Castilla y León recuperará los seis millones que recortó a la dependencia

Amparado por la «recuperación económica» de una crisis «que todavía tantos padecen», el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, anunció ayer que las cuantías de las prestaciones para cuidados a personas dependientes en el entorno familiar volverán en los próximos dos años a ser las mismas que antes del acuerdo de 2012, que pactó reducir un 15% las cuantías máximas de este tipo de ayudas.

En julio de 2012, el Ejecutivo de Herrera alcanzó un acuerdo con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en el que se recortaban un 15% las cuantías máximas de los cuidados en el entorno familiar «a cambio» de incrementar un 20% las cuantías máximas para acceder a los servicios profesionales del sistema de Dependencia gara los grados III y I, y un 75% para el grado II.

Esta fue una decisión «tan difícil como acertada», explicó Herrera antes de recordar que Castilla y León «lidera los ránkings de calidad y atención a la dependencia y de creación de empleo en el sector», puesto que la dependencia emplea a unas 26.500 personas.

Así, está previsto que unas 24.000 familias recuperen el 70% de ese 15% que se recortó a lo largo de este año, una medida que desde Presidencia está cifrada en unos cinco millones de euros, a los que hay que sumar algo más de un millón para 2019 «siempre que las circunstancias presupuestarias lo permitan», expuso Herrera.

Durante el acto de bienvenida de los cinco primeros trabajadores con discapacidad intelectual que se incorporarán a la Junta, el presidente del Ejecutivo regional explicó que su Gobierno había tomado esta decisión después de que el Cermi solicitara la reversión de los recortes de forma «progresiva y comprometida».

Entre otras de las medidas tomadas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se ha convocado unas oposiciones específicas para la incorporación de personas con discapacidades. Los cinco futuros empleados prestarán sus servicios en la sede de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Salamanca y en los centros de atención a personas con discapacidad (Camp) de Burgos, Palencia, Valladolid y Zamora.

Herrera también informó de que los 205 opositores que aprobaron pero no obtuvieron plaza ya forman parte de una bolsa de trabajo «de la que se irá tirando». Además, anuncó una convocatoria similar que se celebrará en septiembre con una oferta de doce plazas, puesto que el empleo es «la política social más importante».

Una de las nuevas trabajadoras de la Junta de Castilla y León, Lourdes Guerra, intervino en el acto institucional para pedir que se amplíe este tipo de ofertas específicas y las ayudas a la vivienda, para que estas personas se independicen con mayor facilidad. Guerra llamó a «no rendirse nunca» y concluyó su intervención con un «si se quiere, se puede, nunca se sabe lo que la vida nos deparará».

Poco después de la intervención de Guerra, Herrera anunció también la puesa de marcha de dos líneas de subvenciones, una de apoyo a la vida autónoma que de «apoyo a la vivienda», y otra para formación de personas con discapacidad como asistentes personales de personas dependientes.

Además, el presidente de la Junta informó de la ampliación hasta el 10% de la reserva de plazas para personas con discapacidad en los procesos de selección ordinarios.

Finalmente, Herrera recordó que los 209 centros especiales de empleo incorporaron el pasado año 2.723 contratos en todo Castilla y León. Centros que, en general, dan empleo a 5.462 personas con discapacidad.