Los colegios darán parte a la mínima sospecha de malos tratos a un alumno
Un plan refuerza el papel de los profesores en la detección precoz de maltrato familiar a escolares / En los casos graves avisarán a Policía y Fiscalía
Nueva vuelta de tuerca hacia la tolerancia cero contra el maltrato infantil. Los profesores de Castilla y León notificarán a partir de ahora cualquier sospecha de maltrato procedente del ámbito familiar que observen en un alumno, comunicación que se derivará a la Inspección de Educación y posteriormente a los servicios sociales para que intervengan en el caso.
Y en el supuesto de que existan «indicadores físicos, psíquicos o abusos sexuales», la intervención de protección será «inmediata», incluso con el auxilio de los servicios de emergencia o la Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local.
Esta es la medida de mayor calado del protocolo de intervención educativa ante riesgos de maltrato infantil en el ámbito familiar que han impulsado las consejerías de Familiar y de Educación. El plan se complementa con programas de concienciación y formación del profesorado para detectar casos a los primeros indicios.
Tanto el consejero de Educación, Fernando Rey, como la titular de Familia, Alicia García, puntualizaron que la intervención educativa ante malos tratos no se estrena con este protocolo. Lo novedoso del plan, insistieron, es que impone un criterio «unificado» de respuesta para todas las provincias de la región y aporta más preparación, con formación específica para la detección precoz de víctimas.
«Una vez que se adopten las medidas que correspondan en función de cada caso, haremos un seguimiento de la evolución de los avances del niño en sus lesiones físicas, psicológicas o morales. Y además insistiremos en que los colegios sean centros de respeto», indicó Rey.
El consejero explicó que esta cultura del respeto es «clave» para detectar con más nitidez una potencial víctima. «Sucede que muchas víctimas no saben que padecen malos tratos, ya que lo pueden considerar algo normal», indicó Rey.
Por ello, celebró que los profesores redoblen la vigilancia. «Estamos imponiendo un nuevo deber al profesorado. Hasta ahora, si una situación no era muy manifiesta, muy clara, algunos profesores podían pensar que había que dejar en la penumbra de la familia las relaciones del niño con sus padres. Ahora les decimos a los docentes: no vamos a permitir ningún maltrato a los escolares en ningún ámbito. Les vamos a colocar en el primer punto de detección de posibles casos de maltrato, van a ser viligantes explícitos y para ello les vamos a entrenar», insistió.
La consejera García descartó que los docentes se puedan quedar expuestos si notifican una sospecha de maltrato a un menor, ya que se trata de una «obligación» de cualquier ciudadano. sin olvidar que se investigará el caso sin perjuicio de que pueda archivarse si se comprueba que no ha existido ninguna actuación punible.
El protocolo recoge las pautas de actuación tanto en el propio sistema educativo como para su notificación a los servicios sociales, bien a los CEAS en el caso de sospecha de maltrato leve o moderado o a las Secciones de Protección a la Infancia en los casos más graves.
Ante la sospecha de riesgo o malos tratos, cualquier docente de un centro educativo deberá realizar por escrito una comunicación al equipo directivo. Posteriormente, el director y su equipo deberán hacer llegar tanto a los Servicios Sociales como a la Dirección Provincial de Educación un documento con el caso.
MÁS DE 280 CASOS DE SOSPECHA EN 5 AÑOS
Intervención educativa. La consejera de Familia, Alicia García, informó que el combate a esta lacra no empieza ahora, ya que solo en los últimos cinco años los colegios han notificado a los servicios sociales 281 sospechas de maltrato infantil, que representan entre un 5 % y un 8 % del total de notificaciones recibidas. De estas 281 notificaciones de posibles situaciones de maltrato a escolares, después de las correspondientes investigaciones practicadas y evaluaciones, terminaron en expediente de protección 115 casos. Según desgranó 55 casos fueron por negligencia física, 41 por negligencia psíquica y 33 por maltrato.