Diario de Valladolid

Paralizada la licencia de la mina de Berkeley en Salamanca

El Consejo de Seguridad detiene la tramitación de la autorización aunque la empresa lo niega

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Redacción de Valladolid
Valladolid

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El Consejo de Seguridad Nuclear decidió en julio paralizar la tramitación del expediente de autorización de la planta de concentrados de uranio prevista por Berkeley Minera en los municipios de Retortillo y Villavieja de Yeltes (Salamanca). La empresa niega que se haya paralizado el proyecto y dice la documentación solicitada ya fue facilitada al CSN.

Fuentes de la compañía minera facilitaron el documento del CSN en el que comunica a la empresa que suspende la tramitación de la autorización de la planta hasta que se remita más información, puesto que considera que la documentación remitida es «incompleta» para analizar el riesgo de accidentes, el impacto y la protección radiológica, la garantía de calidad y la ventilación.

El CSN advierte a la compañía que la documentación debe ser remitida antes del 15 de octubre, aunque informa a la empresa de que puede pedir un plazo más amplio, lo que deberá ser comunicado al Consejo. «La información adicional que se demanda es necesaria para proseguir con la tramitación de su expediente hasta la recepción de dicha información».

Además, en un anexo de nueve páginas el CSN explica a Berkeley cada una de las aclaraciones que debe hacer para que el Consejo emita un informe. Además, la compañía recalcó que el CSN es un órgano consultivo que en ningún caso tiene potestad para paralizar el proyecto. «Solo el Ministerio para la Transición Ecológica tiene potestad para paralizar un proyecto de estas características y el proyecto no se encuentra en esta situación», añadió.

En relación a esta cuestión, la empresa informó sobre un escrito presentado el 11 de julio en el CSN para pedirle que aclara el estado de la tramitación de la autorización de la planta de beneficio de uranio en los yacimientos de Retortillo-Santidad. El Consejo señala que «prosigue la evaluación» de la documentación técnica para cumplir el plazo, que como máximo obliga a emitir un informe en un plazo de dos años.

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