Junta y Cartif se unen para recuperar 384.000 hectáreas de suelo degradado

Aproximadamente el 20% de la superficie agraria de Castilla y León cuenta con suelos con baja o muy baja materia orgánica, es decir, suelos agotados con escasa o nula productividad. Recuperar o mejorar la estructura de estos suelos degradados, a partir de residuos de la industria agroganadera, es precisamente el objetivo del proyecto puesto en marcha por la Consejería de Agricultura y el Centro Tecnológico Cartif, que pretende llegar a un total de 384.000 hectáreas en la Comunidad. De ellas, se estima que 320.000 hectáreas corresponderían a tierras dirigidas a cultivos de secano y 64.000 a regadío, según los cálculos de la propia administración autonómica.

La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, y el director general de Cartif, José Ramón Perán, ratificaron ayer un convenio marco de colaboración en el que se enmarca este proyecto específico que arranca con un presupuesto inicial de 2,5 millones de euros, y que busca el amparo de fondos europeos.

La intención con este acuerdo es, mediante la investigación aplicada, buscar sustratos tecnológicos o nuevas formulaciones, en forma de pellets, a partir de desechos agroganaderos que, aplicados al suelo, aumenten su fertilidad o mejoren su rentabilidad. Es decir, «aprovechar como fertilizante lo que hoy son contaminantes».

Así lo constató ayer la consejera de Agricultura, que explicó que el proyecto llegará tanto a terrenos agotados por el exceso de uso de campañas anteriores, como a aquellos que por sus características edafológicas no están dando la productividad esperada.

Esta iniciativa permitirá «incrementar» los rendimientos de la tierra a largo plazo, en torno a un 20%. Un paso «importante» que supondrá, en palabras de la titular de Agricultura, un beneficio en las rentas anuales cifrado en unos 57 millones de euros.

Por otra parte, y además de recuperar los terrenos perdidos, se estima que el proyecto suponga una reducción del 30% del coste de gestión y eliminación de residuos. Y es que esta actuación «valoriza» los productos y subproductos de agricultura y ganadería para transformarlos en función de las características de los terrenos que se quieren recuperar.

Junta y Cartif quieren que esta iniciativa tenga «el mayor alcance», como confirmó el director general del Centro Tecnológico, por eso, ambas instituciones se han unido para buscar financiación europea, dentro del programa Horizon 2020 o algún proyecto Life. Se pretende que Castilla y León forme parte de consorcios europeos y lidere la innovación agroalimentaria, tanto en materia de producción sostenible como de adaptación al cambio climático. En definitiva, «mejorar la competitividad del sector» a través de una «mejor» optimización de los recursos.

Y es que, como señaló Perán, se trata de poner en marcha iniciativas, dirigidas al sector agrario, que se traduzcan después en realidades concretas. Todo ello, con la pretensión de que «el mundo rural no se quede atrás». Algo que pasa, según este responsable, por la innovación y las nuevas tecnologías, en busca de una mayor eficiencia.

En cuanto al desarrollo del proyecto en secano, la provincia de Ávila, en concreto la comarca agraria de Arévalo-Madrigal, es, junto al Bajo Duero de Zamora y sur de Valladolid, una de las más zonas más afectadas por suelos degradados o con niveles bajos de materia orgánica. La Junta contempla actuaciones también en áreas de la provincia de Soria, Segovia y León.

Por otra parte, el desarrollo de esta iniciativa conjunta en regadío afecta a prácticamente toda la Comunidad, con especial incidencia en la comarca agraria de Salamanca, Sahagún, Esla-Campos y La Bañeza, en León, y Campos Pan en Zamora. Este proyecto de bioeconomía se extenderá también al resto de provincias de la Comunidad.

NUEVO MODELO

La pretensión de la Junta, en una primera fase, es que el proyecto se ensaye en los campos del Instituto Tecnológico Agrario, Itacyl, para después trasladarlo al resto de Castilla y León, con el apoyo de la financiación europea. De esta forma llegaría tanto al secano «agotado» de la región, como a las tierras de regadío actualmente con problemas de drenaje, donde los embalsamientos están generando enfermedades en la raíz de la planta.

El convenio de colaboración se inscribe en un «nuevo modelo de trabajo» para la mejora de la competitividad del sector agrario y agroalimentario de Castilla y León. El reto es, para la Consejería de Agricultura, una investigación «a la carta» que sirva para dar respuesta a la «verdadera demanda» del sector, con propuestas «útiles» y prácticas.

En este sentido, Marcos recordó los retos definidos en la Agenda Agroalimentaria+50, así como la necesidad de que la Comunidad se «posicione» ante el previsible aumento de la población mundial, y una demanda de cereales que se incrementará en 900 millones de toneladas. «No podemos influir en los precios, aseguró la responsable autonómica, convencida de que hay que identificar las necesidades reales del sector, coordinar las capacidades de I+D de los distintos agentes implicados, e investigar «a demanda» para asegurar el futuro del campo.

El planteamiento a medio plazo es que Agricultura, a través del Itacyl, y Cartif colaboren para contribuir a la solución de problemas sociales, económicos y tecnológicos del sector. La consejera destacó el incremento superior al 30% de los proyectos que el Itacyl tiene en marcha «habitualmente».