PSOE y Podemos proponen subir el IRPF a rentas a partir de 50.000 euros

«La escasez de ingresos autonómicos amenaza con hacerse crónica». Ni siquiera el crecimiento de la economía «será suficiente para obtener los recursos económicos necesarios para afrontar los retos de Comunidad –envejecimiento, dispersión, emigración, falta de recursos...–»

Ante esta visión, que comparten PSOE, Podemos, IUCyL, CCOO y UGT –y que rechazan PPy Ciudadanos–, solo queda, a su juicio, una salida: «revisar las reglas fiscales actuales» e impulsar «un nuevo modelo» en el que «quien más tenga, más gane o más herede, más contribuya al sostenimiento de las arcas públicas».

Comparten filosofía: que la Comunidad haga uso de su competencia autonómica y realice una reforma fiscal «en profundidad», con un modelo «más progresivo y, en consecuencia, más justo». Pero difieren en las cifras; ni en tipos máximos, ni mínimos, ni siquiera en los tramos. De ahí que el pacto fiscal que suscribieron todos ellos en el mes de julio no profundice en propuestas concretas y comunes. Cada uno ha echado sus cuentas. Así PSOE y Podemos comparten incrementar el número de tramos del IRPF autonómico –Izquierda Unida los deja en los cinco actuales–, y subir los tipos aplicables a partir de los 50.000 euros.

En concreto, el PSOE plantea aplicar ya desde los 50.000 euros el tipo máximo fijado en la Comunidad del 21,5% (no existe un techo legal marcado) y que actualmente afecta a las rentas que rebasen los 53.407 euros. Subiría al 23,5% para aquellos ingresos superiores a los 60.000 euros. El tope lo marcan los socialistas en el 25,5% para rentas por encima de los 120.000 euros.

Podemos, por su parte, incorporaría seis nuevos tramos a partir de los 50.000 euros. Pide elevar del 18,5% al 21,5% el tipo a los ingresos a quienes perciben 50.000 euros y establecer el techo en el 25% para los salarios que rebasen los 150.000 euros.

Izquierda Unida, por su parte, no habla de aumentar tramos. Sólo mantendría inmóvil el tipo impositivo del primer tramo (hasta los 12.450), a partir de ahí, subida. Aumentaría en 0,5 puntos el tramo entre los 12.450 euros y los 20.200. Apuesta por incrementar hasta el 15,5% el tipo para rentas por encima de los 20.200 euros. Y así de forma progresiva hasta el 24,5% que deberían abonar, según sus planes, las rentas superiores a los 53.497 euros.

Los firmantes del pacto piden, en paralelo, una «detallada revisión de todo tipo de deducciones y bonificaciones» y que estas sean sustituidas por ayudas directas vinculadas al nivel de renta de los contribuyentes.

Para los tres partidos, el impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) actual es «injusto, al renunciar a la progresividad». No en vano, la Comunidad es, tras Madrid, la autonomía que menos grava a las rentas superiores a los 30.000 euros.

Es ‘generosa’ con las rentas bajas, con las medias, pero ‘mima’ a las rentas altas y muy altas. Y lo hace con gran diferencia con respecto al promedio nacional. El gravamen más elevado que se aplica en Castilla y León es un 44% (22,5 estatal y 21,5 autonómico) para los ingresos brutos superiores a los 53.407 euros.

A modo de ejemplo, el informe sobre el Panorama Fiscal de las Comunidades, elaborado por el Consejo General de Economistas, un contribuyente castellano y leonés sin hijos y un salario bruto anual de 14.000 euros pagará este año por IRPF 762,4 euros, 13,4 euros menos que la media del país. Si la nómina asciende a 45.000 euros, la presión fiscal sería de 9.349,7 euros (230,7 euros inferior al promedio), pero si ganara 300.000 euros su ahorro ascendería a 5.743 euros en relación a lo que pagaría en otro territorio.

PATRIMONIO

Los firmantes del pacto proponen que se establezca una nueva tabla del impuesto de Patrimonio que sea «más progresiva», con tipos más elevados para los patrimonios más altos, y que sea homogéneo para todas las comunidades y, por tanto, no pueda ser objeto de «competencia a la baja» entre los distintos territorios. Abogan por rebajar el mínimo exento, actualmente fijado en la Comunidad en 700.000 euros. Mientras el PSOE lo fija en 400.000 euros, Podemos habla de rebajarlo a los 500.000 euros.

La Comunidad se sitúa, según el Consejo General de Economistas, como la tercera autonomía con el impuesto más bajo, con independencia de que el patrimonio sea de 800.000 euros o de 15 millones de euros. En el primer caso, solo abonan 200 euros, en el segundo 273.000 euros.

SUCESIONES Y DONACIONES

Del mismo modo, quieren dotar de «mayor progresividad» al impuesto de sucesiones y donaciones. Es decir, que aquellos herederos con menor patrimonio preexistente y mayor grado de consanguineidad «tengan cuotas tributarias más reducidas» y aquellos con patrimonios más elevados «tengan una carga adecuada a su renta y sus bienes».

Castilla y León figura entre las autonomías que más ‘penalizan’ las sucesiones y donaciones. Si un soltero hereda bienes de sus padres por valor de 800.000 euros le corresponderá pagar una cuota liquida de 81.000 euros, 50 veces más que por ejemplo un madrileño. Si a ese mismo joven le donan sus padres esa cuantía, deberá abonar 200.000 euros, la segunda cantidad más alta de toda España.

TRANSMISIONES

Consideran necesario aumentar el gravamen en la adquisición de elementos suntuarios, mantener los tipos reducidos que estén vinculados al desarrollo de actividades económicas y empresariales o referidas a la vivienda habitual, siempre con limitaciones en función del importe o el nivel de renta.

TASA DEL JUEGO

En paralelo, consideran que se debería subir los tipos actuales que gravan el juego y que deberían eliminar se las bonificaciones existentes. Según opinan, «existe un amplio recorrido en Castilla y León» para subir ese impuesto.

MODELO DE FINANCIACIÓN

Para los tres partidos y los dos sindicatos que han promovido este pacto fiscal «no resulta coherente reclamar» al Estado un modelo de financiación adecuado para Castilla y León sin plantear al mismo tiempo una revisión de loas actuales reglas fiscales.

NUEVOS TRIBUTOS

Junto a esto confían en que se establezcan nuevos tributos propios que graven «nuevos hechos». En esa línea, reclama que se exploren nuevos ‘impuestos verdes’ para que «quien contamine, pague».

Los firmantes del pacto llegan a plantear, en el documento «gravar a los grandes establecimientos comerciales que necesitan de transporte automovilístico para el acceso a los mismos». Se trataría de «hacer recaer los tributos ambientales sobre todo tipo de actividades que puedan perjudicar directa o indirectamente el medio ambiente».

Junto a esto, sugieren ‘penalizar’ los elementos fijos de comunicaciones telefónicas o telemáticas, la contaminación de las aguas o la emisión de gases y partículas a la atmósfera, como, por ejemplo, «equiparando la fiscalidad del diésel y la gasolina».

Además, expresan la necesidad de introducir tributos que graven la pérdida por la Comunidad de todo tipo de recursos productivos, así como la tenencia de activos no productivos, en especial por personas jurídicas.

En aras de luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida, exigen que se dupliquen los inspectores tributarios en la Comunidad, ya que, según explican, «Castilla y León se sitúa entre las autonomías con mayor peso de la economía sumergida».