Las ayudas de la Junta primarán empresas que contraten a colectivos más vulnerables

«Si un contrato de la administración sirve para promover una sociedad más inclusiva es obvio que la institución estará cumpliendo mejor sus fines, siendo más eficaz y eficiente». Para que esta filosofía empape el ámbito de las subvenciones públicas, la Junta de Castilla y León primará en el acceso a las mismas a aquellas empresas que hagan una apuesta activa por los colectivos más vulnerables y las medidas de conciliación. Asimismo, el Ejecutivo autonómico excluirá de sus ayudas a las compañías que hayan sido sancionadas por eludir sus obligaciones en esta materia.

En el marco de inauguración de la jornada Oportunidades de la Responsabilidad Social en la Ley de Contratos del Sector Público, que contó con la presencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el líder regional anunció la incorporación de este incentivo como uno de los principales retos de la Administración autonómica para los próximos meses.

Juan Vicente Herrera destacó también el objetivo de aprobar un nuevo acuerdo en materia de responsabilidad social en la contratación destinado «incrementar el porcentaje de reserva» en la oferta pública a las personas con discapacidad, que en estos momentos es del 10%; establecer como «obligatorias para todos los contratos» las cláusulas sociales que ahora incorporan ocho de cada diez; y extender los proyectos de inclusión sociolaboral, que arrancaron a finales de 2017, a todos los contratos de obra «a partir de una determinada cuantía» con el requerimiento de «un mínimo de un 2% de horas ejecutadas por parte de trabajadores en riesgo de exclusión».

Asimismo, el presidente de la Junta avanzó la intención de extender estas políticas a las entidades locales a través un acuerdo con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) que sirva para poner «en común modelos y pliegos-tipo que faciliten estas prácticas».

La Junta de Castilla y León tomó consciencia, de la mano del tercer sector, del «potencial estratégico que tiene ese enfoque mucho más social de la contratación pública» en 2012. En ese mismo año, la responsabilidad social se aplicó a un acuerdo sobre directrices vinculantes para los órganos de contratación en el que se estableció una reserva del 6,5% para los centros especiales de empleo y se introdujo una serie de cláusulas acorde con su naturaleza. Unas medidas que, como recordó Herrera, «se reforzaron en 2016» al ampliar dicho porcentaje al 6,8%, incluir a las empresas de inserción y crear un Banco de buenas prácticas.

Resultados

«Sin ninguna conformidad». Partiendo de este precepto, el presidente del Ejecutivo autonómico realizó un balance de las medidas implantadas durante estos años con «unos resultados que están siendo muy positivos».

Cuando la apuesta firme del Gobierno regional por la responsabilidad social comenzó hace cinco años, la Comunidad contaba con 185 centros especiales de empleo en los que trabajan 3.872 personas con discapacidad. A cierre de 2017, «después de navegar por los mares de la crisis», eran cerca de 5.500 los castellanos y leoneses en las plantillas de estos espacios, que ascendieron hasta los 209.

«Desde 2012, hemos reservado a dichos centros más de 2.150 contratos; incrementando del 50 al 72% la financiación pública de aquellos dirigidos a personas con discapacidad más severa. Y hoy podemos decir que el 80% de los contratos adjudicados por la Administración incorporan ya cláusulas sociales», resumió Herrera para después matizar que este «conjunto de esfuerzos» ha merecido el reconocimiento del CERMI.

El líder regional recordó también que a finales del año pasado se licitó el primer contrato que incorporó un proyecto de inserción sociolaboral. «Se trata de la ampliación y reforma del Hospital de Soria, que contempla la contratación de 14.600 horas de trabajo por personas en riesgo de exclusión», explicó, concretando que ya son diez las agrupaciones empresariales que han accedido a esta iniciativa que será adjudicada en los próximos meses.

Diálogo social

Herrera expuso durante su intervención la relevancia de otros dos acuerdos alcanzados al abrigo del «fructífero» Diálogo Social. Uno de ellos, en pro de la calidad del empleo ofertado por la Junta que promueve la «contratación de más personas con dispacidad de las que la normativa exige y de aquellas con especiales dificultades para la inserción» así como la «igualdad efectiva entre hombres y mujeres o la protección más intensa de la salud laboral».

En el segundo acuerdo se pactó el borrador de la futura Ley de medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y de eliminación de la brecha de género en Castilla y León. «Es el primer proyecto de ley de esta naturaleza que se impulsa en España», sentenció el presidente, aseverando que contempla «un futuro Sistema Público de Conciliación» al que aplicarán la «modesta pero relevante experiencia» de la Comunidad en el desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia. La clave del mismo reside, a juicio de Herrera, en «la apuesta consesuada por los servicios profesionales». Un enfoque que, como puntualizó, debería trasladarse también a la conciliación.

El presidente de la Junta de Castilla y León puso en valor el «amplio consenso político» conseguido en la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público que, tal y como matizó, supone «un paso de gigante hacia un sistema más avanzado, moderno y solidario».

Una puesta en marcha en la que jugó «un papel decisivo» el Foro de Contratación Socialmente Responsable que dirige el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de una organización nacional sin ánimo de lucro que surgió en 2010 por iniciativa del sector de la discapacidad español y de una serie de grandes empresas privadas para incrementar las oportunidades laborales de este colectivo y la accesibilidad universal.