El mínimo ‘club de padres’ que concilian

Pablo, Luis, Jairo... son unos rara avis en su entorno laboral. Forman parte de ese minoritario ‘club de padres’ que ha dado un paso al frente en Castilla y León y se implican en el cuidado, crianza y educación de sus hijos aun sacrificando un tanto su vida laboral. Son padres que concilian, y son la excepción en España y en Castilla y León.

Tanto es así que un escaso 4% de hombres decide recortar, como Pablo o Luis, su horario laboral para atender a sus hijos, frente a un 96% de ellas. Y si las reducciones de jornada parecen ser, por la vía de los hechos, ‘cosa de mujeres’, las excedencias exactamente igual.

De las 2.443 personas que solicitaron el pasado año un permiso no retribuido por cuidado de hijos en la Comunidad, sólo 126 eran hombres, apenas un 5,1%. El dato que maneja el Ministerio de Empleo, siendo sangrante, representa un paso adelante. Son justo el doble que en 2010 (66 en esos momentos) y dos veces y media más que hace una década, cuando tan sólo 51 hombres castellanos y leoneses se acogieron a este derecho.

Este mínimo avance no impide que Castilla y León sea, por detrás de La Rioja y Valencia, la autonomía donde en menor proporción los padres, en masculino, hacen uso de esta opción de conciliación. Se sitúa dos puntos porcentuales por debajo de la media nacional (7,37%).

Otro ejemplo. No supera el 2% el porcentaje de padres castellanos y leoneses que asumió en 2016 alguna de las diez semanas transferibles del permiso de maternidad. En la práctica, sólo 264 castellanos y leoneses compartieron semanas de permiso con sus cónyuges, frente a las 11.833 en el caso de las mujeres que lo asumieron en solitario. Se trata de un porcentaje que no se ha modificado desde hace una década en la Comunidad.

Se baraje una u otra cifra, el resultado es inequívoco: la conciliación se siga conjugando en femenino. Pero ¿cuál es la razón? El gerente regional de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, incide en que «el fallo está en la base de la educación»; esa misma que continúa ligando «a la mujer con el rol del cuidador», pero también alude a la «brecha salarial existente», y que viene a ser unos 5.000 euros anuales de diferencia –24.135 euros ellos, 18.523 euros ellas, según datos del INE–. Por ello, De Pablos aboga, sin duda, por «educar en corresponsabilidad» y por ir reduciendo esas diferencias de salario en la Comunidad.

La secretaria de Igualdad y Juventud de UGT, Ana Isabel Martín, hace exactamente la misma lectura. «Si son ellas quienes tienen sueldos más bajos, ¿de qué salario se va a prescindir dentro de la unidad familiar?». Martín deja la pregunta en el aire, pero la respuesta es clara.

A eso le añade que la sociedad sigue marcando a la mujer «como la responsable del cuidado de hijos, enfermos o personas dependientes». Eso conlleva, a su juicio, que la mujer que decide no sacrificar su carrera profesional por asumir las tareas de cuidado de sus hijos «tenga miedo a que se la juzgue de mala madre».

Se enfrenta al juicio moral, pero también al riesgo laboral. Según manifiesta Martín, «la maternidad continúa penalizada en el mercado de trabajo» y muchas se ven obligadas «a renunciar a ser madres por conseguir un empleo». Como prueba, asegura que «no son pocas las veces en que en una entrevista de trabajo aún se le pregunta por la maternidad: ¿es usted madre? ¿tiene previsto serlo? «A ellos no se lo preguntan», apostilla.

NUEVAS AYUDAS

Para limar esas desigualdades, pero sobre todo para paliar, en parte, la pérdida de poder adquisitivo que supone ajustar la jornada laboral al cuidado de los hijos o tomarse una excedencia, la Consejería de Familia ha retomado aquellas dos líneas de subvenciones que en 2011 se llevó por delante la crisis económica.

Las retoma, empujada por el acuerdo con el Diálogo Social, para aquellos que hubieran iniciado la reducción o la excedencia entre el 1 de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2017, sí, pero con requisitos «más restrictivos que los de entonces y con cuantías inferiores», como denuncian los sindicatos. Las previsiones de Familia apuntan a que se podrán acoger a ambas lineas «entre 300 y 450 personas», señala el gerente regional de Servicios Sociales.

Ni Pablo, ni Luis, ni Jairo, a buen seguro, serán beneficiarios de estas ayudas. La letra pequeña de la orden de convocatoria les deja fuera. No tendrán, por tanto, que correr para presentar su solicitud antes del 1 de diciembre.

Y es que para acogerse a la nueva ayuda por reducción de jornada o excedencia hay un requisito imprescindible que marca la diferencia: la renta familiar percibida el pasado año no podrá superar los 25.000 euros, cuando el tope máximo en la última orden de 2010 estaba fijado en 30.000 euros. De Pablos argumenta que se trata de ayudar a aquellas personas para los que «la pérdida de ingresos representa un mayor deterioro de su economía doméstica».

La cuantía con la que salió publicada la convocatoria de ambas modalidades también marca una diferencia. 1.500 euros recibirán, con carácter general, aquellos que se hayan acogido a la excedencia o la reducción del 50% de su jornada durante un periodo mínimo de seis meses ininterrumpidos. Hasta 3.000 euros ascenderá si son el padre y la madre quienes se toman el permiso o la reducción durante doce meses de forma consecutiva y correlativa (seis meses cada uno).

Esas cuantías suponen un recorte frente a los 3.000 euros que percibieron todos aquellos que se beneficiaron de la subvención por reducción de jornada de 2010, o los aproximadamente 7.500 euros de media que ingresaron los que se acogieron a la excedencia.

No en vano, el presupuesto establecido por la Junta para esta convocatoria no rebasa los 695.000 euros, a pagar a partes iguales entre la Consejería de Empleo y la Gerencia de Servicios Sociales. Aunque el gerente asegura que «esto es un punto de partida, que se podrá revisar en próximas convocatorias en función de la demanda», lo cierto es que en 2010 el presupuesto superaba los 10 millones de euros para ambas subvenciones.

Además del nivel de renta y el presupuesto, la mayor limitación es que las ayudas por excedencia se circunscriben únicamente a supuestos «excepcionales y extrema necesidad»: víctimas de violencia de género, a padres con hijos menores de 18 años con discapacidad o que estén afectados por cáncer u otra enfermedad grave. En la última convocatoria, en cambio, no había más limitación que el nivel de renta.

La razón de haber marcado ese límite, tal y como explica el gerente regional de Servicios Sociales, es la apuesta de la Junta de Castilla y León por las reducciones de jornada sobre las excedencias. «No queremos que las excedencias supongan un incentivo para que las mujeres salgan del circuito laboral», afirma.

Los sindicatos se muestran «satisfechos» con el regreso de estas ayudas que han sido pactadas en el seno del Diálogo Social, «tras muchos años de reivindicaciones». No lo están, sin embargo, con las cifras.

«Son un caramelo; una manera de justificar que han sacado la convocatoria», detalla Ana Isabel Martín, en la medida en que «los criterios «son muy restrictivos y eso hará que los beneficiarios estén muy acotados». Sus quejas, las mismas que las manifestadas por Yolanda Martín Ventura, secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad de CCOO, aluden al tope del nivel de renta de la unidad familiar, a un presupuesto «cojo» y a que sólo puedan beneficiarse quienes hayan reducido su jornada un 50%, cuando «la ley permite hasta un octavo». Para ambas, «sería lógico si la convocatoria fuera experimental, pero en este caso ya hay experiencia, funcionaba bien y tenía buena aceptación por parte de los trabajadores».