Fuerte caída de los pleitos laborales

La conflictividad laboral pierde intensidad en la Comunidad, al menos sobre el papel. El respiro económico de los últimos años tiene un reflejo directo sobre los conflictos que resuelven los juzgados de lo Social. Y es que los pleitos por despidos, o por controversias entre trabajadores y empresarios, bajan de forma ininterrumpida desde hace tres años en la Comunidad. Esa merma de conflictos es incluso mucho más pronunciada que la registrada en el conjunto de España.

En concreto, según los datos que maneja el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los casos laborales que llegaron durante el primer semestre de este año a los tribunales de lo Social ascendieron a 8.568. Se incluyen despidos, reclamaciones de cantidad, demandas por cuestiones relativas a la Seguridad Social o conflictos colectivos.

Fueron 3.565 menos que hace tres años y 1.105 menos que en 2016. Eso supone en su conjunto un 29,4% menos que en el mismo periodo de 2014; y un 11,4% inferiores a los registrados en el primer semestre del pasado año.

En España del mismo modo se han ido reducido paulatinamente los pleitos por conflictos trabajador-empleador, si bien en el país esa reducción no superó el 2,6% en relación al primer semestre de 2014; el mismo porcentaje que si se analiza el primer semestre de este año con el de 2016.

Los sindicatos lo achacan claramente a que se ha instaurado en Castilla y León la «precarización y la concatenación de contratos, de días o incluso de horas». Sirva un ejemplo, el 45% de los contratos firmados de enero a abril de este año en la Comunidad duró menos de un mes.

«Si un trabajador, que encadena seis o siete contratos, es despedido, no está conforme con su finiquito o vea algo ilegal en su contrato, ni siquiera se plantea acudir al juzgado para defender lo suyo», lamenta el secretario de Acción Sindical de UGT en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, para quien el «punto clave está en la reforma laboral».

Y es que si a la pregunta de ‘cuánto me correspondería en concepto de liquidación’ le sigue la respuesta de ‘ínfima’, los trabajadores «prefieren dar un paso atrás, renunciar a llevar su asunto a sede judicial, y dejar morir su derecho», tal y como explica Santa Eufemia.

A eso se añade, como reconoce UGT, que «ha descendido este año el cierre de empresas significativas en la Comunidad», que «no de pequeñas empresas», y que las multinacionales han abandonado en general los EREs suspensivos.

Pero si hay algún asunto más traumático que otro de los que llegan a un juzgado ese es el que conlleva el despido del trabajador. En este sentido, los tribunales resolvieron en el primer semestre del año un total de 2.193 despidos en la Comunidad. Nada que ver con los 4.109 que se produjeron en 2014. Y es que la cifra del pasado semestre es la más baja de los últimos tres años.

La estadística refleja, por tanto, una reducción del 46,6% del número de despidos judicializados desde 2014, y del 16,4% si se analiza en relación a un año antes.

En todas las provincias castellanas y leonesas se observó una notable caída en el número de despidos que acabaron frente al juez. Sólo una excepción: Ávila. Allí los pleitos por despido crecieron un 2,4% en relación a los que se practicaron en 2014.

Los mayores desplomes tuvieron lugar en Burgos y en León. Hasta un 60% se redujeron los despidos judicializados desde hace tres años. Le sigue por intensidad reductora Segovia, con una merma del 48%, y Valladolid, cercana al 40%.

En la Comunidad casi seis de cada diez despidos no llegaron ni siquiera a la mesa del juez. Se resolvieron en un acto de conciliación entre trabajador y empresa (exactamente 971 casos), frente a los 705 que sí pasaron por juicio. Este dato evidencia que la mediación laboral «está dando sus frutos», afirma Santa Eufemia, ya que sólo tres años antes los actos de conciliación representaban un 50% de los casos resueltos.

Los jueces resuelven, pero ¿qué dictaminan? En 1.676 casos el juez, antes o después del juicio, dio la razón al trabajador, ya sea de forma total o parcial. Quiere decir que en el 76% de los casos el fallo ‘sonrió’ a los trabajadores. Las sentencias son hoy más favorables de lo que fueron en los primeros compases de 2014. En aquel momento, un 69% satisfacía las reclamaciones de los empleados.

Según los datos del Ministerio de Empleo, cada uno de los 1.733 trabajadores que fueron despedidos por sus empresas entre enero y junio de este año, y que lo denunciaron, percibieron de media 10.398 euros. Supuso una caída de la indemnización media del 20,5% en relación a la que percibieron los que fueron despedidos hace cuatro años (13.239 euros). Eso sí, representa un 4,6% más que la cobrada en el primer semestre de 2016.

De nuevo, la respuesta se encuentra, a ojos de Santa Eufemia, en la precarización de los contratos y en unos salarios «que no se han ampliado». «Las reclamaciones son mucho más bajas ahora porque los salarios son inferiores», apostilla.

No obstante, las cuantías medias reconocidas por los jueces fueron más ‘generosas’. A 11.307 euros ascendió la indemnización dictada por el juez ante un despido producido en la Comunidad en el primer semestre. Frente a esa cuantía, los 9.731 euros lograda en la conciliación entre las dos partes.

Con todo ello, el coste empresarial en indemnizaciones individuales, bien por sentencia o por conciliación, superó en el primer semestre del año los 18 millones de euros. La cifra es, según los datos que maneja el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la mitad a la registrada en 2014, cuando superó los 41 millones.

Desde que en 2008 la crisis económica comenzara a hacer añicos el empleo los despidos judicializados han costado a las empresas en la Comunidad más de 400 millones de euros.

Los despidos representan en Castilla y León el 25% de los 8.568 asuntos judiciales resueltos en total por los tribunales de lo Social a lo largo del primer semestre. Son las reclamaciones derivadas por un contrato las que acaparan el mayor volumen de trabajo en los juzgados de lo Social. Exactamente el 48% de los casos. Y, al igual que los despidos, también se contrajeron. Lo hicieron un 29% si se compara con 2014 y un 7,6% sobre los datos de los primeros seis meses de 2016.

Los conflictos colectivos, a los que se llega porque un grupo de trabajadores reclaman una interpretación de una norma o convenio colectivo, o van contra una decisión de la empresa, registraron la reducción más abultada. En los últimos tres años se redujeron un 57%. De los 126 de 2014 se ha pasó en el último semestre a contabilizar 54 casos.

Por contra, los conflictos en materia de Seguridad Social que fueron solventados por los tribunales el pasado año aumentaron un 5,4% desde 2014. En estos casos, los trabajadores reivindican cuestiones relativas a afiliación, prestaciones o accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o cotizaciones no realizadas correctamente por parte de las empresas.