Las Cortes piden que las autopistas de Segovia y Ávila queden libres de peajes

Las Cortes de Castilla y León instaron ayer a la Junta a dirigirse al Gobierno para que, una vez que se cumpla la concesión de las autopistas AP-6, AP-61 y AP-51, en las provincias de Ávila y Segovia, no se vuelvan a prorrogar y no se publique una nueva concesión, por lo que a partir de ese día los vehículos que circulen por estas vías de conexión entre la Comunidad y Madrid, lo hagan «libres de peajes».

Así lo recoge una resolución acordada por los grupos Popular y Socialista que habían presentado dos proposiciones no de ley para su debate en el pleno. A los votos de populares y socialistas se sumaron los de Ciudadanos y Podemos, pese a sus reticencias, mientras que el Grupo Mixto se abstuvo. El debate fue seguido desde la tribuna de invitados por miembros de la Plataforma Ávila Libre de Peajes.

El texto pactado por los dos grupos mayoritarios pide que se apliquen las fórmulas viables «ténica y económicamente» para compensar a la ciudadanía de Ávila, Segovia y otros puntos de la Comunidad, por el pago de peaje por utilizar vías de alta capacidad que comunican Castilla y León y Madrid.

Igualmente, la proposición reclama que se analice el cumplimiento del contrato por parte de la concesionaria, Iberpistas, sobre la seguridad para evitar episodios como los generados en la nevada del día de Reyes, cuando miles de vehículos se quedaron atrapados por una copiosa nevada. También propone que se acometan las actuaciones sancionadoras necesarias a la empresa derivadas de las responsabilidades en que hayan podido incurrir.

De la misma forma, las Cortes demandaron al Gobierno que se ponga en marcha las actuaciones necesarias para que pueda ser utilizada la AP-6 «libre de peajes» como variante de la localidad de San Rafael (Segovia). Además, pide al Ejecutivo de Mariano Rajoy que informe sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2010 que declaró ilegal la concesión otorgada en 1999 y, en todo caso, el cumplimiento «estricto» de la misma.

El socialista José Luis Aceves defendió una iniciativa «sensata» para lograr una decisión «histórica». Añadió que estos peajes suponen un ejemplo de desigualdad respecto a otros territorios, que no cuentan con un ellos para acceder a Madrid, informa Ical.

El popular Juan José Sanz Vitorio consideró que el texto trata de dar solución a un problema «complejo», pero apuntó que San Rafael no existiría sin la N-VI y añadió que la autopista ha supuesto dinamismo y mantenimiento de puestos de trabajo durante muchos años. No obstante, consideró necesario determinar la capacidad real a partir de 2019 para tomar decisiones sobre los peajes. Por ello, reiteró la exigencia del PP al Gobierno para que una vez vencidas las concesiones, no sean renovadas.

La procuradora de Podemos Natalia del Barrio demandó como solución más sencilla a la liberalización y apoyó la alternativa a San Rafael por la AP-6, que se informe sobre el cumplimiento del fallo europeo y las compensación a los ciudadanos, pero rechazó que se pida el fin de la concesión sin plazos y que se exima de responsabilidad en la nevada de enero al Ministerio de Fomento.

La procuradora de Ciudadanos Belén Rosado reivindicó una proposición no de ley con acuerdo de los grupos de las Cortes para que la iniciativa tenga «fuerza» en el Congreso de los Diputados.

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, consideró que la AP-6 ha sido ya amortizada por la concesión de 1968 y reclamó un modelo de «gestión pública», en el que se salvaguarde los derechos de los trabajadores.