Reclaman más trabajadores en los servicios sociales del medio rural

Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer una moción de Podemos destinada a mejorar y ampliar los servicios sociales en el medio rural con una mayor cobertura y desarrollar un sistema de evaluación mediante memorias de impacto social que analicen programas, prestaciones y planes.

El texto de 14 puntos defendido por la procuradora Laura Domínguez recibió el apoyo de todos los grupos a once de ellos, ya que el PP desestimó los relativos a aumentar la plantilla de personal en la red pública con una partida de al menos tres millones «para revertir los recortes de nueve años», a incluir un cuerpo de técnicos de integración social en el grupo C de la Administración Especial y unificar bajo la denominación de educador social las convocatorias de plazas para estos profesionales, informa Ical.

Domínguez lamentó que el Grupo Popular no recogiera mejoras en las plantillas, algunas de ellas consensuadas con las plataformas de estos trabajadores, y sostuvo en su intervención que la Gerencia de Servicios Sociales ofrece recursos a las entidades locales para la prestación de los servicios, pero no gestiona ni controla.

También, manifestó que no existe una homogeneización en la prestación de los servicios y existe por ello una diferencia en las provincias, una opinión que compartieron Luis Mariano Santos (UPL), José Ignacio Delgado (Ciudadanos) y Ana Muñoz de la Peña (PSOE), quienes a la vez pidieron que la Junta asuma competencias impropias que ahora gestionan las diputaciones, como las residencias de mayores.

La popular Mar González defendió que se dedican 2.700 millones de euros en los presupuestos a los servicios sociales, de ellos 200 a personas más vulnerables, y rechazó la existencia de recortes en esta materia, como denunciaron todos los procuradores de la oposición intervinientes.

Entre los puntos aprobados por unanimidad, con las aportaciones del Grupo Popular, figuran potenciar la especialización de los EPAP para fomentar la contratación de los perfiles adecuados, incorporar de manera complementaria al Servicio Integral de Apoyo a las familias en riesgo de desahucios actuaciones en el caso de existir otros tipos de deuda que interfieran en las soluciones de pérdida de la vivienda.

Igualmente, la actualización del decreto por el que se regula la prestación económica de atención a las necesidades básicas en situaciones de urgencia social con una guía que incorpore un inventario básico y la mejora del Servicio de Protección a la Infancia con una convocatoria ajustada a la titulación exigida.

Otras de las medidas aprobada se refieren a la colaboración con las entidades del tercer sector y el desarrollo de un sistema evaluativo exhaustivo mediante Memorias de Impacto Social, que analicen la situación de partida de los programas, prestaciones,planes y demás y anualmente revisen su alcance, su impacto positivo y lanecesidad de modificaciones o actualizaciones.