Diario de Valladolid

Marcos cree que el cierre en 2025 es un «capricho» de la ministra

La consejera critica el «destrozo sin precedentes» a la minería porque la transición que propone el Gobierno es «al vacío» / «No hay un plan alternativo»

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Alba Camazón

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No al fin del carbón en 2025. Es la posición «contundente, firme y mantenida» de la Junta de Castilla y León. «Entendemos que haya una transición energética, pero una transición energética no es un cierre fulminante, no es una transición al vacío», aseguró ayer la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, que criticó la posición del Ministerio de Transición Ecológica y que ofrezca bajas incentivadas, ayudas y prejubilaciones ante el cierre del carbón.

Para la consejera, esto significa «más personas paradas». «Esto no es un plan alternativo», sentenció Marcos, quien agregó que las zonas necesitan un «plan económico real» y no «prestaciones sociales».

También añadió que el cierre anticipado de las minas y las térmicas en 2025 –La fecha límite que ha establecido la Unión Europea es 2030– se trata de un «capricho» de la ministra Teresa Ribera porque quiere ponerse «una etiqueta verde».

Marcos manifestó que el carbón «hace falta» y la actividad económica es «necesaria». «No entendemos el destrozo que la ministra Ribera está haciendo desde que llegó al Gobierno», aseveró la consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta.

También recordó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fijó 2018 como fecha límite para el cierre del carbón, y que este plazo de cierre se prolongó «a instancias de Castilla y León y, que tiene un Gobierno socialista».

También exigió al secretario general del PSOEen Castilla y León, Luis Tudanca, que pida responsabilidades a los diputados socialistas de Castilla y León que votaron en contra de la Proposición de Ley impulsada por el PP que pretendía ampliar las causas para denegar el cierre, vinculado a los precios, los niveles de contaminación o competencia.

Marcos aseguró que así se ponía «una alfombra roja a Iberdrola», puesto que la Proposición popular iba a poner «trabas» para que las empresas «cerrasen en lugar de invertir». «Si se obliga a invertir, dejarían de perjudicar al medio ambiente», sentenció.

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