Reclama una Fiscalía contra la corrupción económica

Los delitos económicos traen de cabeza a los fiscales de Castilla y León. No solo por el aumento de casos en la Comunidad –en un año se han incrementado las diligencias previas incoadas en un 15%–, sino porque los fiscales carecen de conocimientos especializados para abordar la delincuencia económica. Y es que materias como contabilidad, derecho tributario, funcionamiento del mundo empresarial... «no forman parte del bagaje de conocimientos exigible a un fiscal».

Ante esta situación, la Fiscalía de Castilla y León reclama, como «todos los años, sin que hasta ahora se haya atendido», que los fiscales delegados puedan contar para su trabajo con «el auxilio» de un grupo de expertos en estas materias económicas.

No contar con ese apoyo está motivando en algunos casos «incomprensión, sentencias absolutorias» y otras veces «languidez de las causas». Y, además genera que las causas se «dilaten de forma excesiva» y que «no se recupere cantidad alguna por vía de indemnización de las cantidades defraudadas». Todo ello, según afirman, «conduce al desánimo».

Por todo ello, exige, una vez más, la creación de un delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el crimen organizado en Castilla y León, así como la creación de grupos de unidades de funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad especializados en la investigación de estos delitos. Y pide, junto a esto, que se dote a todas las fiscalías provinciales de un delegado específico en la materia –no existe en Palencia y en Segovia–.

El tema es relevante si se tiene en cuenta, además, que los delitos de fraude de cotizaciones y fraude de prestaciones a la Seguridad Social se han duplicado en el último año, pasando de once a 27 en 2017. En este punto, significa que la Fiscalía de Valladolid tiene sobre la mesa un «fraude masivo de prestaciones por desempleo en base a altas a la Seguridad Social en empresas ficticias».

Los delitos económicos experimentan una curva ascendente y lo mismo ocurre con los informáticos, en especial los relativos a la publicación en la red de fotos íntimas y suplantación de indentidad en redes social.

Para la Fiscalía, resulta «preocupante» la evolución que están teniendo los delitos de pornografía infantil. Por el número de casos detectados, pero sobre todo porque resulta muy «complicado detectar» los archivos y videos que se comparten ahora a través de grupos de WhatsApp y a través de la nube. Su detección y seguimiento requiere, según afirma la Fiscalía, «mecanismos de cooperación internacional», lo que impide una agilidad óptima en su resolución.

A esto se une que cada vez observa más estafas por cargos en tarjetas relacionadas con grupos criminales áltamente especializados que operan en el extranjero, así como el resurgimiento de comportamientos exhibicionistas y de provocación sexual.

Esto está generando «un colapso en los servicios centrales de la Policía Científica», encargados de realizar las periciales técnicas, según advierte la Fiscalía.

A la pretendida agilidad de la fiscalía no ayuda tampoco el hecho de que «el nuevo sistema digital», implantado en las fiscalías, «esté suponiendo una mayor carga de trabajo y más lentitud en el desempeño del trabajo de los fiscales». «Es general el descontento de los fiscales y funcionarios, llegando incluso a calificarlo de caótico», señala la Fiscalía en su documento anual, a lo que suma la carencia de personal en fiscalías provinciales, como la de Burgos, León yZamora.