SEGOVIA
La cúpula de Caja Segovia se sentará en el banquillo por las prejubilaciones
Los ex directivos se enfrentan a penas de prisión, pese a que la Fiscalía pide la libre absolución
Atilano Soto, a la salida del juzgado el día que declaró por las prejubilaciones, en una imagen de archivo.-ICAL
La ex cúpula de Caja Segovia se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Segovia el 22 de enero, fecha en la que comenzará el juicio por el Caso del cobro de las prejubilaciones millonarias por valor de casi 18 millones de euros.
La Audiencia de Segovia ha notificado a Izquierda Unida, como acusación popular, las fechas del proceso, que se prolongará «durante al menos dos meses y quizás más», según señaló a este periódico el abogado de IU, Alberto López Villa, satisfecho con la fijación de la fecha, tras siete años de instrucción del caso, sobreseimiento inicial del mismo y la posterior apertura del juicio.
Los ex directivos se enfrentan a peticiones de cárcel que oscilan entre los 4 y los 8 años, dependiendo si concurren conjunta o separadamente en cada caso los delitos de apropiación indebida y administración desleal. Mientras que la Fiscalía, que pidió en todo momento el archivo del caso, no presentará cargos y pedirá la absolución, lo que IU considera «inaudito», «por no estar ejerciendo su papel», la acusación particular además de las penas de cárcel y multa, reclama la devolución de las prejubilaciones.
Los ex directivos de Caja Segovia que serán juzgados son los que fueran presidente de Caja Segovia, Atilano Soto; vicepresidente Manuel Agudíez; vicepresidenta segunda, Elena García Gil; el director general, Manuel Escribano; el secretario general, Antonio Tapias, y el director general de Recursos Humanos, Enrique Quintanilla. Para los tres primeros se piden las mayores penas de 8 años de cárcel, mientras que para los otros se solicitan seis.
Además del 22 de enero como fecha de inicio del juicio, el proceso ha fijado como siguientes citas judiciales 5,6 y 7 de febrero y los días 12, 14 y 19 del mismo mes.
La magistrada del juzgado número 2 decretó en Enero de este año, desoyendo la petición de sobreseimiento de la Fiscalía, la apertura de juicio oral, al entender que cabía enjuiciarles por un presunto delito de apropiación indebida y, según los casos, por otro de administración desleal.
La jueza pidió para los encausados fianzas millonarias que la Audiencia, después, rebajó de 24 millones a 6,8 la fianza conjunta de los seis miembros de la cúpula.
El abogado de IU aseguró a EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN que, tras valorar su formación la posibilidad de pedir un aplazamiento para evitar la coincidencia de los juicios de la Audiencia provincial de Segovia y la Audiencia Nacional, que juzgará la salida a Bolsa de Bankia, finalmente no solicitará dicho aplazamiento, al considerar que ambos casos pueden llevar sus plazos sin entrar en litigio.
«La Audiencia Provincial puede esperar a dictar sentencia ya que su caso acabará casi a la par que la Audiencia Nacional».
En dicha vista se examinará la situación contable de las cajas que se integraron en el proceso de fusión liderado por Caja Madrid, en el que se integró la propia Caja Segovia cuando el consejo de administración dio luz verde a las prejubilaciones que causaron el escándalo.
López-Villa no ve extraño que haya que esperar a la decisión de la Audiencia Nacional, por lo que el juicio de las prejubilaciones de Caja Segovia podría terminar ya en primavera.. «Será un proceso largo, con muchos acusados, más de veinte testigos y varios peritos citados a declarar”, señaló.
Respecto al dinero que la acusación particular pedirá que devuelvan, se aproxima a los 18 millones de euros. «La cantidad desembolsada por Caja Segovia asciende a 17.954.809,50 euros, la practica totalidad, porque el expediente judicial iniciado no les hizo suspender los pagos y ellos siguieron con el calendario previsto como si no pasara nada». López Villa se mostró convencido de que las defensas «pondrán todas las trabas posibles para evitar un pronunciamiento sobre el fondo». «Seguramente pedirán la nulidad de todo lo actuado por unas u otras causas; alegarán indefensión, prescripción, cualquier cosa que pueda paralizarlo, pero parece que hay intención decidida de juzgar el caso al haber fijado varias fechas posteriores de continuidad del proceso», explicó.
La acusación popular lamenta el «papel ausente» de la Fiscalía que, a su juicio, «debería estar en la labor de la defensa del interés público y del ordenamiento jurídico y jamás asumir el papel de la defensa».