La Comunidad es quinta en procedimientos judiciales por corrupción
Con 10 casos y 33 acusados, Castilla y León aparece situada en los puestos de cabeza durante 2017
-EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN
Los juzgados españoles sitúan a Castilla y León en el mapa de la corrupción en 2017. Diez procedimientos judiciales por delitos de corrupción, cinco en el último trimestre, y 33 personas acusadas o procesadas, 16 en el último trimestre, tienen la ‘culpa’ de que la comunidad autónoma haya ascendido al top 5 de la corrupción española.
Andalucía (22), Canarias y Cataluña (11) y Castilla y León y la Comunidad Valenciana (10) son las comunidades que más procedimientos judiciales por corrupción tuvieron a lo largo de 2017.
Los 10 procedimientos de la comunidad hacen que Castilla y León tenga prácticamente el 10% de los casos anuales de corrupción y el 25% de todos los registrados en el último trimestre. De las 411 personas acusadas o procesadas, 33 pertenecen a Castilla y León y 16 se sentaron en el banquillo de los acusados en el último trimestre, lo que hace que se sitúe como la segunda comunidad con el índice más alto, sólo por detrás de Andalucía (65).
Entre el 1 y el 31 de diciembre del año pasado, los Juzgados y Tribunales concluyeron un total de 97 procedimientos a nivel nacional, 20 de ellos en el último trimestre. Un total de 411 personas fueron procesadas o acusadas entre todos los procedimientos y 97 de ellas pasaron por los juzgados en el último trimestre del año.
Hubo un total de 126 sentencias, 93 de las cuales fueron condenatorias –con o sin conformidad– o parcialmente condenatorias. Es decir, el 73,8%. Hubo 33 absolutorias.
En el último trimestre hubo 26 sentencias, ocho de las cuales absolutorias. Destacan los casos de Navarra y La Rioja, únicas comunidades autónomas con cero casos de corrupción en el país.
Los datos pertenecen al repositorio sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial. Su finalidad es permitir a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco de la corrupción mediante una información que se actualiza trimestralmente. Los datos reflejados hacen referencia a la corrupción pública, siempre presente en los índices más altos de preocupación ciudadana.
Los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos y, por extensión, la afectación del dinero público, abarcando tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.