Hombres de paz

Era docente de Lengua y Literatura cuando le propusieron aquella inusual oferta. Por entonces, poca idea tenía Jesús López de leyes, pero ahora sabe de carrerilla un buen puñado de normas.

– ¿Qué tengo que hacer? [Preguntó un desorientado profesor]

– Mediar entre la gente, escuchar, intervenir, ser discreto, justo. [Le respondieron]

«Sin saber nada de nada, creí que podía hacerlo. Lo que sé, lo he ido aprendiendo después, a la fuerza, con la práctica y leyendo».

Jesús acumula ya 24 años como juez de paz, como uno de esos mediadores vecinales de los que el Ministerio pretende prescindir. Una figura que encarna ese concepto antiguo de «hombre bueno», que vela, con discreción, por el bienestar, la justicia y el orden en los pueblos.

Comenzó dedicando sus horas libres a esta tarea. Cuando terminaba de impartir clases en el instituto, acudía a la segunda planta del Ayuntamiento de Tordesillas y daba audiencia. Ahora está jubilado y por su mesa continúan desfilando vecinos de 22 localidades, las que dependían del otrora partido judicial.

Algunos están enfrentados y trata de buscar espacios de entendimiento –«a veces se logra», apunta–; otros inscriben en el registro civil nacimientos, defunciones, se casan... y él certifica esos hechos. Podría decirse que la historia principal del pueblo pasa de algún modo por su despacho. «Los momentos más importantes de las personas, nacer, unirse y morirse. El ciclo de la vida», señala con cierto orgullo por participar a su manera en ello.

Han pasado más de veinte años y la figura que representa se encuentra en tiempo de descuento. Termina la tregua dada por el Ministerio para que los jueces de paz continúen con sus atribuciones.

Jesús López fue el primero de Tordesillas, y el único. Igual que el resto de los 2.205 colegas de otros municipios de la Comunidad, permanece pendiente de que el Gobierno se pronuncie.

Hace dos años, el departamento de Justicia del Ejecutivo les envió una circular anunciando que el 1 de julio de 2017 concluía el plazo para tomar una decisión sobre su desaparición, contemplada en la polémica reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esta modificación normativa fue promovida por el ex ministro Alberto Ruiz Gallardón y, en lo concerniente a esta figura, su sucesor en el cargo, Rafael Catalá, la dejó en stand by para abrir un proceso de reflexión y buscar «el mayor consenso político y social» sobre su situación.

Aún no han recibido notificación alguna que despeje su futuro, pero un vistazo a la actividad de esta sala cuestionaría los argumentos que, en aras de una pretendida «modernización», llevan al Ejecutivo a plantearse terminar con las labores que realizan los jueces de paz en una Comunidad tan dispersa como esta.

La agenda de Jesús señala para esta mañana cuatro actos de conciliación. Cuatro citas en las que trata de hacer entrar en razón a sus vecinos.

Antes de dar comienzo a uno de ellos, ensalza la importancia de esta vía. «Si llegan a un acuerdo, lo consiguen con agilidad, en unos días desde que presentan la papeleta. A ver qué juzgado de instrucción se lo resuelve tan pronto y ¡gratis!», señala, como otro de los factores que convierten a este órgano en relevante, más allá de una cuestión de operatividad: que miles de vecinos tendrían que trasladarse a las capitales a efectuar gestiones que hasta ahora realizan en la Plaza Mayor de la villa.

En ese momento, este profesor jubilado realiza una encendida defensa del puesto que continúa ocupando por «responsabilidad», porque reconoce que, al encontrarse su continuidad «en el aire», carece de sentido práctico buscar un relevo y formarle.

Lo primero que pone Jesús sobre la mesa son los 1.167 asuntos que atendió este primer escalón de la estructura judicial sólo en el último año desde Tordesillas. Casi 127.000 trataron los juzgados de paz de toda la Comunidad. Desde inscripciones matrimoniales a diligencias previas, tramitaciones de denuncias... «Aunque sean asuntos poco importantes, se los hemos quitado a los juzgados de primera instancia. Por poco que sea, sumas lo de los más de 2.000 jueces de paz y el volumen es muy alto. Eso se tiene que notar», indica.

Pero no sólo apela a su supervivencia por el posible atasco que generaría en las salas de ciudad o grandes municipios, también esgrime la repercusión en la vertebración de los pueblos. «El medio rural se está desalojando y perdiendo referentes y servicios: los maestros, los curas, los médicos. Si queremos defenderlos, tienen que tener cierta actividad», asegura, y pone el acento en la dispersión y la densidad de población de Castilla y León. «Es un territorio grande y la población de cada núcleo es pequeña y se legisla igual que para Madrid, que es un territorio pequeño con población grande», cuestiona.

Este juez de paz está convencido de que «si quienes legislan la reestructuración de la Justicia desde los despachos de Madrid» les hicieran una simple visita cambiarían de parecer.

López precisa que en su día a día se encuentra con «más desavenencias que avenencias» y lo atribuye a una cuestión generalizada e innata al ser humano: «Cuando creemos que tenemos la razón, es difícil, por lo general, que nos pongamos en el lugar del otro».

Pese a esta advertencia, empieza el día con un acuerdo. El primer acto de conciliación termina con el compromiso de uno de sus vecinos de pagar el préstamo que adeuda a una compañía que le concedió un crédito hipotecario en nuevas cuotas con arreglo a sus ingresos.

Abandonan la sala y la satisfacción es visible en Jesús porque se cumple una parte fundamental de su misión, que reine la paz y la armonía a su alrededor.

Unos minutos con él sirven para descubrir que cada caso que atiende representa más que un asunto aislado. Juntos componen una radiografía de la zona. Es más, también de la situación general del país. «Es un reflejo absoluto de la sociedad, como lo fue también del panorama en los peores años de la crisis», comenta Jesús, que cita el ejemplo de hoy como un hecho frecuente desde que las hipotecas se convirtieron en una trampa para muchos.

Sobre esta época reciente, cuenta que advirtió «más crispación» entre los lugareños, que los problemas económicos se trasladaban a la pequeña habitación en la que realiza sus gestiones. «La gente solucionaba sus problemas con violencia. Tenían un problema con el corral del de al lado y se peleaban. He visto a un vecino de Villamarciel disparar a otro», apunta, para a renglón seguido apelar al «diálogo» y certificar que no dispone de «ningún bálsamo». «Sólo intento ayudarles, comprenderles y escucharles para que la convivencia mejore».

Tanto, que describe parte de sus atribuciones como similares a las de un «confesionario», y por eso su discreción cobra más valor. «No puedo ir contando la información que conozco aquí. Es una condición básica y esto hace que me respeten», expone, y destaca la «cercanía» como otro valor de los jueces de paz.

Los dos siguientes procesos del orden del día revelan también otra realidad muy frecuente: los enfrentamientos familiares. Ninguno de los casos termina con resolución favorable.

En el primero, un hombre reclama a su hermano que se haga cargo del pago de los derechos de la herencia. No alcanzan un acuerdo. «Si quieren solucionarlo, ahora deberán acudir a un pleito civil, con lo que les cueste, pagando abogados y procuradores, y con lo que tarde», advierte López.

El otro enfrentamiento familiar del día se despacha rápido. Apenas unos minutos. Ninguno cede. Esta vez se trata de la reclamación del abono del IBI de una propiedad. Jesús trata de hacer entender a quien no paga que «si la vivienda es de los dos, las obligaciones, la basura, el agua... también». Pero no surte efecto.

Entre un acto y otro aprovecha y firma algunos documentos. Certifica un fallecimiento y un nacimiento. Lo rubrica en un papel impreso del ordenador. Mucho más moderno que todos esos libros antiguos manuscritos que almacena a tan sólo dos estancias de la suya y que enseña como el mayor tesoro del lugar. Son los registros que conserva Tordesillas desde que en 1873 se creara el registro civil.

Andrea Rodríguez Blanco. Así se llama la primera vecina que aparece inscrita en ellos. «Es la historia del pueblo», apostilla, en un amago de cargar dialécticamente contra la amenaza que se cierne sobre los jueces de paz. Pero sigue su propio consejo de templar los ánimos y continúa con su actividad.

El último acto programado sólo dura siete minutos. La disputa se remonta al impacto de un zorro en un vehículo que circulaba por una carretera próxima a un coto de caza. Acuerdan que la compañía de seguros que cubre al coto abone al conductor los desperfectos ocasionados.

Actos de conciliación como estos se mantienen, por ahora, entre las obligaciones de los jueces de paz que, paulatinamente, han ido perdiendo competencias, como en el caso de la celebración de juicios de faltas, aunque Jesús tampoco lo echa de menos. «Había que trabajarse las sentencias y llevaban mucho trabajo». Él de lo que más disfruta es de oficiar bodas. Aparece ya en setenta fotografías de novios.

Otras atribuciones suprimidas en todo es tiempo las nombra también sin nostalgia. Expone Jesús que llegaron a tener competencias sobre el artículo 620 del Código Penal, que regulaba las vejaciones, injurias y amenazas. «A veces se formaba mucho jaleo», rememora.

También tenía que levantar cadáveres en accidentes de tráfico. Ya no. Eso, recuerda, era lo más duro. «Los accidentes son terribles. La gente no es consciente del riesgo, de que no merece la pena correr más, pero yo sí. He visto la muerte de cerca demasiadas veces».

Ahora, se encuentra inmerso en otro problema que le trae de cabeza, también relativo a la circulación. «Hay muchos jóvenes que hacen carreras con las motos e intentamos localizar las matrículas para denunciar y llamar al orden», indica.

Mientras espera a que el Ministerio mueva ficha, él asegura que continuará con normalidad con esta actividad. «Seguiremos intentando hacer nuestro trabajo hasta que nos manden cerrar la puerta y apagar la luz. Que siga reinando la paz, la armonía, y, dentro de mis posibilidades, cumplir con eso que se espera de los hombres buenos».