Todos los partidos solicitan «con una sola voz» la retirada del ERE de Vestas
El comité se pregunta «quiénes son» los empresarios para «imponer condiciones» a una compra
La totalidad de grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León hicieron gala de «unidad» y pidieron ayer «con una sola voz» la retirada del ERE extintivo en la planta de Vestas en Villadangos del Páramo (León) así como la conservación del empleo en la factoría. Aunque fue el Grupo Parlamentario Podemos el que presentó la Proposición No de Ley (PNL) para pedir estos términos, su portavoz, Pablo Fernández, aclaró que se trata de una petición «conjunta» porque todos los grupos han puesto «su trabajo y su empeño en que la PNL pueda salir adelante», aclaró.
Fernández lamentó los «tiempos de incertidumbre» que se están viviendo y se felicitó en que en cuestiones como el cierre de Vestas «el color político quede al margen» para luchar conjuntamente ante la «codicia y avaricia» de la multinacional danesa. El objetivo último tiene que ser, según recalcó Fernández, el mantenimiento de los puestos de trabajo de las miles de personas que directa o indirectamente dependen de esta multinacional, informa Ical.
En la PNL se insta a la Junta a dirigirse al Gobierno de España para que «de manera coordinada» se requiera a Vestas la retirada «inmediata» del ERE de extincion anunciado, así como que se requiera la elaboración de un plan de viabilidad con carga de trabajo suficiente para la conservación del empleo. De la misma manera, se pidió la elaboración, por parte de la Junta, de un plan específico de reindustralización para, en el caso de materializarse el cierre, procure a los trabajadores un empleo que no les obligue a abandonar la provincia.
También se instó al Gobierno a requerir a la multinacional la devolución de las subvenciones recibidas desde las administraciones públicas si no se mantiene el empleo previsto en la concesión de esas subvenciones, un punto que se votó de forma separada y que contó con el respaldo de los Grupos Parlamentarios Podemos y Mixto y la abstención del resto; y a construir un grupo de trabajo con la participación «activa» del comité de empresa de la factoría leonesa para el seguimiento del contenido de la PNL tras su aprobación.
El procurador del Grupo Mixto (UPL), Luis Mariano Santos, trasladó también su apoyo «sin fisuras» y recordó que Vestas ha recibido alrededor de 13 millones de euros en 12 años en los que ha «esquilmado» las arcas públicas y se ha servido del trabajador «para especular y no para producir». De la misma manera, hizo un llamamiento a la necesidad de impulso industrializador que requiere la provincia de León, y consideró que es «un buen momento» para que tanto el Gobierno como la Junta demuestren que las políticas que han llevado a Castilla y León a los «escalones más infames» han cambiado. «Tienen la posibilidad de cumplir las promesas que han lanzado al aire en los últimos 35 años», pidió.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos calificó como «tragedia» la desaparición de Vestas en la provincia de León que «se muere» porque sus grandes empresas «se reducen a la mínima expresión» en una provincia especialmente marcada por el envejecimiento.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, el procurador Pedro Luis González compartió que es tiemo de estar al lado de los trabajadores «sin intentar sacar rédito político» y lamentó el cierre en una planta «rentable» y que se ha situado «entre las mejores del mundo», porque lo que pretende es «abaratar costes» y dejar a más de 2.000 familias en la calle.
Por último, el procurador del Grupo Parlamentario Popular y alcalde de León, Antonio Silván, también evidenció la «unidad de acción» que ha marcado el proceso desde el anuncio de cierre de la factoría, lo que se ha reflejado en el «rechazo unánime» a una decisión que Silván calificó como «desleal e irresponsable».
Por su parte, el presidente del comité de empresa de Vestas, Juan Francisco García, se preguntó «quiénes son» los dirigentes de la compañía danesa para intentar «imponer condiciones» a una posible compra de la factoría. A juicio de los trabajadores, ese aspecto será «competencia» del Gobierno central o autonómico.
Así lo declaró ante la posibilidad de aceptar la venta de la factoría siempre y cuando se dedique a una actividad diferente a la desarrollada hasta el momento. El comité de empresa recordó que la compañía adeuda 90 millones de euros a Hacienda, además de que recibió 17 millones de euros en subvenciones, por lo que García estimó que «tienen poco que pedir aquí o condicionar».
OTROS ACUERDOS EN EL PLENO
Bienes Patrimonio.
Respaldo a una mayor promoción de los Bienes Patrimonio de la Humanidad, alternativas a la Central de Reservas de Turismo Rural cerrada en 2017, entre otras medidas.
Elevar la plantilla de fisioterapia.
Las Cortes instan a la Junta a incrementar la plantilla de fisioterapia en los centros de Atención Primaria que cierran por la tarde y poseen una «considerable» espera de servicio.
Envejecimiento activo.
Impulso a proyectos de la ‘Silver Economy’ ante el reto del envejecimiento activo de los mayores y fomentar «un estilo de vida saludable».
No a la subida de impuestos.
PP, Cs y UPL piden al Gobierno que rectifique y no «ponga en riesgo» el crecimiento y la creación de empleo.
Salario de funcionarios.
Aprobada por unanimidad la subida salarial del 0,25% para los empleados públicos.