La acusación se alinea con el peritaje público sobre la explosión de Gaspar Arroyo

Los abogados de la parte demandante presentaron ayer sus conclusiones en la penúltima sesión del macrojuicio civil por la explosión de gas en la calle Gaspar Arroyo, ocurrida en 2007, que costó la vida a nueve personas. En ella, los letrados coincidieron en señalar como responsable de los hechos a Gas Natural y fijaron como causa principal de los hechos a una fuga en la válvula de acometida.

Atendían así los informes elaborados por la la Policía Judicial, el CSIC y la Junta de Castilla y León y restaban veracidad a los análisis realizados por los peritos de la empresa gasística, que señalaron como posible causa de la explosión a una bombona de gas butano o propano.

El abogado de la Asociación de Víctimas y Afectados de Garpar Arroyo, Martín Ochoa, alegó que los informes de los peritos de Gas Natural resultan cuestionables porque «no se ajustan a la realidad». Muchos de ellos, argumentó, supusieron un «contrainforme» que pretendía servir a la empresa para «desmantelar las investigaciones policiales», informa Ical.

En la misma línea fueron las conclusiones presentadas por el abogado de la aseguradora Allianz, Agustín Calderón, quien insistió en que la fuga de gas resulta «un hecho probado y objetivo», avalado por las pruebas presentadas por los peritos policiales.

Para ambos, estas pruebas judiciales acreditan «sobradamente» que el origen de la explosión de gas está en el mal estado de dicha válvula y no en una bombona de butano, como señalaron los peritos de la empresa gasística. El letrado del colectivo de afectados reclamó indemnizaciones en concepto de daños morales para los afectados por el «dolor y la angustia generados por la explosión., aunque todo esto es difícil de cuantificar». De este modo, pedirán un importe de 1.000 euros por cada mes que los afectados estuvieron fuera de sus viviendas. Por ende, las indemnizaciones de los representados por el letrado del colectivo de afectados oscilarían entre los 3.000 y los 38.000 euros. Una baremación que, dijo, «es objetiva».

Por contra, según pudo saber Ical, Gas Natural presentó un escrito en el juzgado, en el que plantea una reducción en las indemnizaciones si es condenada. Respecto a los 3,1 millones que reclama la empresa de la Junta, Provilsa, por la reconstrucción de los edificios derrumbados, la gasística considera que existe falta de acreditación de los daños, ya que no se aporta ni siquiera un informe pericial que los justifique.

Asimismo, entiende que el Ayuntamiento de Palencia debe percibir cerca 140.000 euros ya que, los daños reclamados por el Consistorio «no están suficientemente acreditados». Plantea también a la baja algunas de las indemnizaciones por las víctimas mortales.