La Junta elaborará un censo de los represaliados por el franquismo

La elaboración de un censo de víctimas de la Dictadura en Castilla y León y la inclusión de contenidos sobre la represión franquista en los estudios de EGB y Bachillerato son las principales incorporaciones al proyecto de Decreto sobre Memoria Histórica y Democrática, tras el periodo de sugerencias al que ha sido sometido. Más dificultad presenta otra de las iniciativas propuestas, la creación de un Banco de ADN, según expuso ayer el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en la presentación del texto normativo.

Para la elaboración del censo de represaliados, la Administración regional espera firmar este mismo mes un convenio con el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca. En esta misma ciudad se encuentra el Banco Nacional de ADN, pero, según el vicepresidente, acudir a este medio es una cuestión «complicada», debido «a la falta de homologación en los distintos organismos» de la Comunidad, por lo que se estudiarán «otras opciones».

«Seguro que algo hemos hecho mal todos cuando aún estamos debatiendo cuestiones relacionadas con la Guerra Civil y la Dictadura franquista», reconoció De Santiago-Juárez en la presentación del decreto tras la reunión del Consejo de Gobierno. A su juicio, con este documento se ha dado «un paso importante» para «normalizar un asunto que debía estarlo desde hace mucho tiempo», gracias «a la colaboración entre todos». Según apuntó, el 99% de las asociaciones memorialistas están de acuerdo con el decreto.

De estos colectivos procede la propuesta de incorporar la Memoria Histórica en los estudios de los alumnos de EGB y Bachillerato. Para ello, «en el contexto de la educación basada en los derechos humanos y la paz», se incluirán contenidos «que permitan conocer la verdad de los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista», apuntó el vicepresidente. Hasta que esto se lleve a cabo, Educación elaborará unidades didácticas que pondrá a disposición de la comunidad escolar, en la línea de lo que viene haciendo con el Diálogo Social.

El decreto, como ya avanzó en su día el consejero de la Presidencia, añade a ‘Dictadura’ el término ‘franquista’, que no aparecía en el borrador, y recoge una línea de ayudas de 100.000 euros para las asociaciones de Memoria Histórica, que verá la luz a finales de abril. Esta cuantía irá en buena medida a facilitar la búsqueda y exhumación de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión.

La Junta elaborará un mapa de fosas y apoyará los actos de reconocimiento y homenaje a las víctimas. El vicepresidente reiteró que un país democrático «no se puede permitir cerrar este capítulo de su historia mientras tenga muertos en las cunetas».

El decreto regula el procedimiento de autorización de las exhumaciones, siguiendo el que determina la normativa estatal, con peculiaridades propias de Castilla y León. Para ello, contará con un consejo técnico que autorizará estas actuaciones y su decisión será vinculante para los ayuntamientos.

APOYO DE CCOO Y CRÍTICAS DE LA ARMH

CCOO defendió ayer que el decreto supone un «progreso» respecto a la situación precedente y «abre vías para avanzar en el necesario trabajo de reconocer a las personas que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o la dictadura, muchas de las cuales aún permanecen en las cunetas», informa Ical.

A juicio de este sindicato, que ha hecho de puente entre la Junta y las asociaciones memorialistas, el decreto es un «paso importante para restablecer la justicia y la verdad histórica en la Comunidad».

La Asociación Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) cuestionó la norma y reclamó que sea una comisión en las Cortes la que escuche las demandas de este colectivo. La ARMH duda de la eficacia del censo de víctimas en colaboración con el Centro Documental de la Memoria, «cuando la mayoría de los asesinatos de las personas exhumadas fueron extrajudiciales y no dejaron rastro documental».