Castilla y León plantea un tope máximo de los pagos directos vinculado al empleo

Sin fisuras. Junta, Opas, partidos políticos y cooperativas ratificaron ayer, en Valladolid, el documento de Comunidad ante la nueva PAC con el apoyo explícito a las personas que trabajan y viven «principalmente» de la actividad agraria, y la defensa de unos pagos directos acordes a la realidad productiva y con un tope máximo vinculado al empleo. Todo ello, apostando por el mantenimiento del actual nivel de financiación de la PAC.

Un documento «básico» para el momento, como apuntó la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, en un contexto aún sin presupuesto, con la base de la Comunicación de la Comisión Europea, y cuyas primeras propuestas legislativas no se esperan hasta el mes de junio.

El documento consensuado aboga por aprovechar las «oportunidades» ante la nueva PAC a partir de 2020 para garantizar un sector agrario regional «rentable, sostenible e innovador». Por eso, Castilla y León tiene claro que el sistema de ayudas que surja de la próxima reforma debe incluir una «discriminación positiva» para los agricultores y ganaderos profesionales, centrándose en explotaciones familiares y en los que trabajan y viven «directamente y principalmente» de la actividad agraria. Un texto que ha convencido a todos los firmantes, conscientes de que se trata de un «punto de partida», y donde se sitúa a los jóvenes y las mujeres como «actores clave» para el logro de los objetivos de la política de desarrollo rural.

Marcos destacó ayer el «ejercicio de generosidad» rubricado en torno a la nueva PAC, «anteponiendo las personas y el sector primario a las diferentes ideologías». Un trabajo con el que, dijo, se inicia una «andadura» con diferentes fases.

El documento de Comunidad de la PAC se remitió ayer al Ministerio de Agricultura. Un texto que incide además en el papel «fundamental» de los pagos directos. Castilla y León reiteró su posición a favor de una PAC estructurada en dos pilares como el modelo actual, con una prioridad clara: un primer pilar financiado al 100% con fondos comunitarios, «sin riesgo de renacionalización». Un elemento que se considera primordial para que la Política Agraria siga siendo «común».

Además, se insistió en la necesidad de que esos pagos directos sean «acordes a la realidad productiva» de las explotaciones en cada momento, incorporando una limitación máxima que dependiera del empleo en la explotación. Esta es una de las opciones que se apuntaba en la Comunicación de la CE con el objetivo de «orientar» con mayor eficacia los pagos directos, y que recoge también el documento de Castilla y León. Es decir, se apuesta por un tope máximo de los pagos que tenga en cuenta la mano de obra para evitar efectos negativos en el empleo de cara a una futura PAC «más justa».

Tras la fase nacional, en la que Marcos ya ha dicho defenderá la posición de Castilla y León «en todas las mesas», se abrirá la etapa de las enmiendas al futuro desarrollo normativo de la PAC, en el Parlamento Europeo. La responsable de Agricultura reclamó, por otra parte, el máximo consenso también a los firmantes una vez que se apruebe la PAC y llegue el momento de «verse las caras» con el resto de comunidades, a la hora de profundizar y defender lo específico de Castilla y León.

La Comunidad quiere con este posicionamiento común «poner en valor» el campo como un sector estratégico. Por eso, se insiste, en un marco de posibles recortes tras el brexit, en la necesidad de mantener el presupuesto actual de la PAC. Y es que, como recordó Marcos:«no se puede exigir más al campo si no se le da más».

Junto a los elementos diferenciadores a favor del agricultor profesional, el documento de Comunidad quiere dar «mayor protagonismo» a los agricultores en la cadena alimentaria, y plantea como reto «de toda la Unión Europea» implementar acciones que mejoren la regulación contractual «incorporando relaciones entre el precio y los costes de producción». Un elemento determinante para las Opas, y que no se había incluido hasta ahora.

El documento de la PAC está «abierto» ahora, como explicó Marcos, a nuevas adhesiones. La intención de la Consejería es presentarlo en todas las provincias para que se «mejore», si fuera el caso. Se persigue la máxima participación en un escenario de mucha incertidumbre, especialmente en torno a un presupuesto que no se conocerá hasta el mes de mayo. Un camino que se quiere hacer unidos.