Un ex director de Caja Segovia dice que ‘solo’ cobró de prejubilación 7 millones de euros

El que fuera director general de Caja Segovia durante once meses, hasta finales de 2011, Miguel Ángel Sánchez Plaza, reconoció ayer que al abandonar la entidad percibió en compensación un total de 6.956.823 euros, pero se quejó de que resultó perjudicado respecto de otros directivos que luego salieron y que no contaban con «requisitos tan gravosos».

Las prejubilaciones millonarias abonadas a sus directivos por Caja Segovia, objeto de investigación en el juzgado, fue una de las principales cuestiones trasladadas al compareciente en el marco de la comisión de investigación sobre la gestión de las cajas de ahorros celebrada en las Cortes. Sánchez, reconoció que al abandonar la entidad fue compensado con casi 7 millones de euros, incluidos cerca 4 en concepto de prejubilación y el resto en compromisos por pensiones.

Sánchez Plaza se encuentra inmerso en el proceso judicial abierto por las prejubilaciones en la entidad en su condición de partícipe a título lucrativo de un delito de administración desleal, lo que se ha traducido en su caso en la imposición de una fianza de 3,9 millones de euros. Pese a ello, el exdirectivo, en declaraciones recogidas por Europa Press, se quejó de que el acuerdo alcanzado no fue del todo productivo para sus intereses, toda vez que contaba con «dos debilidades importantes», en referencia a que se vio obligado a retrasar cuatro años su prejubilación y al pacto de no concurrencia impuesto.

Sin embargo, el compareciente defendió la legalidad de los emolumentos percibidos amparado en los requerimientos que a lo largo de 2011 tanto el Banco de España como la Junta, «ante el clima de alarma social existente», efectuaron a la entidad para que aportara toda la documentación «con pelos y señales, incluidas las prejubilaciones», sin que entonces se hiciera constar irregularidad alguna.

Además, incidió en que incluso percibía en Caja Segovia una retribución inferior en un 20% a la que recibía su predecesor en el cargo.

En su declaración, el exdirector general se desmarcó de operaciones como la asunción de la deuda tributaria por importe de 6,9 millones de euros de la sociedad Navicoas Asturiana S.L, de la que aseguró que conoce por la prensa, y también de la decisión de integrarse en el Sistema de Integración Bancaria con Bankia y otras entidades de ahorro, pues él desembarcó en el SIB «cuando ya estaba hecho».

La Junta «no puso pegas» a los créditos para arribas

El expresidente de la Comisión de Control de Caja Burgos entre 2006 y 2012, Ángel Calvo Rojo, afirmó en la comisión de investigación que los créditos judicializados al expresidente de la entidad José María Arribas generaron «cierta polémica» en el órgano que dirigía, pero las actas se pasaron a la Consejería de Hacienda de la Junta , que «no puso ninguna pega». «Pensamos que a lo mejor éramos nosotros los equivocados», declaró.

Calvo afirmó que «se pidieron aclaraciones, se hizo algún informe», se demandó «ayuda por parte del secretario de la caja» y «se hicieron reuniones para aclara todo esto» pero esas actas «pasaron a la Consejería de Hacienda, que no puso ninguna pega», informa Ical.

El exdirectivo financiero comentó que la polémica surgió en la Comisión de Control porque «el riesgo estaba muy concentrado y no había unos bienes para responder» y constató que en estos casos «a las personas que están en los cargos se les mira con más lupa que a un cliente normal». Eso sí, dejó claro que aunque «hubo una discusión» en la Comisión de Control sobre estos créditos, «no hubo un acuerdo formal de rechazo» a las operaciones. «No se adoptó un acuerdo de que esto estaba mal y había que elevarlo a la Junta», apostilló, para resumir que sentenciaron: «Si la consejería ve que no hay nada especial, será que no lo hay».

El exdirectivo insistió en que si cualquier consejero pedía un crédito aunque fuera de 1.000 euros, «tenía que pasar» por el órgano que dirigía y posteriormente por la Consejería de Hacienda.