El caso de las prejubilaciones, pendiente de si la Fundación Caja Segovia puede personarse

Siete años de compleja instrucción condujeron ayer a la ex cúpula directiva de Caja Segovia al banquillo de los acusados por los delitos de administración desleal y apropiación indebida.

‘La pena de banquillo’, como la llamaron las defensas, se escenificó ayer, en el inicio del juicio oral que, tras escuchar a los intervinientes, no se sabrá hasta la próxima semana si va a continuar o no.

Un auto de los tres magistrados que componen la sala decidirá sobre la continuación o el sobreseimiento que piden los dos niveles de defensa que asisten a los seis miembros del Consejo de Administración y Comisión de Control, que aprobaron y ratificaron las prejubilaciones: Atilano Soto Rábanos, Manuel Agudíez, Elena García Gil, Manuel Escribano, Antonio Tapias y Enrique Quintanilla, y las defensas de los cinco partícipes a título lucrativo, beneficiados sin haber participado de los acuerdos: Miguel Angel Sánchez Plaza, Oscar Varas, Juan Magaña, Juan Antonio Folgado, Malaquías del Pozo y la aseguradora Caser, que blindó las prejubilaciones.

La Sala, presidida por José Miguel García Moreno, tendrá que resolver las múltiples cuestiones previas presentadas ayer.

Todas las defensas reclaman el sobreseimiento del proceso, considerando que la Fundación Caja Segovia no sufrió perjuicio y por tanto no puede ejercer de acusación particular porque «la Fundación no habría cobrado nunca las cantidades derivadas del plan de Prejubilaciones de la entidad financiera», al derivar Caja Segovia todos sus activos y pasivos al Banco Financiero y de Ahorros (BFA), paso previo al posterior proceso de integración de la Caja en Bankia.

El primer letrado en hablar fue Jesús Tovar, abogado de la secretaria del Comité de Retribuciones, Elena García Gil, quien subrayó que la Fundación «nunca asumió hasta años más tarde de su composición», «cuestión alguna relacionada con las prejubilaciones», por lo que la acusación particular no ha demostrado perjuicio.

La defensa del expresidente y exvicepresidente de Caja Segovia, Atilano Soto y Manuel Agudíez, el letrado Joaquín Rodríguez, sostuvo que el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y Bankia son los únicos que podrían considerarse perjudicados, pero no la fundación, que solo se hizo cargo de los bienes y derechos relacionados con la Obra Social y Cultural, donde nunca estuvieron las prejubilaciones.

«Las subrogaciones legales sólo perjudicarían a BFA y Bankia, que conoció en todo momento el Plan de Pensiones y nunca se personó en la causa porque sabe que nada tiene que hacer», dijo.

La lucha por el sobreseimiento es la principal baza esgrimida por las defensas. Si logran apartar a la Fundación de la acusación particular no habrá causa, al no haber acusación del Ministerio Fiscal que siempre solicitó el sobreseimiento del proceso que llegó a cerrarse hasta que un nuevo juez lo desestimó y decretó la apertura del juicio oral que comenzó ayer.

Conforme a la aplicación de la Doctrina Botín, sin escrito de acusaciones del Ministerio Fiscal y quedando desestimada la acusación particular, el caso debería archivarse.

El planteamiento de las defensas coincide en señalar que «las cajas, siendo entidades de crédito, no bancos, eran entidades peculiares y privadas, sin accionistas, y al no haber intereses públicos o colectivos en un procedimiento penal y no acusar el Misterio Fiscal ni una acusación real y legítima, debe producirse una sentencia absolutoria anticipada», subrayó el letrado Luis Rodríguez Ramos.

La ausencia de acusaciones del Ministerio Fiscal que para las defensas demuestra que «no hay caso», es la principal crítica de las acusaciones.

«El Ministerio Fiscal debería haber acusado y no alinearse en el proceso con las tesis de las defensas», dijo ayer el letrado de la Fundación Caja Segovia, Rafael Iturriaga Alcocer, coincidente con el letrado de Izquierda Unida, Alberto López Villa, que inició el proceso como acusación popular y trata de ser considerada acusación particular.

Con él vivió un tenso rifirrafe el fiscal de la Audiencia, presente en la sala, que recriminó al letrado de IU su crítica por la falta de acusaciones del Ministerio Fiscal, lo que motivó que el letrado de la Fundación Caja Segovia pidiera al presidente de la sala para su compañero «equidad» .

En medio de una gran expectación en las puertas de la Audiencia, la sesión arrancó con 20 minutos de retraso escuchando a los seis principales acusados, que se enfrentan a peticiones de cárcel de entre 3 y 9 años.

Atilano Soto, a su llegada a la Audiencia, no quiso entretenerse con los periodistas a los que profirió una frase: «La Justicia está para dar razón a quien la tenga», sentenció.

El ex director, Manuel Escribano, fue más prolijo, afirmando: «No he cometido en toda mi vida la más mínima ilegalidad y llevamos 7 años sufriendo ante las desafortunadas declaraciones de quienes hablan desde asociaciones o partidos políticos sin conocer las cosas o diciendo falsedades. Solo tengo que decir que la documentación es clarísima, como opinó en su día el Ministerio Fiscal y el juez que sobreselló el caso».

Ya en la sala, repleta de prensa y público, nada más comenzar el juicio, los acusados afirmaron, a preguntas del magistrado, conocer las acusaciones y no estar de acuerdo con ellas.

Las defensas se extendieron durante dos horas coincidiendo en que los seis acusados de apropiación indebida y administración desleal, no han delinquido.

«Están al margen de cualquier hipótesis delictiva, incluso de injusticias de orden civil, penal, mercantil o administrativas», señaló Rodríguez Ramos.

Para los acusados a título lucrativo, las defensas argumentaron la prescripción de la acción civil, rechazando que sus clientes deban devolver las cantidades percibidas.

Algo con lo que no está de acuerdo la Fundación Caja Segovia que interpreta que «no cabe la prescripción». «Si bien es cierto que hay una modificación del Código Civil y puede ser aplicable el plazo de 5 años, observando una disposición transitoria, en ningún caso estaría prescrita la acción de la Fundación para reclamar la devolución de las cantidades cobradas ilícitamente, al modificarse el Plan inicial de prejubilaciones establecido en 2006, con la integración en el BFA».

La Fundación Caja Segovia sostiene que la condición de acusación particular se tiene que acreditar «en el momento de la consumación del delito», y este se produjo la noche del 31 de diciembre de 2010, «momento en el que alguien aprieta el botón y se hace la transferencia de más de 17 millones de euros a favor de Caser, dotando esas pólizas y haciendo indisponibles las cantidades».

Si el Auto que se conocerá la próxima semana estima las cuestiones previas oídas ayer, cabe recurso de casación ante la sala II del Tribunal Supremo.

El letrado de la Fundación anunció recurso en caso de que se vean apartados de la acusación particular, aunque se mostró confiado en que «los magistrados resuelvan favorablemente a la continuación del proceso».

Si no se estiman los argumentos de las defensas, las sesiones del juicio –con señalamientos para los días 5,6 y 7 y 12,13, 14 y 19 de febrero- deberán contemplar las incompatibilidades de fechas que ayer señalaron algunos abogados.

En este caso, el juicio será una larga sucesión de pruebas sometidas a los principios de inmediación y contradicción de la partes.