La Junta pide al Gobierno que cambie la norma que hace peligrar las juntas vecinales
De Santiago-Juárez dice que si no es normativa básica, el Ejecutivo regional asumiría su regulación
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, hizo un llamamiento al Gobierno para que modificación del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo que afecta a las juntas vecinales o que determinen si se trata de normativa básica o no para que, en el caso de no ser así, pueda ser el Ejecutivo regional el que pueda diseñar la norma sobre esta materia. Esta norma, que pone en peligro la existencia de las juntas vecinales, las obliga a tener un secretario habilitado en lugar de un vecino que hacía estas labores hasta ahora.
A pregunta del portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Grupo Mixto, Luis Mariano Santos, sobre la viabilidad de las juntas vecinales a raíz de la normativa del Gobierno, De Santiago-Juárez se comprometió a seguir tomando medidas para garantizar el buen funcionamiento de las entidades locales menores.
El vicepresidente de la Junta recordó que el Ejecutivo autonómico fue la única administración que se dirigió a la Secretaría de Estado de Función Pública para que «corrigiese» el borrador del proyecto, pero hicieron caso omiso, informa Ical.
Cuando se aprobó, la Junta de Castilla y León volvió a dirigirse al Gobierno para trasladar «que se habían equivocado». Ahora, De Santiago-Juárez insistió en el pleno en que volverán a trasladar esta reclamación a través de un escrito para conocer si se trata de una norma básica, algo que «no está claro». De este modo, en el caso de que sea posible, la Junta sería la que regulara la materia mediante una norma autonómica para que la figura de las juntas vecinales vuelva a aparecer «con capacidad suficiente».
«Servicio impagable»
Luis Mariano Santos recordó que en Castilla y León hay más de 2.000 de las 3.700 juntas vecinales que existen en todo el territorio nacional, en especial en las provincias de León, Palencia y Burgos, que están prestando «un servicio impagable» y que forman parte de la «idiosincrasia provincial», a pesar de que hoy en día se encuentran «en serio riesgo».
Se trata, según recalcó Santos, de las administraciones «más cercanas» al ciudadano y que prestan importantes servicios porque su función «no es baladí». El procurador de UPL dijo haberse sorprendido de que esta decisión haya venido de la mano del PP, y no de Ciudadanos, después de que la formación naranja fuera quien solicitaba la disolución de las diputaciones. Al respecto, preguntó al Ejecutivo regional «qué pasará con ayuntamientos con numerosas juntas vecinales», porque «más que un proceso de racionalización, el señor Montoro ha hecho un proceso de extinción», lamentó.