Fallece una de las dos ancianas separadas para no perder la pensión
El caso provocó una gran reacción social y llegó al Congreso para que se cambiara la normativa
Encarna Garijo, en el centro, rodeada de los responsables sociales que realizaron la tramitación parlamentaria.-EL MUNDO
Una de las ancianas de la localidad de Almazán que tuvo que separarse de su otra hermana, cuando convivían en una residencia de Matamala de Almazán, falleció el pasado jueves a los 94 años en su domicilio de Madrid, según explicó ayer Ángel Martín Vizcaíno, albacea y amigo de las ancianas.
Julia Garijo residía sola en su domicilio de Madrid al que regresó hace un año, aproximadamente, al tomar la decisión de dejar la residencia, donde convivía con su hermana Encarna Garijo, para evitar que esta segunda perdiese su pensión contributiva de 380 euros mensuales.
El pasado 22 de febrero, Encarna recibió una notificación de la Junta de Castilla y León, en la que se le comunicó que como ambas hermanas residían las dos en el mismo domicilio y los ingresos de ambas superaban los 8.900 euros anuales se le iba a proceder a retirar la pensión no contributiva.
A pesar del recurso que se interpuso para evitar esta retirada de ingresos, que la anciana necesita para pagar su estancia en la residencia, la Administración regional denegó esta petición. Por tanto el estricto cumplimiento de la ley ha obligado a permanecer separadas hasta su muerte a las dos ancianas, como se temió su entorno al conocer estos hechos.
La separación de estas dos hermanas ancianas puso de relieve el problema en la regulación del régimen de prestaciones de pensiones, que consideraba el ingreso de familiares en una misma residencia de ancianos como unidad familiar a efectos de computar sus ingresos para determinar el cobro de las pensiones no contributivas. En el caso de estas dos hermanas ancianas la suma de los ingresos anuales que percibían ambas superaban los límites establecidos para el cobro de este tipo de pensión.
Según se recoge en la ley, las pensiones no contributivas establecen unas rentas de compensación cuando las personas beneficiarias de las mismas carecieran, por sí mismas o dentro de la unidad económica de convivencia, de rentas suficientes para su subsistencia, extendiendo la consideración de la unidad económica de convivencia.
La situación familiar de separación a la que se vieron abocadas las dos hermanas ancianas tuvo una fuerte contestación social. Su albacea Ángel Martín Vizcaíno, recogió 135.000 firmas para solicitar la modificación de la Ley General de la Seguridad Social para evitar que se vuelva a producir un caso como el de estas ancianas.
La campaña obtuvo sus frutos. El Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de diciembre, con la unanimidad de todos los grupos políticos, una Proposición No de Ley en la que se instaba al Gobierno a no considerar como unidad económica los supuestos de familiares en segundo o tercer grado de consanguinidad que convivan en un centro asistido o residencia para mayores y así poder mantener sus pensiones no contributivas.
Por su parte, el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, anunció ayer en Aranda de Duero que el PSOE seguirá trabajando «para acabar con la normativa cruel» y criticó la falta de humanidad» que el Gobierno regional ha tenido en el caso de dos hermanas.