El PP recula y urge ahora a retirar la prohibición de gasolineras sin empleo

La obligación legal de que las gasolineras de la Comunidad autónoma tengan al menos un empleado tiene los días contactos. Las Cortes enmendarán su propia ley para evitar que la Comisión Europea (CE) sancione a España por culpa, entre otras, de Castilla y León.

El Grupo Parlamentario Popular inició ayer contactos con otros grupos para aprobar en febrero una Proposición de Ley mediante lectura única que modifique la reforma legislativa del Estatuto del Consumidor aprobada en octubre de 2016 por todos los grupos menos Ciudadanos, que se opuso, y UPL que se abstuvo.

El portavoz de Economía del PP, Salvador Cruz, confirmó ayer a este periódico el inicio de estas conversaciones y reconoció que es la amenaza de que Bruselas abra expediente sancionador a España lo que les ha hecho mover ficha.

Este periódico ha podido saber en fuentes parlamentarias que miembros de la Administración central han pedido a la Junta que aborde un cambio legislativo lo antes posible para evitar un expediente sancionador, que ya ha abierto a Italia y a Grecia.

El Boletín Oficial de Castilla y León publicó el pasado 25 de octubre de 2016 una modificación del Estatuto del Consumidor con el siguiente tenor: «Todas las instalaciones de suministro de venta al público al por menor de combustibles y carburantes deberán disponer en la propia instalación, mientras permanezcan abiertas y en servicio, al menos una persona, debidamente formada, responsable de los servicios que se prestan al objeto de garantizar los derechos de los consumidores reconocidos en la presente ley».

El cambio legislativo contó con el respaldo de los agentes económicos y sociales y del PSOE, Podemos e Izquierda Unida. El PP, principal promotor de la iniciativa, apeló entonces a la creación de empleo. Además, aquella reforma consideraba obligado que un profesional atendiera a las personas con discapacidad que no podían acceder al suministro.

Salvador Cruz recuerda ahora que la Unión Europea ha abierto expediente a Italia y a Grecia y puede hacerlo a España. «Queremos iniciar ya los contactos», precisó ayer a EL MUNDO.

Precisamente, ayer por la mañana el parlamentario popular inició conversaciones con Ciudadanos, la única fuerza que se opuso a la reforma. Su procurador, David Castaño, principal oponente a la iniciativa de prohibir gasolineras sin empleados, manifestaba ayer su sorpresa de que la reforma hubiera salido adelante porque «vaciaba de contenido la Ley de Hidrocarburos»

La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) presentó una denuncia ante la CE contra España por su inacción ante la proliferación de normativas en las diferentes comunidades autónomas en contra de las gasolineras desatendidas, que Bruselas admitió a trámite. Además de Castilla y León, hay un buen número de autonomías que han prohibido estas gasolineras. Navarra, Madrid, Asturias, Castilla-La Mancha, Valencia, Baleares, Murcia, Andalucía, Aragón, Extremadura... La Comunidad Valenciana anuló una legislación similar y el TSJ de Baleares dictó una sentencia que declaró nulo un decreto similar.

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) advirtió de que algunas comunidades estaban poniendo barreras desproporcionadas a las gasolineras y recomendaba eliminar este tipo de normativa.

La reforma legislativa daba tres meses, hasta el 25 de enero de este año, para que las estaciones de servicio afectadas se adecuaran al cambio: Desde aquella fecha, la Junta podía sancionar su incumplimiento con multas de entre 3.000 y 15.000 euros.

La Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl) inició una recogida de firmas para presentar una iniciativa legislativa popular que tumbe esta reforma.

El PP ve que el círculo se cierra y no sólo hay amenaza de expediente a España, sino que esta reforma puede salir cara a las arcas públicas autonómicas.

Más de dos meses sin que la junta responda a ciudadanos

El parlamentario de Ciudadanos, David Castaño, preguntó el pasado 2 de octubre a la Junta si había recibido alguna notificación de la Administración central «para abordar posibles soluciones legislativas» ante la eventualidad de que la reforma legislativa para prohibir gasolineras sin empleados termine en el Constitucional o en un expediente de la CE. Castaño se hizo eco de la decisión del Gobierno extremeño de modificar su Estatuto del Consumidor e iniciar negociaciones a la vista de que el Ejecutivo de Rajoy consideraba una reforma similar a la de la Comunidad como «una invasión de sus propias competencias». La Junta no le ha respondido dos meses después.