Las ejecuciones hipotecarias caen un 75% en tres años

Los datos de ejecuciones hipotecarias empiezan a arrojar datos ligeramente positivos en lo que va de año y es que el segundo trimestre del presente año corrobora un descenso progresivo de los desahucios, y aunque es cierto que son varias las voces que afirman que la recuperación económica comienza a materializarse, y es ya una realidad, este tipo de acciones sociales caminan a paso muy lento hacia una posible mejoría. No hay que olvidar que detrás de cada ejecución, por números que sean, hay un drama familiar.

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas descendieron en Castilla y León en el segundo trimestre del año un 42,9%, al pasar de las 310 del mismo periodo de 2016 a las 177 registradas entre abril y junio de este ejercicio, según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Unos números muy parecidos a nivel nacional, donde el descenso fue del 42,3%, hasta las 6.937.

De estas 177 viviendas hipotecadas en la Comunidad, 176 eran de segunda mano y 1 nueva. Además de las viviendas, en el periodo de estudio se ejecutaron también en Castilla y León 21 fincas rústicas, 71 solares urbanos y 440 de otra naturaleza urbana, que sumadas a las propias viviendas alcanzaron las 709, seis más que el pasado año. Unos datos que invitan al optimismo cuando también se comparan con el resto de los trimestres de otros años. De esta manera, en 2014 las ejecuciones fueron 692, al año siguiente se pasó a 598. Lo que supone un descenso de más del 75%. Los expertos en la materia creen que es muy positivo que la estadística de ejecuciones hipotecarias tenga un ajuste tan importante, porque es un síntoma claro de la buena marcha del sector y de la recuperación de las entidades financieras frente a los impagos de la crisis.

Hay que recordar que una ejecución hipotecaria es el procedimiento, tramitado a instancias de una entidad bancaria en los Juzgados de Primera Instancia, que permite exigir al hipotecado el pago de cantidades adeudadas.

A partir de ese momento, en caso de que la persona hipotecada no pueda abonar lacantidad adeudada, el juzgado procedería a la subasta de la vivienda y, por lo tanto, al desalojo del propietario.

Al caer en el impago de entre tres y seis cuotas, el banco inicia un proceso de ejecución hipotecaria con el que no reclama las mensualidades atrasadas sino el monto total del crédito a un interés que ronda entre el 20% y el 25%. Las costas judiciales van a cargo del deudor. Si no puede pagar lo estipulado en la ejecución ni tampoco los avalistas del préstamo, si es que existen, se cae en la subasta del inmueble.

Si extrapolamos estos números al resto de España, las comunidades con mayor número ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas en el segundo trimestre fueron Andalucía (3.581), Valencia (2.6948) y Cataluña (1.758). Por su parte, Navarra (47) y País Vasco (87) registraron el menor número. De las 13.605 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España sobre el total de fincas este trimestre, el 50,9 por ciento corresponde a ejecuciones hipotecarias de viviendas.

Tomando como referencia las hipotecas constituidas en el periodo 2003-2016 sobre el total de fincas, el 0,1% de las constituidas han iniciado una ejecución hipotecaria en el segundo trimestre de 2017. Valencia (0,15%), Murcia (0,13) y Andalucía (0,13) registran los valores más altos. Por su parte, País Vasco (0,02 %), Comunidad Foral de Navarra (0,03) y Madrid (0,05) presentan los más bajos.