La futura PAC, los precios dignos y la gestión del agua, retos del sector

El sector agrario es uno de los principales motores económicos de la Comunidad. Junto a la industria agroalimentaria aporta cerca del 11% del total de la riqueza regional. Una pujanza y resistencia en tiempos de crisis que no ha evitado, sin embargo, que los profesionales del campo vivan en este momento una de las etapas más delicadas, tras un año nefasto marcado por la sequía.

El sector pierde activos cada año, como se constata en el censo electoral que se reduce un 45% en esta consulta respecto a los comicios de1997, y un 5% desde 2012. Precisamente, el censo «cuestionado» por todas las Opas ha sido uno de los ‘caballos de batalla’ en esta consulta, y también uno de los últimos datos cerrados que ha dado a conocer la Consejería de Agricultura, apenas a 48 horas de los comicios.

Más allá de las elecciones agrarias, ASAJA, la Alianza UPA-COAG y UCCL tienen claro que las prioridades del sector siguen vigentes el día después del 11-F, con un objetivo: «hacer que la actividad agraria sea rentable».

El futuro de la PAC a partir de 2020 centrará buena parte de las negociaciones este año. Un tema en el que el consenso es claro a favor del agricultor profesional.

Conscientes de que el Bréxit supondrá un recorte en los presupuestos comunitarios y en la futura PAC, las organizaciones agrarias consideran fundamental que el reparto de las ayudas sea «más justo». Algo que pasa por «priorizar» a los ATPs. Algunas organizaciones como la Alianza van más allá al denunciar el modelo de macroempresas ‘tipo americano’ que «echa a los profesionales de los pueblos».

Con la incertidumbre en torno al presupuesto y la amenaza de la cofinanciación, que rechaza España, solo resta saber si finalmente habrá una negociación rápida de la PAC ante las elecciones europeas, en 2019, u otra más lenta que nos llevaría al 2021. ASAJA plantea en este caso una «prorroga» de la actual PAC para el periodo 2021-27, mientras la UCCL aboga por una política agrícola «potente» a favor del profesional.

Todo ello, en un entorno globalizado, marcado por la volatilidad del mercado, que exige, según los representantes del sector, una actuación por parte de las administraciones autonómica y nacional para que las explotaciones sean «rentables». Es decir, arbitrar unos precios «dignos» y «equilibrar» los márgenes en toda la cadena alimentaria. En este caso, el sector tiene claro que «los costes de producción deben ser el punto de partida de cualquier negociación».

La agricultura tiene futuro, aunque también amenazas como el cambio climático. Una lucha en la que agricultores y ganaderos tienen mucho que decir. En un escenario de déficit hídrico, la gestión del agua es «fundamental» para optimizar al máximo todos los recursos. Una optimización que, según las Opas, tiene que ver con aumentar la capacidad de embalse y modernizar el regadío, en concreto las 150.000 hectáreas pendientes en Castilla y León.

De cara al relevo generacional, la cosigna es sencilla: «menos trabas y rentabilidad», para que los jóvenes se queden en el medio rural. La demanda de alimentos se incrementa y «alguien los tiene que producir».