El Colegio de Psicólogos propone la creación de un "grupo de emergencistas" para atender a las víctiams de violencia de género
El vicedecano y vocal del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, Vicente Martín Pérez, propone crear un “grupo de emergencistas” para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, a modo de “intervención de crisis”. No en vano, defiende que la mujer que ha sufrido maltrato tenga garantizada la atención psicológica “inmediata” y cuente con una persona de apoyo desde el primer momento, tal y como lo recoge la Ley Integral contra la Violencia de Genero.
Martín Pérez, quien compareció en la Comisión no permanente para evaluar el cumplimiento y efectividad de la ley contra la violencia de género en las Cortes, recuerda que la mujer que ha sufrido una agresión se siente indefensa y requiere de ayuda, por lo que, una vez cubierta la atención médica y forense, “lo primero que necesita es un psicólogo”. Incluso considera que este profesional es más prioritario que un abogado que pueda prestar apoyo jurídico en un momento posterior. De ahí que demandara que existan psicólogos disponibles las 24 horas, al igual que ocurre cuando hay una emergencia y situación de crisis, comunicada por el 112.
El vicedecano del Colegio de Psicólogos aprovecha para “agradecer” a la Junta de Castilla y León la confianza que ha depositado en el colectivo que representa para prestar el programa de atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia de género así como sus esfuerzos en dotar de un presupuesto, que para este año ronda el medio millón de euros. En todo caso, aseguró, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que el modelo 'Objetivo. Violencia Cero' “es mejorable” y demandó al Estado más partidas económicas para la atención psicológica.
Protocolo en todas las comunidades
Martín Pérez solicita un protocolo de intervención en todas las comunidades, elaborado por expertos, para que haya una unidad de actuación en los casos de violencia de género, al igual que ocurre en Tráfico. “Urge un sistema corporativista porque el problema es muy grave”, afirma.
Recuerda que, en la actualidad, la Comunidad cuenta con 57 psicólogos que forman parte del programa, repartidos en las nueve provincias, tanto en el ámbito urbano como el medio rural. “Se ha reforzado el número para cubrir todo el territorio y llegar a cualquier punto, por pequeño que sea el pueblo, y así evitar el desplazamiento de las víctimas en una región tan extensa y mal comunicada”, añade.
El Colegio Oficial de Psicólogos ha atendido un total de 6.625 usuarios desde el año 2001, de las que 4.779 son mujeres, 1.014 menores, 815 hombres y 12 familias. En total, se ha prestado 60.042 sesiones individuales y un millar, grupales. En cuanto a los últimos datos disponibles, ofreció la cifra de 688 mujeres atendidas entre enero y noviembre de 2016, de las que el 87 por ciento era española, con una edad media de 39 años.
Explica que el trabajo del psicólogo es la evaluación de la víctima, con la elaboración de un informe inicial y otro final, a través de las diferentes consultas. También valora la labor del profesional para “intentar” modificar determinadas conductas, pese a reconocer que la recuperación de las mujeres, en muchos casos, es “muy complicada” al existir un estrés agudo o postraumático.
Todo ello, se desarrolla a través de 12 sesiones, que pueden ser ampliables, aunque el vocal del Colegio de Psicólogos califica de insuficientes y demanda, al menos, 20. “Podemos tarar hasta cinco sesiones para ganarnos su confianza, por lo que no podemos plantearnos grandes retos y tratar de lograr su rehabilitación psicológica”, precisa. En el caso de la atención a los maltratadores, las consultas son 15.
Martín Pérez hace hincapié en la necesidad de mejorar la sensibilización y la prevención que se confunden con la información y la propaganda. “El exceso de información si no está destinado a una población diana conlleva a habituaciones y que la sociedad hable de la violencia de género sin demasiadas consecuencias”, asevera.
De ahí que abogara por la realización de estudios postcampaña para conocer los efectos de esas medidas de sensibilización. “Hay una cosa clara: No han disminuido las muertes de mujeres ni el maltrato y solo han aumentado las denuncias. Por lo que podemos concluir que las campañas de prevención han fracasado, si tenemos en cuenta los objetivos planteados”, rubrica.
Frente a ello, puso el ejemplo de las campañas destinadas contra el sida y otras enfermedades víricas que han logrado erradicarlas gracias a “mensajes contundentes y reales”. En ese sentido, planteó la contratación de empresas especializadas para estudiar la percepción de esas campañas de la administración y para llevar a cabo una adecuada propaganda, a través de profesionales de la comunicación. “No es cuestión de presupuesto porque un buen anuncio puede costar lo mismo que uno malo”, opina.
Insiste en una prevención enfocada a una población diana para este tipo de maltrato porque hay muchos colectivos diferentes y no tratar a la ciudadanía en su conjunto. “La prevención no es cosa de todos sino un trabajo de expertos porque hablamos de un asunto de integridad física de la persona”, sentencia.
Por otro lado, demanda que los Centros de Acción Social (Ceas), especialmente en los pueblos, tengan unos espacios específicos y “más adecuados” para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género que acuden a estos lugares a contar lo ocurrido. También aboga por “legislar” la asistencia de los psicólogos a los juzgados que, en ocasiones, comparecen en varios juicios, con la consiguiente pérdida de tiempo. En ese sentido, reclama una compensación económica.
En nombre de los grupos, José Sarrión, del Grupo Mixto, tacha de “preocupante” que la Junta no realice estudios postcampaña para conocer el impacto de los planes de concienciación, lo que impide conocer la “efectividad”.
El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la comisión, José Ignacio Delgado, pregunta por las diferencias existentes entre el medio rural y urbano a la hora de prestar la atención psicológica a las víctimas de violencia de género. Tanto él como Sarrión apoyaron la necesidad de adecuar los espacios públicos de los Ceas para garantizar la privacidad de las víctimas y que el psicólogo atienda a las mujeres desde el primer momento.
Laura Domínguez, del Grupo Parlamentario Podemos, plantea al vicedecano del Colegio de Psicólogos de Castilla y León si lo más importante era la denuncia, que es, precisamente, donde hacen hincapié las campaña de concienciación. La socialista María Josefa Díaz-Caneja lamenta el exceso de retórica del modelo 'Objetivo. Violencia Cero' y denunció que la Ley Integral no se cumple en el tema de la intervención inmediata y urgente.
La 'popular' Mar González recuerda las propuestas planteadas por la Consejería de Familia, en el marco del futuro Pacto de Estado contra la Violencia de Género, sobre las medidas de acompañamiento a las víctimas.
Sin reglamento de la ley
La segunda interviniente en la comisión no permanente de las Cortes fue la vicepresidenta del Consejo regional de Colegios Profesionales de Trabajo Social, María José Salvador, quien echó en falta que la Ley contra la Violencia de Género en Castilla y León no cuente, tras seis años de su aprobación, con el desarrollo del reglamento y así aglutinar todos los aspectos de la norma. En todo caso, reconoció que la Junta ha sacado adelante normativas como el catálogo de prestaciones básicas o la creación del Observatorio de Género.
La portavoz de los trabajadores sociales instó a la Consejería a aprovechar la próxima regulación de los centros de emergencia y las casas de asistencia para desarrollar el reglamento. Valoró la colaboración existente entre Junta y corporaciones locales a la hora de diseñar los protocolos y elaborar guías de coordinación para la atención a las víctimas, de orientación jurídica, de atención psicológica y otros manuales de interés.
También destacó el trabajo del coordinador de caso, implantado en los Ceas y ejercido por un trabajador social que es uno de los profesionales encargado de la detección precoz. En la actualidad, la Comunidad cuenta con unos 700 profesionales en la materia, de los que 600 han recibido cursos sobre violencia de género, aunque abogó por “profundizar” en la formación y en la especialización.
Salvador recordó, en primer lugar, que la violencia de género, en todas sus formas, es diferente a otro tipo de violencia. También que “en ningún caso” se puede considerar a la mujer como una “colaboración voluntaria” y la necesidad de “validar” siempre la decisión de la víctima. “Confiando en ella es, tal vez, la única manera de que ella confíe en sí misma”, precisó.
Aseguró que “lo más importante” es la prevención, sobre todo en la educación donde está “el talón de Aquiles”, por lo que es necesario mejorar las campañas de sensibilización y destinarlas a la población diana para superar los “condicionantes” culturales específicos.
Denuncia prematura
La vicepresidenta del Consejo de Colegios de Trabajo Social incidió en la idea de que la denuncia no es importante para su colectivo, al considerarla que no es algo urgente, y puso el acento en la protección. “No se debe presionar a la víctima”, señaló. María José Salvador recordó que una denuncia prematura puede llevar a que esté mal elaborada y provocar, a la postre, su retirada y que el agresor salga reforzado. “Cualquier persona debe madurar lo que ha sufrido y contar con el asesoramiento profesional”, subrayó.