Clemente pide revisar el Consultivo tras la ley de contratos

La presidenta de las Cortes autonómicas, Silvia Clemente, consideró ayer que hay que «revisar el funcionamiento del Consejo Consultivo» tras la entrada en vigor en marzo de la nueva Ley de Contratos, que determina «cambios sustanciales en cuanto a las tareas que realiza» el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl), adscrito a esta institución propia.

Y es que, tal y como explicó Clemente, ahora el Tarcyl «tiene que revisar las modificaciones de los contratos y cuándo se realiza una concesión», situación que puede determinar que «en algunos casos, el Consultivo tenga que emitir un dictamen que afecte a ese mismo contrato que ha sido dictaminado», lo que obliga, según la presidenta de las Cortes, a «revisar el funcionamiento» del Consejo «en un futuro más inmediato que largo» para «garantizar el buen funcionamiento que hasta ahora ha tenido».

Además, Clemente recordó que la Ley de 2013 para la modificación de la organización y el funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad «se dictó para atender una situación concreta, pero superada la crisis económica y en un momento de recuperación como este, es obligado revisar el funcionamiento del Consejo Consultivo», puesto que «el legislador tiene que estar atento a las necesidades de evolución y avance de una institución para dar una respuesta adecuada».

La presidenta de las Cortes regionales realizó estas declaraciones durante la jornada conmemorativa del XV aniversario del Consejo Consultivo, celebrada en el aula Unamuno de la Universidad de Salamanca con motivo del VIII Centenario del Estudio salmantino, y donde Clemente felicitó a la institución jurídica de la comunidad por «el buen trabajo realizado y por garantizar el principio de legalidad en nuestra Comunidad Autónoma y contribuir a combatir el fraude y la corrupción».

Clemente aseguró así que el Consejo Consultivo «ha favorecido el autogobierno en Castilla y León» y esperó que la jornada de hoy, destinada a los estudiantes de los Cursos de Especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca, «les enseñe que hay una función muy importante, pero callada y silenciosa, como la consultiva».

Enmarcó dicha función Clemente en la «política preventiva» para que «fraude y corrupción no estén» a través de la «función consultiva, que garantiza el principio de legalidad como fundamental para el funcionamiento de las instituciones» y que, según la presidenta de las Cortes, se desarrolló «con mayor esplendor a partir de la existencia de las Comunidades Autónomas».

Reivindicó también la existencia del Consejo Consultivo de Castilla y León su presidente, Mario Amilivia, que consideró la jornada como una oportunidad «para poner en valor tanto la doctrina jurídica del Consejo Consultivo como la labor del Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración», órgano este último único en Castilla y León.

Así, y durante sus 15 años de existencia, el Consejo Consultivo de la región emitió «14.500 dictámenes, de los que se deriva doctrina, y 566 resoluciones del Tribunal de Recursos Contractuales por un montante de 4.188 millones de euros». Todo ello pone de relieve, según Amilivia, el «balance positivo» del Consejo Consultivo, puesto que «sin aspavientos, se ha controlado la legalidad y se ha evitado la litigiosidad para la Administración Autonómica», consiguiendo que «impere la justicia administrativa a través de una institución eficiente al servicio del derecho público».

En ese sentido, Amilivia aseguró que existe «un derecho público nuevo que se está generando en España, de carácter garantista, que busca mecanismos correctores», y en el que se enmarca «tanto el Consejo Consultivo, como control previo de la legalidad, como el Tribunal de Recursos Contractuales, como instrumento de fiscalización previa de la contratación en la Administración, coadyuvando a que las administraciones sirvan mejor a sus intereses».