algunos momentos hilarantes. «Me parece que se nos ocultó bastante. Se leía y (…) apaga y vámonos, se daba de paso». Y llegó a decir: «Jamás me he negado a votar pero no se pedía votar, si no, yo, a esas cantidades, habría dicho que no».

Hoy continúa el juicio a las 10 horas, en sesiones de mañana y tarde, con Juan Manuel de la Puente, Juan José Sanz Vitorio, Rosario Diez, Jesús Pastor, María José Prieto y Pedro Arahuetes como testigos.

ESCRIBANO PRECISA QUE LA ENTIDAD NO RECIBIÓ AYUDAS PÚBLICAS

Nunca le gustó hacer declaraciones a la prensa, pero ayer Manuel Escribano llegó a la Audiencia y dijo a los medios: «Quiero hacer unas declaraciones porque lo visto en prensa no me ha gustado» y arremetió contra el letrado de la Fundación Caja Segovia, Rafael Yturriaga que ejerce la acusación particular, desmintiendo «cualquier posible similitud entre Caja Segovia y NovaCaixa Galicia».

Rafael Yturriaga había señalado «ciertas similitudes» entre el caso de Caja Segovia y el de la entidad gallega, recordando que los autores de varias propuestas habían sido Pradas y Cebrián, que resultaron condenados junto con la cúpula de la entidad gallega.

Elevando el tono hacia el reproche, Escribano dijo: «Cualquier persona normal entiende que los casos serán iguales si lo son los hechos, no por tener los mismos asesores. Cualquiera entiende que si en las cuentas de dos empresas, una va bien y otra mal, las conclusiones serán diferentes aunque tengan el mismo auditor. Lo más importante es ver los hechos en las pruebas que constan en el sumario y no hacer comentarios de salón o de bar».

Según defendió, la sentencia condenatoria a la cúpula de Novacaixagalicia, se basó «en el hecho inequívoco» de que recibieron ayudas públicas y sus dirigentes firmaron con el FROB el compromiso para «la observancia de los límites retributivos establecidos por la Unión Europea para el pago de directivos de empresas que reciben ayudas públicas».

Escribano sostiene que en NovaCaixa «se hicieron contratos nuevos con pagos que excedían lo firmado» y añadió: «Además, los pasaron a posterior para su aprobación en los órganos de gobierno de la entidad, lo que no se debe hacer».

Según relató, «en el sumario de las prejubilaciones, el Banco de España, en un informe de 2014, dice que Caja Segovia no recibió ayudas públicas».