Nuclenor abre la negociación sobre la plantilla que desmantelará Garoña

Nuclenor y el comité de empresa de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) empezarán a sentar las bases de la negociación sobre el futuro de los 229 trabajadores de la plantilla, que será la cuestión a debatir en la próxima reunión que la mesa de negociación mantendrá desde primera hora de la mañana del próximo lunes.

La pretensión de las eléctricas, según publicaba la edición de El Mundo de ayer, es reducir a casi la mitad el número de trabajadores de la planta nuclear a casi la mitad. Es decir, según siempre el planteamiento de las empresas propietarias -Iberdrola y Endesa, la pretensión es que se reduzca a 120 el número de trabajadores, operación que se debería llevar a cabo antes de que de acabe el año. Este número de empleados sería el necesario para empezar las labores de predesmantelamiento. Hay que recordar que la central lleva parada desde diciembre de 2012.

En este sentido, las negociaciones que empiecen a llevarse a cabo desde la próxima semana se centrarían en el destino que se dará a los 109 empleados que sobran. Durante la reunión celebrada ayer en Miranda de Ebro no se trató de esta cuestión. Los representantes del comité de empresa señalan que el destino de la plantilla lo deben negociar de forma directa con Nuclenor, cuyos representantes ayer no hicieron mención a esta cuestión que, insistieron, se empezará a negociar en próximas reuniones.No obstante, el comité de empresa asume que habrá parte de la plantilla no seguirá en Garoña después de que se haya abierto un nuevo periodo tras la decisión adoptada por el Gobierno el pasado 1 de agosto de no conceder el permiso de continuidad a la central.

Condiciones

Pedro San Millán, miembro del comité de empresa y representante en la mesa de negociación, insiste en que ellos pelearán para lograr que los 109 restantes sean reubicados o prejubilados en las mejores condiciones». Por ello, y sin poner en duda esa cifra, sí la cree extraída de nuevo de informes realizados años atrás por el CSN sobre el número de empleados imprescindibles para la realización de dichas labores de retirada y traslado de los residuos, así como de mantenimiento de la seguridad. De ahí que insista en que como parte de las conversaciones que empresa y empleados retomarán el lunes se pondrá sobre la mesa la opción del mantenimiento de esas cifras o su actualización a la situación actual en que se encuentra Garoña. «Sobre todo a la vista de los evidentes retrasos actuales que dichas previsiones pasadas sufrirán en aspectos significativos del proceso de predesmantelamiento», argumenta el representante sindical.

Importantes detalles a los que el sindicalista suma el reconocimiento estas semanas, por parte de Enresa, «de que cuenta ahora con insuficiente personal para realizar los preparativos de dicho desmantelado de Garoña».

Como recuerda, la entidad estatal se encuentra en este momento inmersa en el proceso de desmantelado de la central de Zorita. Porque a pesar de que ésta se encuentra ya en los últimos pasos del mismo -tras haberse iniciado durante el año 2006-, Enresa tendrá seguramente labor para los próximos años, lo que quizás cause que la fecha de inicio del desmantelado de Garoña en 2020 se retrase».

La negociación de la plantilla que será finalmente necesaria para llevar a cabo el predesmantelamiento de central burgalesa se centrará en lo acordado en el convenio colectivo, concretamente en lo que recoge el artículo 47, sobre la garantía de empleo.

Ese será el marco de referencia de los representantes sindicales, que insisten que su interlocutor será Nuclenor, por lo que ayer decían«no saber nada» de las previsiones que manejan las compañías eléctricas. Este artículo recoge que en el caso de que haya un cese de la actividad de la central por motivos técnicos, económicos o de otro tipo, la empresa compromete medidas como jubilaciones anticipadas -cerca de la mita de la actual plantilla supera los 57 años- y recolocaciones en otras instalaciones.

De esta manera, ya se van dando los pasos previos al desmantelado de Garoña que protagonizará el último capítulo de su historia y que se cree que se alargue entre 13 y 17 años. El del ayer era el segundo encuentro entre las dos partes, después de que el pasado martes 8 de agosto, una semana después de que se decretara el cierre. La mesa de negociación está compuesta por diez miembros, con cuatro representantes de los empleados, cuatro de la empresa, un presidente y un secretario.

A estudio las diferentes vías para retirar los residuos

Las conversaciones en esta primera cita giraron en torno a la hoja de ruta presentada por la empresa que marcarán los trabajos de cara al desmantelamiento de la central burgalesa. Nuclenor -empresa propietaria coparticipada al 50% por Iberdrola y Endesa-, «nos ha confirmado que todas ellas se concentrarán en la retirada de los residuos que ya había y del combustible aún en el núcleo, así como del mantenimiento de la seguridad durante todo el proceso, para posteriormente colaborar con Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A.) en el desmantelado de la central», explica el representante en la mesa de UGT, Pedro San Millán. Proceso en el que están estudiándose ya varias vías, añade. Si bien no han hablado de plazos concretos en la reunión, «sí estuvimos todos de acuerdo en que en ellos influirán factores vitales que, seguramente, retrasen el proceso, que en su totalidad fácilmente superará los 17 años», data. Entre dichos factores, la indisponibilidad inmediata para la conservación de este material del Almacén Temporal Individualizado (ATI) instalado junto a Garoña «y que se prevé pueda estar concluido en verano». O su traslado al Almacén Temporal Centralizado (ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas, «del cual hemos comentado el evidente retraso en su construcción, con lo que la previsión de tenerlo listo en torno al año 2021 se alargará al menos hasta 2024». Una posible opción que también comenta San Millán podrá ser la de trasladar a las instalaciones de El Cabril -situado en el término municipal de Hornachuelos en Córdoba y gestionado por Enresa- de los residuos ya existentes de baja y media actividad (RBMA), el único cementerio nuclear existente en España y en funcionamiento desde el año 1986. «Pero se plantea un nuevo problema, la inexistencia de los contenedores especiales -sarcófagos-, que deben usarse para ello, ya que Enresa solamente tiene construidos 5, y Garoña necesitará más de medio centenar», advierte.