‘Salvar el Archivo’ exige al Gobierno que evite sacar un solo documento más
El Grupo Parlamentario Mixto pide que el Archivo de Salamanca no sea utilizado para «negociar» con la Generalitat de Cataluña
Legajos en el Archivo Nacional de la Guerra Civil en Salamanca.-EL MUNDO
La senadora del Grupo Parlamentario Mixto, Rosa Domínguez de Posada, presentó ayer en la mesa del Senado una moción, «a petición expresa» de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, para pedir al Gobierno de España que se «abstenga de realizar entrega documental alguna». Asímismo, exige al Ejecutivo central que impida cualquier tipo de negociación cuyo objetivo sea «la desintegración del Archivo», tal y como recoge el texto presentado para su debate en la Comisión de Cultura.
Por otro lado, solicitan también al Gobierno socialista de Pedro Sánchez, «la reclamación a la Generalitat de Cataluña de la devolución al Archivo de Salamanca de toda la documentación recibida de manera indebida en los años 2006, 2008, 2011 y 2014», así como también devuelvan aquellos documentos «no restituidos a sus legítimos propietarios, por formar parte integrante del mencionado archivo de titularidad estatal».
El presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpio Sánchez, afirmó ayer que no descansará hasta haber «recuperado todos los documentos que de forma ilegal» la Generalitat de Cataluña «tiene retenidos». Sánchez también recalcó que no dejará «salir ningún legajo más del Archivo de Salamanca» y que si es necesario, emprenderá «cuantas acciones sociales, políticas y judiciales sean necesarias» para conseguirlo. «No permitiré que el Archivo se convierta en un arma política arrojadiza por intereses espurios», sentenció.
Después de la reunión mantenida, el pasado jueves 18 de octubre, entre el ministro de Cultura, José Guirao, y la consejera de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Laura Borrás, se anunció que durante el próximo mes de noviembre se reunirán con la Comisión Mixta de la Memoria Histórica para resolver los temas pendientes sobre el Archivo de Salamanca.
Por ello, y ante el temor de que se haga efectivo un nuevo expolio de 43.000 documentos con destino a Cataluña, la Asociación recuerda al Gobierno que al amparo de la ley 21/2005, de 17 de noviembre, en su artículo 2.2, se expresa que «el Estado transferirá a la Generalidad de Cataluña los documentos, fondos documentales y otros efectos, incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña, por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, creada en virtud del Decreto de 26 de abril de 1938, o en aplicación del Decreto de 13 de septiembre de 1936, que están custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española».
Es por eso que sólo se podrán restituir a Cataluña aquellos documentos que cumplan los requisitos señalados en el mismo, y por lo tanto, deberán ser incautados en Cataluña, aquellos documentos a personas físicas o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en dicha Comunidad Autónoma, quedando excluidas las actuaciones que excedan de las previsiones y del ámbito señalado. Así, los fondos documentales valencianos, madrileños, asturianos, aragoneses o murcianos, entre otros, y que se mantienen indebidamente en poder de la Generalitat de Cataluña, deben ser devueltos.
Cabe destacar, que la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 2013, y en el marco de la Ley 21/2005, se debe proceder a la devolución al Centro Documental de Salamanca, todos los documentos, fondos documentales y otros efectos de la Guerra Civil que hayan sido transferidos a la Generalitat de Cataluña vulnerando así, tanto el mandato legal, como aquellos que no han sido restituidos a sus detinatarios y propietarios originarios o sucesores.
El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, salió al paso este lunes para defender la postura de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, y criticó el uso que el Gobierno de Pedro Sánchez está realizando sobre el patrimonio de todos los ciudadanos españoles para «pagar su deuda» con Cataluña.
Mañueco no quiso pasar por alto que ya en 2005, con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y con la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en su entonces, ministra de Cultura, se acordó el envío de documentos a la Generalitat, pertenecientes a particulares, para hacerlos llegar a sus respectivos dueños.