La Junta convocará todas las plazas existentes antes de marzo

La Junta de Castilla y León convocará todas las plazas públicas existentes antes del 1 de marzo. Además, en la próxima convocatoria prevé sacar a concurso ordinario cerca de 600 plazas que antes pertenecían a puestos de libre designación y de concurso específico. Con estas medidas, incluidas en el acuerdo firmado ayer entre la Junta y los sindicatos se pretende mejorar y modernizar la función pública.

Uno de los puntos clave del pacto trata sobre la jornada semanal de 35 horas para los funcionarios. Según lo acordado, en el momento en el que el Gobierno central permita este horario, la Administración autonómica lo implantará «de manera inmediata». El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y uno de los firmantes, aseguró que, desde la Administración regional, van a «seguir reivindicando» la recuperación de las 35 horas semanales.

Hay que recordar que, en el caso de Andalucía, el Tribunal Constitucional suspendió hace dos días la jornada de 35 horas al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra el decreto de la Junta andaluza que permitía devolver el horario semanal a 270.000 empleados públicos de esa Comunidad. La norma que ha impugnado ahora el TC estaba en vigor desde el pasado mes de enero y de ella se estaban beneficiando cerca de 45.000 funcionarios andaluces.

En lo referente al conjunto de disposiciones pactadas, De Santiago-Juárez destacó que han sido «muchas las horas dedicadas para conseguir este acuerdo entre sindicatos y Junta» y apuntó a que ha sido necesaria la «cesión de todas las partes» para poder fijar unas medidas para funcionarios que «no existen en ninguna otra autonomía». Los tres sindicatos participantes han sido la Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Castilla Y León (CSI-F), la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO).

Aparte de estar enfocadas a la actualización de la función pública, las medidas buscan recuperar algunos de los derechos de los empleados públicos perdidos en los últimos años como consecuencia de la crisis.

Para alcanzar la máxima cobertura posible, tanto para el personal de la Junta como para el de los organismos autónomos, se ampliará el catálogo de enfermedades contempladas con el fin de que, en caso de baja laboral, los trabajadores cobren el 100% de la prestación desde el primer día.

También se negociará la recuperación de la totalidad de las ayudas de acción social, con el objetivo de que en los presupuestos para 2019 se incluya, al menos, entre el 40% y el 50% del importe presupuestado en el último año en el que se concedieron estas ayudas.

Otro de los puntos del acuerdo anuncia la implantación de un concurso abierto y permanente que se pondrá en marcha en marzo y que permitirá una mayor agilidad en la movilidad de los funcionarios a la hora de solicitar un nuevo puesto. Dentro de este proyecto, y para contribuir a la mejora de la carrera profesional de los trabajadores, la Junta planea pasar el 31% de las plazas de libre designación y el 28% de las de concurso público a concurso ordinario, beneficiando así a los ya funcionarios a la hora de promocionar.

El acuerdo firmado ayer anuncia asimismo el inicio de las negociaciones para definir las condiciones y características de los llamados puestos ‘ultraperiféricos’. Antes del mes de diciembre, Administración regional y sindicatos estudiarán posibles medidas para estimular la cobertura de las plazas en aquellas localidades con menor población. Entre las distintas opciones, se baraja la fijación de un complemento salarial en estos puestos o el reconocimiento con una puntuación adicional para aquellos empleados públicos que decidan posteriormente presentarse a un nuevo concurso.

La Administración autonómica se compromete además a pagar el incremento del 1% de las retribuciones y los atrasos registrados desde el 1 de enero en la nómina de julio o, sino, en una nómina complementaria en los primeros días de agosto. A partir de 2018, la Junta planea incorporar cursos de formación específica destinados a los funcionarios de nuevo ingreso y a los que se incorporen a un nuevo destino, en caso necesario. La reducción del número de vacantes y de la tasa de temporalidad es otro de los objetivos de la Junta.