Quiñones ve su actuación en las obras de la carretera de León «legal» y «honesta»

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sostuvo hoy que todas las actuaciones que lleva a cabo se realizan de forma «honesta» y con trabajo «limpio, legal y volcado en la solución de los problemas de los ciudadanos», como en su opinión hizo en relación a la paralización de las obras de una carretera de León sobre la que mantuvo una conversación telefónica a principios de año con un empresario, investigado en el marco de la Operación Enredadera.

Ante la comisión de Fomento y Medio Ambiene de las Cortes, Suárez-Quiñones compareció a petición propia y del Grupo Podemos para informar sobre la gestión realizada en relación al expediente de obras de mejora de la LE-413, que une Villadangos del Páramo y Valcabado (León), tras entrar en concurso de acreedores, informa Ical.

Las explicaciones del titular de Fomento, que aseguró no arrepentirse de nada, no convencieron a los grupos Socialista y Podemos y al parlamentario de UPL Luis Mariano Santos, quienes pidieron la dimisión de Suárez-Quiñones. También, Ciudadanos exigió responsabilidades al consejero por un asunto «ético», no «legal», y lo invitó a meditar sobre su continuidad, mientras para los «populares» no existe «caso» y defendió su iniciativa política.

El consejero recalcó en su primera intervención que los hechos se refieren a una «única» conservación, «corta», «sencilla» y con un contenido «inequívoco» y «claro». Suárez-Quiñones ofreció explicaciones para demostrar su “corrección”, tras difundirse una llamada telefónica, en relación a una actuación que consideró legal y ajustada a lo establecido en la normativa de contratación, de acuerdo a la figura de la cesión de contratos.

Suárez-Quiñones destacó que la obra era la primera en ejecutarse del bloque de actuaciones prioritarias, por lo que se adjudicó en julio de 2016, si bien los trabajos se paralizaron. Tras comunicar la empresa la negativa a ceder las obras a otras sociedades contactó con el empresario para que una empresa de su grupo asumiera el proyecto por razones «objetivas», como son tener actividad en León, «potencial» y «cercanía» a los trabajos.

Aseguró que no podía quedarse de «brazos cruzados» ante el «imperioso» interés público y la «preocupación» existente en la zona del Páramo leonés. «No admitía demoras», dijo. «La resolución de los problemas no admite vacilaciones sino acción. Así se hizo, así lo hice inmediatamente y así seguiré haciendolo», afirmó.

También, sobre la frase «yo soy la administración», apuntó que demuestra que se trata de una llamada «oficial», para que valore la cesión del contrato, algo que reconoció compete a la adjudicataria, y que debe recogerse en escritura pública. Sin embargo, señaló que la intervención no permitió que se retomaran los trabajos, por lo que avanzó que hasta dentro de ocho meses no se volverán a licitar, al tenerse que actualizar el proyecto e iniciar el concurso.

«Siempre haré lo posible para encontrar una solución legal a un problema cuando la norma lo permita», insistió y recalcó que las críticas serán estériles puesto que recalcó que una de las «potestades» que permite la Ley de Contratos es la cesión de contratos, para velar por el «interés público» y la «eficacia» y con el sometimiento al derecho. Además, señaló que no hay, ni había una razón objetiva «legal» para excluir de esta figura a una determinada empresa, que recordó cuenta con trabajadores que ejercen su tarea con profesionalidad.

Por otra parte, negó «favoritismo» de la Junta al grupo empresarial del investigado, puesto que -recalcó- no participó en ninguno de los más de 1.000 contratos licitados desde 2015. Tan solo, señaló, sus firmas recibieron dos al participar en una Unión Temporal de Empresas, con un 50 y un 65 por ciento. Tampoco fue seleccionada para acometer alguno de los 17 contratos de obras de emergencia encomendadas con un presupuesto de cuatro millones.

Además, Suárez-Quiñones rechazó que ofreceria información privilegiada, un «ariete» utilizado por la oposición, tras la conversación del empresario con una hija suya, sino que se trata de documentación recogida con “nombres y apellidos” en los Presupuestos Generales de la Comunidad.

Dimisión

El Grupo Socialista consideró que se trata de una «gestión políticamente corrupta», según aseguró la socialista Ana Sánchez, quien expresó la indignación que generaron las palabras del consejero, a quien acusó de intentar una «manipulación impresentable» a través de justificaciones «peregrinas». Pidió explicaciones a Suárez-Quiñones por contactar con una empresa determinada y no con los 99 licitadores que acudieron al concurso, de los que siete ofrecieron una menor cuantía y 43, entre 1,2 y dos millones.

También se preguntó si de forma habitual el consejero llama de forma personal al padre de los apoderados de las empresas, como hizo en el caso de Arcor. Además, lo acusó de mentir, puesto que recordó que esta sociedad tiene su domicilio social en Madrid y señaló que su «antecesora», Begar, recibió hasta 2008, más de 355 millones en proyectos.

Sánchez cuestionó, igualmente, la actuación como «rey sol» de Suárez-Quiñones a quien pidió que juzgue si su comportamiento es «éticamente reprobable». Por ello, pidió su dimisión y aseguró que la sociedad está hastiada del PP ya que considera a Castilla y León como su «cortijo» y actúa solo con transparencia con algunas empresas.

En la misma línea, el parlamentario de Podemos Ricardo López demandó también la marcha del titular de Fomento por un hecho «grave»y por ofrecer explicaciones «burdas» sobre un caso en el que recordó la implicación de PP, PSOE y Ciudadanos. Por ello, consideró que el PP no gobierna en Castilla y León para los ciudadanos, sino para algunos empresarios.

El dirigente de la formación morada consideró que existe más que razones para que dimita el consejero de Fomento, de acuerdo a la legalidad y a sus competencias, puesto que insistió no puede ofrecer una carretera «saltándose las normas de contratación». Además, se remitió al Código Ético para recriminarle su llamada.

En la misma línea, el procurador ’leonesista’ invitó a Suárez-Quiñones a dejar su cargo por cometer un «error grave» y cuestionó que la elección del empresario se debe a su compromiso con León. También considero que existió «trato de favor» y recordó que la operación afecta no solo al PP, sino también al PSOE y Cs.