Energía pide ya a Iberdrola las cuentas de la central de Guardo
Presentado el decreto que limita el cierre de las térmicas si pone en riesgo la producción de carbón

Ignacio Sáncehz-Galán.-E.M.
Reacción gubernamental al anuncio de cierre por parte de Iberdrola de las centrales térmicas de Guardo y Lada. El Ministerio de Energía, Agenda Digital y Turismo solicitó ayer a la compañía eléctrica que facilitase la información contable de los últimos tres años relativa a ambas instalaciones para comprobar si existen motivos que fundamenten la clausura.
La decisión del departamento dirigido por Álvaro Nadal se enmarca en el nuevo decreto que limita el cierre de las centrales dedicadas a la producción energética y que el Ministerio envió ayer a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su estudio y posterior aprobación.
Este documento tiene como objetivo denegar el cese de la actividad en este tipo de industrias si concurren determinados motivos, entre los que destaca la «amenaza a la seguridad del suministro eléctrico o a la seguridad del abastecimiento de materias primas». Esta condición supone, en la práctica, poner trabas al cierre de Guardo, que, de llevarse a cabo, dejaría tocado al ya agonizante sector del carbón autóctono, cuya producción se destina casi en su totalidad a las centrales del norte de la Comunidad.
Y es que, pese a haberse anunciado ayer después de llevar meses retrasado –y ante el revuelo que ha causado la noticia de Iberdrola–, su aplicación se remontará a todos los cierres solicitados desde julio, según aparece reflejado en el borrador del decreto, que subordina la labor de las centrales al «interés general y a la planificación en esta materia».
Además del supuesto de la amenaza al suministro eléctrico o a las materias primas que lo generen, el documento, que se aplica en todas las instalaciones con una potencia superior a 50 MW, también hace referencia al equilibrio del mercado. De este modo, las centrales con características ajustadas a lo descrito no podrán cerrar si esta clausura supone «efectos desfavorables en los precios de la electricidad, en la competencia en el mercado eléctrico y en el cumplimiento de los objetivos en la planificación de energía y clima vigente».
Junto a la solicitud de la autorización para poner fin a la actividad, el titular de la central deberá también adjuntar varios documentos, como una memoria justificativa en la que se detallen las «circunstancias técnicas, económicas, ambientales o de cualquier otra índole que fundamenten el cierre, información técnica de la instalación y un plan técnico y económico de desmantelamiento».
Subasta
Según indica el borrador del decreto, en caso de denegación de la solicitud y, con el ánimo de mantener la actividad a toda costa, el titular de la instalación deberá continuar con la actividad por sí mismo o transmitir la instalación a un tercero, lo que podrá hacer si así lo desea mediante una subasta.
Esta solución fue la que se contempló para el caso de Compostilla, la central más importante en cuanto a producción de la Comunidad y de la que se planteó que saliese a subasta por un euro simbólico para que alguna otra compañía eléctrica –la propietaria actual es Endesa– pudiese seguir con la actividad para mantener el trabajo y el consumo de carbón autóctono. La subasta, en todo caso, permitirá establecer si la instalación tiene valor económico para un operador distinto y, si es así, facilitar su transmisión para que continúe operativo.
Además, si el mecanismo de subasta no permite la transmisión a un tercero, podría aprobarse un esquema de compensación por la continuidad de la actividad. Dicho esquema se diseñará para asegurar que se otorga al menor coste posible, y en todo caso, con un coste inferior al beneficio económico que los consumidores derivarían de la continuidad de la actividad.
IBERDROLA INSISTE EN QUE SE CIERRA PARA REDUCIR EMISIONES
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, afirmó ayer que con la decisión del grupo de cerrar sus dos últimas centrales térmicas de la compañía en el mundo, las de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), que se suman a los 7.500 megavatios (MW) de fuel oil y carbón clausurados desde 2001, «el porcentaje de la capacidad de producción de electricidad del grupo libre de emisiones quedará en torno al 70%».
En su intervención en el panel ‘La movilización de la inversión para apoyar la implementación de las contribuciones nacionales y aumentar la ambición’ con motivo de su visita a la Cumbre del Clima de Bonn (COP23), el directivo reiteró que «la solución pasa por apostar por más energías limpias, mayor capacidad de almacenamiento por bombeo y más redes inteligentes», conceptos en los que Iberdrola está realizando unas inversiones de unos 6.000 millones de euros anuales.
Para ello, el presidente de la eléctrica pidió un diseño de «marcos transparentes, estables y predecibles» para movilizar la inversión privada, informó en un comunicado la compañía.
Además, Galán insistió en la necesidad de dar una señal adecuada del precio del carbono que cubra todos los sectores de la economía bajo el principio de «quien contamina, paga», recalcando que «la descarbonización de la economía puede ser una oportunidad única para crear valor para toda la sociedad».