Los ciudadanos podrán proponer planes y decretos a la Junta con aval de colectivos
Castilla y León, primera región que regula el Diálogo Civil / De Santiago: «Queremos que los ciudadanos pasen de opinar a poder elaborar»
José Antonio de Santiago-Juárez y José Luis García, ayer, en la jornada informativa del proyecto de Diálogo Civil.-ICAL
«Queremos ampliar el espacio de la sociedad civil y estrechar el de la política». Este pretende ser el objetivo de la primera ley de España en regular el diálogo civil en todos los ámbitos que dependan del Gobierno regional y no invadan competencias de otras administraciones públicas. Se llamará Ley de Diálogo Civil y Democracia Participativa y tiene dos novedades concretas fundamentales: que los ciudadanos y los colectivos no gubernamentales puedan directamente proponer decretos, planes o estrategias a la Junta y que ésta abrirá por vía telemática consultas sectoriales «que no se parezcan a un referéndum».
El vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, informó ayer del futuro anteproyecto a decenas de colectivos y organizaciones no gubernamentales de todos los ámbitos que forman parte de órganos de representación y participación de la Administración autonómica.
El anteproyecto, que forma parte de un compromiso de Juan Vicente Herrera en su discurso de investidura, será aprobado «en dos semanas» por el Consejo de Gobierno, pero la Junta quiere conocer antes aportaciones de las organizaciones integradas en los cerca de 90 colectivos. «Será un paso definitivo para implicar a la sociedad civil en política», precisó el número dos de la Junta.
Cuando las Cortes aprueben la ley una comisión compuesta al menos por tres ciudadanos promotores podrá trasladar al Ejecutivo autonómico iniciativas normativas (decretos), planes estratégicos, programas o cambios en los que tenga competencia regulatoria la Junta. Deberán ser textos completos articulados y para que el Gobierno regional pueda estudiarlos y tramitarlos deberán ir avalados por las cuatro quintas partes de las organizaciones que forman parte de cada uno de los consejos u órganos no públicos que mantienen interlocución con la Administración. También podrán presentarlos estos colectivos.
Los ámbitos son muy extensos: servicios sociales, sanidad, educación, sindicatos, empresarios, autónomos, transportes, medio ambiente, consumidores, distribuidores, agricultores… Todos los colectivos civiles conocerán también desde el principio del proceso los proyectos que pretende acometer la Junta, podrán evaluar las políticas públicas y tendrán acceso a la documentación. «Se trata ahora de que sociedad civil pueda participar desde los inicios en cuanto a elaboración, aprobación, evaluación y seguimiento, y lo que es novedad, que estas organizaciones tengan la posibilidad de iniciar ellos mismos el proceso», precisó el vicepresidente.
La Junta está obligada a responder a los promotores de las propuestas planteadas y a informar de todo el proceso de tramitación. Tanto si lo acepta como si no. «Queremos otorgar más competencias, más capacidades y más vida a esas organizaciones que ya participan en órganos de participación», precisó la viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta López, que explicó ante 60 personas el proyecto junto al director general de Análisis y Planificación, José Luis García.
El Gobierno regional blindará el Diálogo Social, reconocido en el Estatuto de Autonomía, de esta iniciativa para que no interfiera en la labor de sindicatos y patronal. Por si hubiera duda o suspicacia García advirtió de que «en el Diálogo Social se negocia y en el diálogo civil no hay negociación, sólo participación». «Hay un deseo de impulsar de forma clara el diálogo civil en todas las instituciones sin menoscabo del Diálogo Social», aclaró el vicepresidente.
Pero esta participación tiene límites de diferente carácter. En contenidos, sólo versará de asuntos de competencia directa del Gobierno regional y la Administración autonómica. «No puede afectar a las Cortes ni a las entidades locales»; tampoco a consejos asesores, organismos de empleo o consejos de administración. A diferencia del planteamiento del País Vasco, los asuntos podrán ir más allá de los servicios sociales y llegar a todos los ámbitos. No podrán participar «sujetos» vinculados al sector público, pero sí otros como colegios profesionales y cámaras de comercio. «Se trata de tener en cuenta la riqueza de conocimientos que hay en la sociedad». El nuevo diálogo civil no podrá entrar en procedimientos administrativos reglados, en asuntos de técnicos de cooperación entre administraciones ni en acuerdos políticos de las Cortes. «No pretendemos que sea una alternativa bis a las decisiones políticas del Parlamento», precisó José Luis García.
La Consejería de la Presidencia confía en que esta iniciativa «no ralentice ni burocratice las decisiones» y apunta como «principios rectores» el pluralismo, el interés general, la buena fe, la proporcionalidad, la eficacia y la transparencia. «No habrá ningún consejo de Diálogo Civil y no se prevé una consejería competente en esta materia». Todas estarán implicadas.
El anteproyecto también impondrá deberes a los colectivos: designar a personas con capacidad para trasladar su opinión y llevar toda esa información a sus organizaciones.
Para facilitar este diálogo, la norma prevé la creación de una plataforma en el portal de Gobierno Abierto de la Junta con todo tipo de información sobre órganos que se consideran representativos, competencias, formas de elección, informes… Además, publicará un informe anual de los procesos de diálogo civil desarrollados en el ejercicio. Esa plataforma recogerá todas las propuestas, opiniones y resoluciones. Todo para implicar más al ciudadanos en las decisiones políticas.