Todos los grupos se unen contra De la Serna y urgen al ministro agilidad en las obras de la A-11 y la A-60

Frente común en defensa de las infraestructuras. Todos los grupos de las Cortes plantaron cara ayer a la decisión del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, de demorar las obras prioritarias para la Comunidad.

Lo hicieron a modo de resolución durante la segunda jornada del debate del Estado de la Comunidad. Fue una iniciativa de Ciudadanos que contó con el respaldo del PP y del resto de grupos parlamentarios.

«Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de España desarrollar todas las medidas necesarias para impulsar decididamente el Corredor Atlántico, así como la reapertura de la línea ferroviaria del tren Madrid-Aranda-Burgos (reapertura del túnel de Somosierra) para mercancías, votal para unir el corredor Atlántico con el corredor Mediterráneo logístico en España».

Además, la resolución firmada por Luis Fuentes reclama a la Junta que exija al Gobierno agilidad en «los trabajos de ejecución de obras estratégicas como la autovía León-Valladolid o la Autovía del Duero». Y en cuarto lugar las Cortes insta a la Junta a que solicite al Ejecutivo de Mariano Rajoy «las medidas necesarias para reactivar la conexión ferroviaria «ruta de la Plata».

EL MUNDO desveló hace una semana nuevos retrasos en la autovía del Duero (A-11), y la León-Valladolid (A-60). También denunciaba que el Ministerio echaba al cajón del olvido la alta velocidad a Burgos y ralentizaba aún más la de León.

Estas demoras suponen deoír las reivindicaciones históricas de la Comunidad y del propio PP. Un día después de que este medio desvelara las nuevas intenciones de Fomento, políticos de todos los colores y agentes sociales criticaron el desprecio del ministro hacia la Comunidad. El propio presidente del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco, anunciaba su intención de reunirse con Íñigo dela Serna.

De la Serna recibió ayer en el Parlamento la respuesta a sus planes. Ahora será la Junta la que exija al ministro un giro en sus posiciones. Además, la Junta deberá promover con las comunidades autónomas limítrofes una iniciativa ante el Gobierno para elevar a la Comisión Europea «la extensión del Corredor Atlántico a los puertos españoles de norte y noroeste (Santander, Gijón y Coruña). Ésta fue una de las resoluciones del PP aprobadas ayer en la última jornada del Pleno sobre el estado de la Comunidad.

Las Cortes aprobaron ayer 64 resoluciones, las 30 del PP más otras 34 del resto de grupos. Ciudadanos fue el mejor tratado por los populares. Fuentes vio aprobadas 20 de sus 30 iniciativas. Tampoco le fue mal a Podemos, que logró colar seis; Izquierda Unida, cinco, la UPL dos y el PSOE sólo una referida al plan de reindustrialización y con cambios.

Más generosos fueron todos los grupos con el PP. El PSOE les aceptó todas menos dos (la de Semana Santa, ver página siguiente, y la referida a las unidades satélite de radioterapia porque contradice la suya propia de dotar de «inmediato» Ávila, Segovia, Palencia, Soria y El Bierzo de aceleradores lineales para enfermos de cáncer). Podemos aprobó 20 a los populares;Ciudadanos 27; Izquierda Unida 20 y UPL, 18.

El PP asumió ayer el mensaje de Herrera de «tender puentes» y no aplicó el tradicional rodillo. Frente a las 27 de la posición aprobadas en 2016, ayer dominó la generosidad y fueron 34. El PP aceptó pedir a la Junta, a instancias de Ciudadanos, «medidas reales y eficaz de lucha contra la despoblación», que creen empleo en el medio rural y sean «garantía de mantenimiento de los servicios públicos de calidad».

Sin embargo, los populares tumbaron al menos ocho resoluciones contras los desequilibrios provinciales. Se opusieron a aprobar planes de empleo y sectoriales territorializados en zonas con mayor declive. Tampoco asumieron la petición socialista de presentar un plan de convergencia interior «para corregir desequilibrios» ni un mapa de prioridad demográfica. Tampoco un plan de convergencia turística, como pedía Tudanca.

El grupo de Fuentes sí lograba que la Junta evalúe a partir de ahora la eficacia y la incidencia de los planes de empleo. El tiempo dirá cómo se ejecuten las resoluciones aprobadas.