El PP vuelve a permitir gasolineras sin empleados ante la amenaza de la UE

Era crónica de una derogación anunciada. La obligación legal de contar con al menos un empleado en todas las gasolineras estaba en el punto de mira de Bruselas. La Comunidad movió ficha y, finalmente, el Grupo Parlamentario Popular reculó ante la amenaza de un expediente sancionador.

Un giro de 360 grados que se materializa con una proposición de ley por la que se modifica la reforma legislativa del Estatuto del Consumidor de Castilla y León aprobada en octubre de 2016. Así y al amparo de dos normas estatales, las estaciones de servicio sin personal volverían a estar permitidas.

«No es una cuestión de rectificar algo que hicimos mal. No es que la Comunidad se volviera loca. Sino que se entendía que la prohibición de gasolineras desatendidas era compatible con el derecho comunitario, pero la Unión Europa nos dice que no», explicó el portavoz popular, Raúl de la Hoz, matizando que la Comisión plantea «medidas menos restrictivas» para la consecución de los objetivos de seguridad y accesibilidad marcados.

La necesaria presencia de un responsable en todas las instalaciones de suministro de venta al público al por menor de carburantes se implantó en consonancia con el resto de autonomías, bajo el respaldo de todos grupos parlamentarios –salvo la oposición de Ciudadanos y la abstención de UPL–. Y dos fueron las razones que inspiraron esta modificación, como recordó De la Hoz: «Por un lado, la protección de la salud y la seguridad del suministro, puesto que hablamos de la manipulación de un combustible; y, por el otro, la garantía de accesibilidad para personas con movilidad reducida».

Con esta norma en vigor, otras dos se aprobaron en el ámbito estatal con una «importante influencia en los retos perseguidos con la modificación legislativa». Desde el punto de vista de la seguridad, en julio del pasado año se dio luz verde a un Real Decreto y, con él, a una instrucción técnica complementaria que «regula cuáles son las condiciones adicionales en esta materia que deben tener las gasolineras desatendidas», matizó el portavoz de Economía y Hacienda, Salvador Cruz, poniendo como ejemplo los instructores de paradas de emergencia y los sistemas de detección de incendios o fugas.

Para garantizar la accesibilidad, por otro lado, se introdujo una disposición en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad que determina «los requisitos básicos así como la no discriminación de este colectivo en las estaciones de servicio». Rampas de acceso o pendientes máximas, entre otras, a las que desde diciembre acompaña la condición de «exigibles».

A estas dos normas estatales que inciden en los objetivos marcados y a la amenaza de un expediente sancionador, se suma una tercera razón por la que «no procede que la ley autonómica esté en vigor» y para, consecuentemente, derogar la prohibición de gasolineras sin personal: la iniciativa legislativa popular que, con el respaldo de 16.000 firmas, presentó la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl). «Su pretensión era dejar sin efecto la modificación para que no se aplicase a las estaciones cuya titularidad fuese una cooperativa», aseveró el portavoz popular.

Con la «vuelta atrás» que planteó ayer el PP y que espera que se haga efectiva antes de Semana Santa, las pretensiones de Urcacyl «quedarían sobrecubiertas». Sin embargo, De la Hoz no se aventuró al ser preguntado por la posibilidad de exigencias por parte del colectivo de una indemnización. «Habrá que demostrar desde la perspectiva de la tramitación parlamentaria que la continuidad de la iniciativa ya no tiene sentido porque ha perdido el objetivo».

De la Hoz y Cruz incidieron en que cuando se aprobó la Ley 1/2016, que prohibía las gasolineras desatendidas y que ahora se revierte, contaban con el consenso de la patronal y de los sindicatos.

PSOE

La reacción de los socialistas ante este cambio normativo no se hizo de rogar. Su portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, exigió al PP una explicación de este cambio porque «no deja de ser extraño».

Después de conocer la «vuelta atrás» planteada, Tudanca optó por la ironía. «Hay más proposiciones de ley de los grupos en las Cortes que leyes de la Junta por su parálisis. No sé si hay precedente en la historia parlamentaria de este país», aseveró.