Familia apuesta por empresas con colectivo vulnerable en sus plantillas
Desde 2014, casi 16.000 personas salen de la pobreza severa / La consejera relaciona esta mejora con la evolución del I Plan de Inserción Socio-Laboral que en el ejercicio pasado logró 11.800 contratos
Al abrigo de la mejora económica y como respuesta al compromiso de la Junta de Castilla y León con los más vulnerables surgía, en el ejercicio pasado, el Plan de Inserción Socio-Laboral, con vistas a 2020. Tras su primer año de andadura y con resultados que superan las expectativas, la Institución regional apuesta ahora por primar en sus contratos a las empresas que cuenten ya en su plantilla con este colectivo que alberga a los perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad, entre otros.
«La Comunidad ha sido pionera en incorporar cláusulas sociales a la contratación. En concreto, en 2016 se agregaron al 75% de los contratos», recordó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, matizando que ahora toca «dar un paso más. Hasta el momento se beneficiaba a las empresas que se comprometían a contratar trabajadores en riesgo de exclusión; ahora se va a incentivar también a aquellas que ya tienen entre su personal este tipo de perfil».
Durante la rueda de prensa celebrada ayer para rendir cuentas sobre la evolución del I Plan de Inserción Socio-Laboral, García mostró una gran satisfacción ante una iniciativa que, a su juicio, guarda una relación directa con el descenso de la pobreza en la región. «En 2016, la tasa de riesgo de pobreza, directamente vinculada con tener o no un empleo, descendió en Castilla y León un 3,28%. La carencia material severa se redujo un 13,04%, situándose en la más baja de España», concretó la consejera, apoyándose en los datos recogidos por el informe de la EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social).
Desde 2014, momento en el que más personas se encontraban en situación de pobreza material severa, «se ha experimentado una bajada de 0,6 puntos, pasando del 2,6 al 2%. En términos absolutos, supone que casi 16.000 personas han salido de este tipo de pobreza», matizó.
Superar las expectativas marcadas durante el primer año de ejecución del Plan obligó a la Junta a incrementar su financiación en más de 5 millones, pasando de los casi 75 fijados en un primer momento a los más de 80 ejecutados. «Esto supone un aumento del 7,2% del presupuesto, que ha permitido llegar a más personas de las que teníamos previsto», explicó la titular autonómica.
Esta estrategia de inserción destinó en 2016 más del 60% de sus recursos a crear o mantener el empleo de las personas más vulnerables, lo que ha permitido la realización de 11.800 contrataciones incentivadas por la Administración. «Más de 1.700 contratos se efectuaron a través itinerarios personalizados y otras acciones formativas», aseguró García, añadiendo que el «53% del total de contrataciones –lo que supone 6.303 personas– corresponden a centros especiales de empleo y empresas de inserción» mientras que solo un millar fue en la empresa privada.
Casi el 40% restante del presupuesto del Plan se invirtió en mejorar la capacitación y formación de estas personas para acceder a un empleo, a través de las 14.000 acciones formativas desarrolladas. «La formación es clave para romper el bucle de la exclusión social y evitar la cronificación de la pobreza», manifestó la responsable de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Facilitar la entrada de colectivos vulnerables en el mercado laboral es el principal objetivo de unas actuaciones en las que participaron más de 84.300 personas. De esta cifra total de beneficiarios, «un 20% son inmigrantes, casi 5.000 perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, 766 mujeres víctimas de violencia de género o en situación de vulnerabilidad, más de 4.000 personas con discapacidad y más de 1.000 jóvenes».
Dentro de estas acciones, García diferenció las «enfocadas a mejorar la empleabilidad de los más vulnerables a través de itinerarios personalizados con las entidades del Tercer Sector, en los que han participado más de 6.800 personas». Por otro lado, señaló las «dirigidas a favorecer la inclusión activa de personas con especialidad vulnerabilidad, que han contado con más de 77.500 participantes».
La titular autonómica subrayó los apoyos residenciales que beneficiaron a 231 mujeres y a más de 400 menores; así como la tutorización a 700 jóvenes, que permitió la incorporación de 89 de ellos a la empresa ordinaria.