Solo recibirán ayudas aquellos que se sumen a las mancomunidades

Los grandes retos de los municipios serán enfrentados desde la unión y la creación de mancomunidades en Castilla y León. Al menos esa es la intención de la Junta, que destinará seis millones de euros al fomento de la constitución de mancomunidades, según se publicó ayer el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Ya lo anunció el pasado lunes el vicepresidente y consejero de la Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago–Juárez, después de la reunión de la Comisión de Coordinación Territorial con el consejero Empleo, Carlos Fernández Carriedo, el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, Mariano Gredilla, y los nueve delegados territoriales.

El segundo de Herrera informó entonces de que los seis millones de euros se dividirán entre las Mancomunidades de Interés General (MIG) urbanas (1,6 millones de euros), las MIG rurales (2,9 millones) y las clásicas (1,5 millones).

Sin embargo, para recibir la cuantía que les corresponda, será suficiente que los municipios muestren en el pleno (con mayoría de dos tercios) su intención de constituir una mancomunidad. Los gobiernos locales deberán ponerse de acuerdo y aprobar en el pleno su compromiso hasta el 29 de junio, cuando finaliza el plazo.

Las Mancomunidades de Interés General urbanas que pueden recibir esta subvención deberán integrar municipios de más de 20.000 habitantes y al menos un tercio de los de gobiernos locales de su alfoz. En caso de no se asigne toda la cuantía, lo que sobre de los 1,6 millones de euros se destinará a los fondos de cohesión territorial.

Por otra parte, las MIG rurales, cuyo mapa todavía no se ha aprobado por el bloqueo del PSOE. Estas mancomunidades deben integrar municipios con una población inferior o igual a 20.000 habitantes y su ámbito territorial debe ser coincidente con una o varias – cinco– Unidad Básica de Ordenación y Servicios del Territorio (Ubost) rurales. Sin embargo, la ausencia de estas unidades básicas dificulta la creación de unas Mancomunidades de Interés General.

Ante esta situación, el consejero se ampara en la Ley de Ordenación, «que ya recogía en su artículo 58 el apoyo económico a las MIG», en la Ley «que regula la participación de los tributos propios y cedidos de 2014 y que establece que los municipios, las provincias y las MIG se pueden beneficiar de los fondos» y en la ley de presupuestos de este año, «que lo vuelve a recoger».

De Santiago–Juárez citó la Disposición Final Primera de la Ley de Ordenación de octubre de 2013 que modifica el artículo 32 de la Ley de Régimen Local del 98: «Aquellas mancomunidades cuyo ámbito territorial concuerde sustancialmente con espacios de ordenación territorial para la prestación de servicios estatales, autonómicos o provinciales podrán ser declaradas de interés especial».

El servicio estatal, autonómico o provincial que se utiliza en este caso es el sanitario, por lo que si no se ha aprobado el mapa en las Cortes el 29 de junio, se utilizarán las 178 zonas básicas de salud rurales y semiurbanas de la comunidad casi como si se tratase de las Ubost.

En caso de que se aprobara el mapa, el plazo de las MIG rurales se ampliaría hasta septiembre. El crédito se distribuiría entre las ya constituidas, según los criterios establecidos en la convocatoria, y si al concluir el plazo de presentación de solicitudes no se ha creado la mancomunidad, la orden permite que soliciten la ayuda los municipios de la Ubost rural, siempre que haya un acuerdo del pleno. En ese caso, deberán participar más de la mitad de los consistorios y de la población de la Ubost, o que haya menos ayuntamientos pero se aglutine al 70% de los empadronados.

Las mancomunidades ‘clásicas’ recibirán 1,5 millones si han cumplido las obligaciones legales y presupuestarias o se comprometan a cumplirlas.